El Gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador -a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) y la SEP-, presentó un total cuatro recursos de reclamación contra los acuerdos dictados por Aguilar Morales. Dos de ellos cuestionan la admisión a trámite de la controversia, alegando que debió ser desechada por improcedente, mientras que otros dos impugnaban la suspensión.
El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo quedó a cargo de elaborar los proyectos de las reclamaciones contra la suspensión, mientras que su homólogo Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, para los recursos contra la admisión, ello aunque Aguilar Morales no forma parte de la Primera Sala de la SCJN.
“Se concede la suspensión solicitada por el Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, para los efectos precisados en este proveído. La medida suspensional surtirá efectos sin necesidad de otorgar garantía y sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse por algún hecho superveniente”, indicaba el acuerdo del ministro Aguilar Morales, publicado el 11 de agosto de 2023.
“Se tiene por presentada a la promovente con la personalidad que ostenta y se admite a trámite la demanda que hace valer, sin perjuicio de los motivos de improcedencia que puedan advertirse al momento de dictar sentencia”, señalaba el acuerdo de Aguilar Morales, publicado en la Lista de Notificaciones de la SCJN.
El ministro del máximo tribunal constitucional solicitaría informes a las autoridades educativas federales, para elaborar un proyecto de sentencia, mismo que será sometido a consideración en el Pleno del máximo tribunal constitucional del país.
Dicha controversia constitucional, presentada el pasado viernes por Yadira Anette Gramer Quiñonez, titular de la Consejería Jurídica del Estado de Chihuahua, fue la primera que admitió la SCJN, derivada de la distribución de los libros de texto gratuitos.
El Gobierno estatal señaló como autoridades responsables de dichas violaciones a la SEP Federal, incluyendo a la Subsecretaría de Educación Básica, así como a la Dirección General de Materiales Educativos, de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG).
También a la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, así como la Dirección General de Formación Continua a Docentes y Directivos, y, la Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial.
Chihuahua fue la primera entidad federativa que impugnó ante la SCJN los contenidos y la difusión de los libros de texto gratuitos. La SCJN también tenía pendiente resolver si atraía o no la revisión de la suspensión definitiva concedida a la Unión Nacional de Padres de Familia, en la cual una juez instruyó someter los materiales educativos a consultas.
El 10 de agosto de 2023, Madhay Soto Morales, titular del Juzgado Décimo de Distrito de Chihuahua, también suspendió temporalmente la distribución de los libros de texto gratuitos en dicha entidad, en un amparo presentado por la Clínica de Derechos Humanos A.C., representada por Eduardo Rivas Martínez.
López Obrador dijo, el 14 de agosto de 2023, que acataría la resolución de Aguilar Morales. No obstante, durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, el político tabasqueño señaló que el ministro era deshonesto y la gobernadora de Chihuahua y militante del Partido Acción Nacional (PAN), María Eugenia Campos Galván, era conservadora, irresponsable y politiquera.
“Acaba de dar a conocer un ministro de la Corte que no se pueden distribuir los libros de texto en Chihuahua. Estamos ante un caso especial de una gobernadora muy reaccionaria, conservadora, irresponsable y politiquera que presenta una controversia para que no se entreguen los libros a los niños, a los estudiantes de Chihuahua, y un ministro deshonesto ordena que no se distribuyan los libros, buscando dejar sin libros de texto a los niños y estudiantes de Chihuahua”, declaró el mandatario nacional.
“¿Qué vamos a hacer? Respetar esa decisión, aún cuando es facultad del Poder Ejecutivo Federal la elaboración y distribución de los libros de texto, es un mandato constitucional, pero vamos a detener la distribución de los libros de texto en Chihuahua”, anunció López Obrador.
“Estoy llamando a que los ciudadanos piensen que hace falta seguir avanzando en la transformación del país y que hace falta una renovación del Poder Judicial, que lo mejor es que jueces, magistrados y ministros sean electos por el pueblo, no la cúpula del poder económico y del poder político, por los partidos”, declaró el político tabasqueño.
“Que así como se elige al presidente, a los diputados, los senadores, se elija a los jueces, magistrados y ministros, eso va requerir de una reforma constitucional, se requiere de mayoría calificada […], dos terceras partes de los votos, quién va decidir esto, el pueblo, porque va haber elecciones, y no es nada más votar por los candidatos o los partidos, es fundamentalmente votar por el proyecto de nación”, agregó el titular del Poder Ejecutivo Federal.
Al manifestar que “todo es politiquería”, el presidente aseguró que la campaña en contra de los nuevos libros de textos de la SEP por parte de la oposición, era debido a que se aproximaban las elecciones de 2024 y “ya están queriendo manipular” a la población mexicana.
El 18 de agosto de 2023, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) impugnó la resolución de Aguilar Morales. A través de un comunicado, pidió al Pleno de la SCJN, “rescatar el derecho a la educación gratuita para la infancia” y calificó la resolución del ministro Aguilar Morales, como un atropello.
“Ante el atropello del ministro Aguilar y la gobernadora de Chihuahua, la SCJN debe rescatar el derecho a la educación gratuita para la infancia. De no ser revocada, la decisión del ministro Aguilar Morales causará daño irreversible a cientos de miles de estudiantes de Chihuahua al impedir que se distribuyan los libros de texto gratuitos”, lamentó la Presidencia de la República.
“Hoy, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) presentó una impugnación contra la resolución del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, quien ordenó suspender indefinidamente la entrega de libros de texto a estudiantes de nivel básico en todo el estado de Chihuahua. Esta medida se considera una violación de los derechos fundamentales establecidos en los artículos 1°, 3° y 4° de la Constitución”, informó la Presidencia de la República, a través de un comunicado.
El Gobierno Federal argumentó que la solicitud de la gobernadora de Chihuahua y militante del PAN, María Eugenia Campos Galván, quien presentó una controversia constitucional en contra de la distribución de libros de texto gratuitos, para el ciclo 2023-2024, carecía de fundamento.
“Aguilar Morales debería haber rechazado la medida cautelar, dado que el propio gobierno de Chihuahua admite que las autoridades educativas locales ya tienen en su posesión los libros de texto y, por lo tanto, deberían distribuirse”, añadió la Presidencia de la República.
Asimismo, la CJEF afirmó que resultaba lamentable que un ministro actuara en contra de los derechos fundamentales de los niños, consagrados en la Constitución, los cuales garantizaban la educación y el interés superior de los menores de edad.
Además, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal aseguró que, con su resolución, el ministro impedía a los estudiantes acceder a los materiales educativos necesarios para su formación académica, hasta que, según estimaron, la SCJN dictara la sentencia correspondiente, en un plazo de uno o dos años.
“Debido a la grave vulneración de los derechos fundamentales de los estudiantes de educación básica en el estado de Chihuahua, la CJEF ha solicitado que los 11 ministros que componen el pleno de la SCJN asuman la responsabilidad de ordenar la distribución inmediata de los libros de texto, garantizando así el derecho a la educación de los niños en la entidad”, apuntó la Presidencia de la República.
Asimismo, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal señaló que los padres, madres de familia y tutores afectados también tenían la responsabilidad de defender el derecho a la educación de sus hijos ante las autoridades competentes, para asegurar la entrega oportuna de los libros de texto gratuitos.
AUTOR: CARLOS ÁLVVAREZ ACEVEDO.
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