De acuerdo con los registros de la ONU-DH, sólo en uno de los casos se emitió una sentencia condenatoria en contra de los agresores. Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México de la organización, denunció que «esta impunidad agrava la discriminación estructural que viven los pueblos indígenas y las dificultades que encuentran en el acceso a la justicia».
«Una investigación efectiva y de acuerdo con los estándares de debida diligencia, que logre que las personas responsables rindan cuentas ante la justicia, es el más claro mensaje de que estos terribles actos no serán tolerados”, señaló Peña Palacios el pasado 9 de agosto, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
Añadió que los líderes indígenas de los pueblos y comunidades «están más expuestas a represalias o acciones violentas debido a su visibilidad por la defensa de su territorio y modo de vida», así como que su asesinato o desaparición «tiene un efecto amedrentador» sobre toda su comunidad, «que inhibe y dificulta el ejercicio de sus derechos humanos».
La ONU-DH reconoció «el valioso legado de las personas indígenas que han sido asesinadas o desaparecidas por ser defensoras de sus derechos, pueblos y comunidades», y urgió a las autoridades de los tres niveles de gobierno garantizar un ambiente seguro para el ejercicio de sus derechos, desde un enfoque preventivo y que garantice la no repetición de actos violatorios.
Las cifras de asesinatos de defensores indígenas en México podrían ser mayores. De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), el gobierno mexicano en sus diferentes niveles fue el «primer responsable» de las 582 agresiones que tan sólo en 2022 se cometieron contra defensores de la tierra y los derechos humanos ambientales en el país. Ese año, del total de agresiones, 24 fueron asesinatos de defensores de la tierra y el territorio. A ello se suma que 54 por ciento de los ataques se cometieron contra integrantes de comunidades indígenas que defendían su territorio de proyectos extractivistas, especialmente del sector minero.
COMUNICADO:
En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) reconoce y mantiene presente el valioso legado de las personas indígenas que han sido asesinadas o desaparecidas por ser defensoras de sus derechos, pueblos y comunidades, y llama a las autoridades de los tres niveles de gobierno a redoblar sus esfuerzos para crear un ambiente seguro para el ejercicio de sus derechos, desde un enfoque preventivo y que garantice la no repetición de actos violatorios en contra de personas defensoras.
A 75 años de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un acontecimiento histórico en el reconocimiento de la igualdad y la no discriminación de todas las personas, persisten retos importantes para que la plena vigencia de los derechos de los pueblos indígenas sea una realidad.
“En México, adicionalmente a los desafíos estructurales que han afectado a los pueblos indígenas generando importantes brechas de desigualdad, marginación y acceso a sus derechos, también enfrentan violencia por parte de diferentes actores, incluidos grupos del crimen organizado, quienes disputan el control de su territorio. En particular, las personas líderes de estos pueblos están más expuestas a represalias o acciones violentas debido a su visibilidad por la defensa de su territorio y modo de vida. Su asesinato o desaparición tiene un efecto amedrentador sobre todo el pueblo indígena, que inhibe y dificulta el ejercicio de sus derechos humanos”, señaló Jesus Peña Palacios, Representante Adjunto en México de la ONU-DH.
Desde 2019, la ONU-DH ha registrado al menos 46 casos de personas defensoras indígenas (43 hombres y 3 mujeres) que fueron asesinadas o desaparecidas con un posible vínculo con su labor de defensa, lo que constituye casi el 30% de todos los casos de personas defensoras de derechos humanos asesinadas o desaparecidas que ha conocido la ONU-DH México en dicho periodo. Actualmente ocho de las víctimas continúan desaparecidas.
En 32 de los 46 casos, las personas defensoras indígenas realizaban actividades en la temática ambiental y en 33 casos habían sufrido incidentes previos de seguridad, que fueron denunciados en 10 casos. Respecto de la distribución geográfica, los estados con mayor recurrencia de casos registrados fueron Oaxaca con 20 casos, Chihuahua con 5, Guerrero con 4, Michoacán con 4 y Chiapas con 3.
El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha avanzado en la adopción de medidas de protección en casos de personas defensoras indígenas. Asimismo, en los últimos años el Estado mexicano ha comenzado la definición de planes de justicia para poder atender el contexto que viven los pueblos indígenas. No obstante, las cifras registradas de homicidios y desapariciones de personas indígenas son un llamado a redoblar los esfuerzos para adoptar las medidas que les garanticen un entorno seguro y propicio y eviten los actos de estigmatización, deslegitimación, criminalización y violencia en su contra, sobre todo en el contexto del diseño e implementación de proyectos de desarrollo.
México fue uno de los países promotores de la adopción del Acuerdo de Escazú. La plena implementación de las obligaciones contenidas en dicho Acuerdo, particularmente en lo que respecta a los derechos de acceso en asuntos ambientales, reforzará la protección de las personas defensoras indígenas de derechos humanos.
De los 46 casos conocidos por ONU-DH, solamente en uno se ha emitido una sentencia condenatoria en contra de las personas agresoras. “Esta impunidad agrava la discriminación estructural que viven los pueblos indígenas y las dificultades que encuentran en el acceso a la justicia. Una investigación efectiva y de acuerdo con los estándares de debida diligencia, que logre que las personas responsables rindan cuentas ante la justicia, es el más claro mensaje de que estos terribles actos no serán tolerados”, añadió Peña Palacios.
La investigación de los asesinatos y desapariciones debe comprender todas las posibles líneas de investigación, incluida la posible vinculación de los crímenes con las actividades de defensa de derechos humanos que realizaban las víctimas, así como la incorporación efectiva de la perspectiva de género e interculturalidad. La ONU-DH confía que las acciones llevadas a cabo hasta la fecha por las autoridades competentes permitan un pronto esclarecimiento de los hechos y la sanción a los presuntos responsables.
Finalmente, la ONU-DH expresa su profunda solidaridad con las familias de las personas que continúan desaparecidas y sus más sentidas condolencias a familiares y amistades de las personas asesinadas.
AUTOR: REDACCIÓN.
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