Fuentes consultadas por A dónde van los desaparecidos aseguraron que la petición de renuncia a Quintana Osuana, así como a sus directores generales, fue solicitada por autoridades “más arriba de la Segob [la Secretaría de Gobernación]”.
Al momento de su salida de la institución, en el portal de la CNB se publicaron extractos de la base de datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) que, durante todo el sexenio, la comisión se negó a hacer públicas y que ahora podían ser descargadas y consultadas de manera libre. La base completa cuenta con 292,525 casos de desaparición, de los que 111,045 personas continúan sin ser localizadas, 168,256 fueron encontradas con vida y 13,224 se determinó que habían fallecido.
“Es demasiado tarde, debía de haber renunciado hace mucho. ¿Cómo una funcionaria pone su renuncia en una cuenta de Twitter y ni la Segob ni Alejandro Encinas la han publicado? ¿Qué significa la renuncia ‘en el contexto actual’? Que quieren rasurar la base de datos y que, supongo, ella se negó”, señaló el especialista Jacobo Dayán, quien ha seguido de cerca la realización del censo del presidente López Obrador.
Criticó también que el RNPDNO sigue incompleto, no incluye cuántas personas desaparecidas fueron encontradas vivas o muertas. “El resto de la ecuación también falla: el censo de fosas clandestinas y comunes, de cuerpos y la base genética que supuestamente tiene la Fiscalía General de la República, no es público”, señaló.
De acuerdo con una fuente consultada, el conflicto al interior del gabinete comenzó cuando se publicó que en el sexenio actual se superó el récord de desapariciones de las administraciones anteriores y que, en promedio, cada hora desaparecía una persona. Ante este panorama, la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, impulsó que se realizara una revisión de los casos de desaparición que, el pasado 9 de junio, el presidente anunció como un “censo”.
Los métodos con los que se comenzó a verificar si había personas desaparecidas que estaban vivas y habían vuelto a sus hogares fueron considerados revictimizantes por los colectivos de familias buscadoras, como informó este medio.
La comisionada Quintana habría estado en contra de los procedimientos para realizar el denominado censo y, en consecuencia, fue marginada del proceso. El alejamiento también fue con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien había sido su aliado.
En su edición de agosto, la revista Proceso publicó que el presidente manifestó en una reunión ante los 22 gobernadores de Morena y otros aliados su falta de confianza en Quintana. Esto ocurrió el 23 de mayo, dos semanas antes del anuncio del censo para depurar la cifra de personas desaparecidas.
“La comisionada quería que no se rasurara [el censo] si no se presentaban pruebas de vida o muerte de que las personas habían aparecido, y que el aval de eso fueran las fiscalías”, confió una de las fuentes consultadas para esta nota.
Desde el 19 de julio de este año, A dónde van los desaparecidos publicó que funcionarios de la CNB, comisiones estatales de búsqueda y servidores de la nación visitaron domicilios de familias de personas desaparecidas en, al menos, cinco estados para preguntar por su pariente, alegando que aparecía en las listas de vacunación por covid-19, sin proporcionarles más información.
En algunos casos, los funcionarios iban acompañados por personal de la Guardia Nacional e incluso pidieron inspeccionar algunos hogares para cerciorarse de que los familiares decían la verdad. También se enviaron oficios, vía correo electrónico, con la misma información: el pariente desaparecido se había vacunado, pero no se contaba con más datos. Esto alimentó la esperanza de familiares en búsqueda de que sus seres queridos estaban vivos. Cuando pidieron detalles, no se les proporcionó.
Ante el escándalo, López Obrador reconoció en su conferencia mañanera que se llevaba a cabo un programa de búsqueda “casa por casa”. La CNB nunca aclaró la metodología y los protocolos con los cuales se llevaban a cabo esas visitas, tampoco respondió a las críticas.
Este medio publicó que las comisiones de búsqueda de Hidalgo, Coahuila y Durango afirmaron que el programa de visitas a los domicilios permitió encontrar un alto número de personas registradas como desaparecidas, cuyo nombre surgió a partir de distintos cruces de padrones sociales con el RNPDNO, las cuales no habrían sido dadas de baja del padrón.
En Coahuila, por ejemplo, de una lista de 80 personas, presuntamente encontraron entre 60 y 70; esto desató las críticas de los colectivos de familiares.
El legado de Quintana
Quintana Osuna fue secretaria de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), también fungió como directora general de la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Inició su gestión al frente de la CNB en febrero de 2019, con el respaldo de López Obrador y el subsecretario Encinas. Se decía que era cercana a la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, exministra de la SCJN.
En 2021, Quintana se postuló para ocupar el cargo de secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que le valió críticas de las familias de las víctimas de desaparición.
Entre las acciones que destacan durante sus más de cuatro años en el cargo está la denuncia que puso contra su antecesor, Roberto Cabrera, por entregar la base de datos genética de familiares de personas desaparecidas a un laboratorio privado; sus visitas de campo a fosas y centros de exterminio; la creación de una base de datos de fosas comunes; el apoyo a entidades federativas para la creación de infraestructura forense, el cruce masivo de información para dar con indicios de posibles localizaciones y la creación de un Centro Nacional de Identificación Humana.
Sin embargo, su labor también se vio eclipsada por el retraso de más de cuatro años para la elaboración del Programa Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, su negativa para publicar la base de datos del RNPDNO —a pesar de un fallo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inai)—, señalamientos de injerencia en el trabajo del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) y la incapacidad para lograr coordinarse con la Fiscalía General de la República (FGR).
“Es un sistema quebrado, mientras que tenga que articularse la FGR con la CNB. Ella tenía que haber renunciado antes, desde que el INAI le ordenó publicar la base. ¿Por qué no te vas si el presidente dice que no te tiene confianza, y si respalda al fiscal y manda a servidores de la nación a hacer el censo [de desapariciones] o si los militares no te dejan entrar cuando revisan las bases militares? Cuando pasa eso te tienes que ir”, señaló Dayán en entrevista.
La funcionaria renunció en medio de la conmoción nacional por la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno el pasado 11 de agosto, y la publicación de un video en el que se les ve privados de su libertad.
Organizaciones civiles, activistas y periodistas lamentaron su renuncia en redes sociales. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro) advirtió que su salida podría “revertir avances o incluso para manipular el registro [nacional] de personas desaparecidas con el fin de presentar un descenso ficticio en tiempos electorales”.
Para esta nota se pidió una entrevista con la exfuncionaria, pero no fue concedida.
Esta mañana, en su conferencia, López Obrador, al abordar el tema dijo que desconocía las razones que tendría la excomisionada para renunciar, pero mencionó que “yo creo [que Quintana] cerró un ciclo, somos libres“. Mencionó que corresponde a la actual titular de Segob, Luisa María Alcalde, nombrar su relevo.
FUENTE: A DÓNDE VAN LOS DESAPARECIDOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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