“Con fundamento en el artículo 3 constitucional, la SEP y autoridades educativas del país acordaron que, en conveniencia y privilegiando el interés superior de niñas, niños y adolescentes, que los nuevos libros de texto estén en todas las escuelas del país el 28 de agosto”, informó la dependencia.
Las únicas autoridades estatales que no estuvieron en la reunión fueron las de Chihuahua, entidad que ha reiterado que no distribuirá los materiales en sus escuelas.
Leticia Ramírez, titular de la SEP, aseguró que el cambio a la Nueva Escuela Mexicana es legítimo y cuenta con la participación y trabajo del magisterio nacional en los procesos de consulta; las asambleas estatales; los consejos técnicos y los talleres.
“Los cuestionamientos y críticas a los nuevos libros de texto derivan del cambio profundo y la nueva perspectiva que representan para la educación de niñas, niños y adolescentes”, reiteró la titular de la SEP.
La distribución de los libros de texto se hace pese a una suspensión definitiva judicial que pidió frenarla hasta que se concluya el juicio de amparo promovido por la Unión Nacional de Padres de Familia.
Sobre ese tema, el titular de la Unidad de Actualización Normativa, Legalidad y Regulación de la SEP, Carlos Puga Bolio, reiteró que no existe ningún recurso legal que impida la distribución de los nuevos libros, pues ninguna entidad del país es parte de los juicios de amparo que se presentaron.
“Estos materiales únicamente competen a la SEP, a sus servidores públicos y a la Conaliteg”, dijo el funcionario.
La polémica de los libros de texto de la SEP
El conflicto por los nuevos libros de texto gratuitos y por el proceso por el que fueron elaborados está en camino a llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De acuerdo con abogados consultados por Animal Político, ese escenario se abre tanto por la suspensión definitiva otorgada por una jueza en favor de quienes cuestionaron la forma en que la SEP mandó a imprimir los libros —ignorando lo que marca la Ley General de Educación—, como por la reiterada negativa de las autoridades educativas a atender estas órdenes.
La SEP violó la Ley General de Educación porque mandó a imprimir los libros sin antes haber publicado los planes y programas de estudio, y tampoco realizó consultas con todos los sectores involucrados como organizaciones civiles y padres de familia.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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