Esto implica que, por ejemplo, para el caso de quienes tienen más de 65 años de edad –población para la que menos establecimientos existen—, en Veracruz hay solo una instalación para cada 13 mil 279 personas. Se trata del mayor grado de carencia a nivel nacional para cualquiera de las tres poblaciones.
De acuerdo con el Mapa de Cuidados de México –una iniciativa del Colegio de México, ONU Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres—, en general, considerando todas las entidades, en nuestro país existe solo un establecimiento proveedor de servicios de cuidado por cada mil 363 personas con discapacidad y uno para cada 7 mil 872 personas mayores, mientras que el 92.2% está destinado a las infancias. Sin embargo, en algunos estados y municipios en particular la situación se agrava para cada grupo.
En el caso de las personas mayores, Veracruz, Tabasco y Oaxaca son las entidades que presentan una mayor tasa de demanda potencial, es decir, el resultado del número total de personas de más de 65 años entre el número de establecimientos dedicados a los cuidados de esa población en ese territorio. De esta manera, mientras que Veracruz cuenta con apenas uno para cada 13 mil 279; Tabasco tiene uno por cada 10 mil 700 y Oaxaca uno por cada 7 mil 800.
En Veracruz, el municipio que mayor carencia de servicios de cuidado registra para personas mayores es Papantla, que cuenta con un solo establecimiento para una población de 18 mil 97. Para las personas con discapacidad, que ascienden a 10 mil 819, el municipio solo tiene dos establecimientos, es decir, cada uno tendría que atender a más de 5 mil personas. Minatitlán es otro municipio en el que existe un solo establecimiento para un total de 16 mil 199 personas mayores. En tanto, en Xalapa habitan 48 mil 285 personas de más de 65 años, para las cuales hay solo cuatro establecimientos.
En el caso de Tabasco, que ocupa el segundo lugar con mayor déficit de servicios de cuidado para personas mayores a nivel estatal, los municipios con mayor tasa de demanda potencial son Macuspana y Huimanguillo. El primero cuenta con un solo establecimiento en todo el municipio para una población total de más de 65 años de edad de 11 mil 429, mientras que en el segundo viven 12 mil 728 personas mayores para las que existe igualmente solo un establecimiento. En tanto, en Oaxaca la carencia de estos servicios para personas mayores se evidencia de manera más uniforme en todos los municipios.
Por el contrario, cuando se trata de personas con discapacidad –para las que Oaxaca ocupa el primer lugar en déficit de servicios con un establecimiento por cada 2 mil 633 personas—, la alta tasa de demanda potencial sí es más notoria en algunos municipios: por ejemplo, en San Juan Bautista Tuxtepec hay un solo establecimiento para una población total de 11 mil 552; en Juchitán de Zaragoza existe uno solo para 5 mil 326, mientras que en Villa de Tututepec ocurre lo mismo para 4 mil 676 personas con discapacidad.
Para esta población, Veracruz ocupa el segundo lugar en déficit –un establecimiento por cada 2 mil 112—, donde San Andrés Tuxtla es el municipio con la tasa de demanda potencial más alta, pues cuenta con un solo establecimiento para las 9 mil 721 personas con discapacidad que habitan en total ahí, mientras que en Tierra Blanca y Cosoleacaque hay únicamente una instalación proveedora de servicios de cuidado para poco más de 6 mil personas con discapacidad que hay en cada uno. Los municipios de Guerrero y Chiapas, entidades que ocupan el tercer y cuarto lugar de mayor déficit con un establecimiento por cada mil 900 personas, individualmente están más cerca de la estadística general nacional.
En tanto, en el caso de las infancias –población a la que están destinados la mayoría de los servicios de cuidado que existen del país— los déficits más altos se registran en Chiapas, con un establecimiento por cada 494 niñas y niños; Tabasco, con uno para cada 444, y Querétaro, con uno por cada 377. A nivel municipal, las carencias más significativas en la primera entidad están en Chamula –tres establecimientos para una población infantil de 33 mil 719–, Tenejapa –uno por cada 5 mil 434—y Chalchihuitán –uno para cada 4 mil 145.
