Junto con el cese a la distribución de los nuevos Libros de Texto Gratuitos en Chihuahua, el mandato judicial también señala que, en caso de no acreeditarse los programas y planes de estudio, se deberán de reimprimir los libros del ciclo escolar anterior.
Esta medida cautelar es la primera concedida en el país. Los estados de Nuevo León y Jalisco también han expresado su intención de no distribuir los libros, pero no han recibido aún resoluciones judiciales de este tipo.
El legislador explicó en un video subido a sus redes sociales que, gracias a la resolución emitida por el Juez, existe un mandato judicial no sólo para frentar la distribución de los nuevos materiales en la entidad, sino también eventualmente para poder reimprimir los libros.
Gabriel Pacheco Reyes, Juez Cuarto de Distrito de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, ordenó la verificación de que se haya seguido el debido procedimiento legal para determinar los programas y planes de estudio, bases para la elaboración de los Libros de Texto.
“Nosotros demandamos ante el Poder Judicial la inobservancia de la Ley General de Educación en el proceso de elaboración de estos materiales, en donde se pasó por alto el procedimiento legal para la reforma de planes de estudio, programas educativos y libros de texto. Marx Arriaga encabezó un proyecto opaco, a espaldas de la ciudadanía, un proceso ilegal para querer consumar su intento de adoctrinamiento populista”, comentó Sánchez.
El Diputado de MC aseguró que en el estado están “venciendo” a los libros a los libros oficiales de la SEP, que se encuentran sumergidos en la polémica desde hace semanas debido a sus contenidos y el proceso para desarrollarlos.
El norte se defiende y desde #Chihuahua vencimos a los #librosdetexto populistas de @MarxArriaga.
— Françisco Şánchez Villegas (@FrankCongress) August 10, 2023
Logramos el mandato judicial que frena la distribución de los libros de la @SEP_mx y la facultad para reimprimir los materiales del ciclo anterior, así como cualquier material… pic.twitter.com/oOftlerWJk
“Si el Poder Judicial advierte que no se siguió el proceso legal, demanda que se impriman y entreguen los libros vigentes del año pasado, en tanto que no se reparen las violaciones al proceso indicadas en la Ley General de Educación”, agregó.
El día de ayer, la SEP defendió que hay transparencia en la elaboración de los Libros de Texto Gratuitos, a pesar de los errores que contienen, y que de acuerdo con las autoridades educativas, se corregirán con fe de erratas.
Durante la conferencia de prensa para analizar el material educativo, la titular de la Secretaría, Leticia Ramírez Amaya, insistió en que no existe impedimento legal para seguir distribuyéndolos para el inicio del ciclo escolar 2023-2024.
Luego de que la dependencia admitiera el martes, al menos 20 errores en los libros de texto, la Secretaria Ramírez Amaya aseguró serán corregidos en una “fe de erratas” como se realiza con todas las publicaciones.
“Los errores que se puedan encontrar podemos revisarlos, formular correcciones, y hacer una fe de erratas como se hace siempre en todas las publicaciones”, sostuvo la funcionaria.
Además, explicó que parte de la información de los libros había sido reservada por un proceso legal, pero que con la difusión de los libros de manera digital en la página de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), ahora los contenidos son públicos.
“Había un proceso jurídico, estaba reservada una información y no solamente sobre el proceso, sino sobre el contenido de los libros, pero que más transparencia que los libros ya publicados. Buscaremos la forma de cómo hacer transparente todas las personas que participaron, hacer quizás un micrositio donde puedan estar todos los documentos, las actas, tenemos actas de las gentes que participaron, tenemos firmas de las gentes que hicieron propuestas, podemos publicarlo”.
Por su parte, la Jueza Yadira Medina Alcántara determinó que la SEP aún no acredita que la impresión de los Libros de Texto Gratuitos se realizó conforme a los programas y planes aprobados.
Yadira Medina Alcántara, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, señaló que aunque la SEP presentó constancias para comprobar que había cumplido con la suspensión definitiva otorgada el pasado 26 de mayo, los documentos no demuestran que se cumplió con los requisitos establecidos en la Ley.
Dentro de los archivos judiciales se muestra que Victoria Guillén Álvarez, directora general de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), envió las pruebas solicitadas el pasado 28 de julio, cuando la Jueza dio un plazo de 24 horas para que demostraran que se había cumplido con el freno judicial.
La Jueza aseguró que las autoridades todavía “no acreditan que, de no haberse aprobado los programas de estudios en los términos indicados en la normatividad vigente, a fin de salvaguardar el derecho a la educación, implementaron los mecanismos necesarios para que la impresión de los Libros de Texto se realice conforme a los programas y planes que previamente hayan sido aprobados”
Medina Alcántara había fijado un plazo de tres días para que la SEP y la Conaliteg presentaran los comprobantes necesarios para la impresión de Libros de Texto, a fin de demostrar que se realizó una consulta y una revisión del material educativo con expertos en la materia, y padres y madres de familia.
AUTOR: REDACCIÓN.
No hay comentarios:
Publicar un comentario