En Querétaro sobresalen Pinal de Amoles, donde solo hay tres establecimientos para una población infantil total de 7 mil 140, y Peñamiller, donde existen únicamente dos instalaciones para 4 mil 532 niñas y niños. Esto implica, en ambos casos, una tasa de demanda potencial de un establecimiento por cada 2 mil menores de edad aproximadamente.
Iniciativa sobre servicio de cuidados espera congelada en el Senado.
La carencia de servicios de cuidado para infancias, personas mayores y con discapacidad –acentuada en ciertas regiones y municipios del país— ocurre en un contexto en el que las mujeres (ENUT, 2019) dedican en promedio 39.7 horas al trabajo doméstico y de cuidados, casi una jornada laboral completa y más del doble que los hombres, ante la ausencia de un sistema nacional de cuidados cuya creación sigue pendiente en una iniciativa que permanece congelada en el Senado.
A punto de cumplir dos años, esta fue presentada en octubre de 2021 por la senadora Martha Lucía Micher, suscrita por legisladoras de otros cuatro grupos parlamentarios, y plantea que la concepción de una obligatoriedad y exclusividad de los trabajos domésticos y de cuidado para las mujeres, así como la devaluación de estas labores y su asociación con la feminidad, redunda en su invisibilización, lo que contribuye de manera negativa al agravamiento de las vulnerabilidades de mujeres y niñas.
Además, el documento recuerda que el 18 de noviembre de 2020, la Cámara de Diputados aprobó una reforma –que más tarde quedó pendiente— para elevar a rango constitucional el derecho al cuidado digno, y establecer la obligación del Estado de garantizar ese derecho y promover la corresponsabilidad en estas tareas. La iniciativa propone crear una Ley General del Sistema Nacional de Cuidados para la distribución de estos entre el Estado, el sector empresarial, la sociedad civil, las comunidades y las familias.
En ese sistema nacional, describe el texto, se podrán planificar y articular las políticas y acciones necesarias para contribuir a la corresponsabilidad en el trabajo de cuidados, para la eliminación de la actual división sexual del trabajo, la redistribución de la carga de trabajos que actualmente realizan las mujeres en los hogares y, al mismo tiempo, generar la oferta de servicios de cuidado para la población que así lo requiere.
De acuerdo con Belén Sanz Luque, representante de ONU Mujeres en México, el desarrollo de un sistema nacional de cuidados es gradual y requiere de varios pilares; uno de ellos es el normativo en materia de legislación. El organismo vio con mucho optimismo el inicio del proceso de reforma constitucional por parte de la Cámara de Diputados, aunque ahora se espera que progrese en el Senado. “Nos parece una reforma importantísima, que pondría a México a la vanguardia en términos de un derecho constitucional tan importante”, señaló.
Por otro lado, es necesario avanzar en el desarrollo de la legislación –la iniciativa de ley pendiente— que permita articular un sistema nacional de cuidados. Sanz Luque remarcó que es muy importante que se priorice ese trabajo legislativo para construir bases normativas para el desarrollo de un sistema que no dependa de voluntades temporales o políticas de distintos gobiernos, sino que se convierta en una política de Estado.
“En tercer lugar, necesitamos ver un mayor nivel de esfuerzo a nivel estatal, local y federal para esa articulación interinstitucional, porque no es lo mismo que existan servicios de cuidados a que exista un sistema de cuidados, y lo que hacen los países como México, interesados en avanzar en esto, es una articulación entre esta infraestructura existente, que permita un trabajo entre distintas instancias y dependencias, y eso es algo importantísimo, porque estamos hablando de un ecosistema que se habla entre sí y que permite ir avanzando hacia un sistema integrado”, explicó.
Agregó que igualmente es fundamental reconocer el trabajo de las cuidadoras, pues un sistema de cuidados no se centra solo en las personas que los requieren sino también en quienes los proveen. En ese aspecto, es necesario fomentar una mayor profesionalización, con perspectiva de género y derechos humanos, así como un enfoque de progresividad. Para ello, también hay que estimar la proyección de costo y de recuperación de inversión en un sistema nacional, lo que permitiría a las instituciones tener certeza de los beneficios.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MARCELA NOCHEBUENA.
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