Uno de los casos más destacados es el de Rogelio Franco Castán, quien fue secretario de Gobierno en la administración del panista Miguel Ángel Yunes Linares (2016-2018).
En 2021, Franco enfrentaba una denuncia por el delito de violencia familiar, ante lo cual se amparó. Sin embargo, el 13 de marzo de ese año policías ministeriales lo detuvieron y acusaron de ultrajes a la autoridad y contra las instituciones de seguridad pública, delitos cuyas penas fueron endurecidas a propuesta del gobierno de Cuitláhuac García.
Cuando Franco ya estaba detenido, la Fiscalía General de Justicia de Veracruz abrió otras carpetas de investigación en su contra por los delitos de peculado equiparado, extorsión, abuso de autoridad, contra la administración pública y sustracción de menores.
En marzo pasado, la defensa de Franco informó que, tras dos años de detención, había obtenido la libertad por los delitos de ultrajes a la autoridad, contra las instituciones de seguridad pública, peculado equiparado, extorsión, abuso de autoridad y contra la administración de justicia. Pero en diciembre de 2022, la fiscalía de Veracruz obtuvo dos prisiones preventivas más, por los delitos de violencia familiar, además de peculado equiparado y ejercicio indebido del servicio público.
El 19 de mayo pasado, los abogados de Franco informaron que habían obtenido otro amparo —el número 11— en contra de la prisión preventiva por violencia familiar. Sin embargo, una semana antes, el exfuncionario fue imputado por el delito de sustracción y retención de menores, lo que lo mantiene encarcelado.
En distintas ocasiones, el PRD ha acusado persecución política del gobierno de Cuitláhuac García contra Franco y otros de sus militantes.
El 28 de mayo pasado, en su XVIII Congreso Nacional Extraordinario, el PRD exigió la liberación inmediata del perredista, a quien describe como preso político, y acusó al gobernador y a su secretario de Gobierno, Eric Cisneros, de ser parte de un régimen represor.
Los intentos del PRD por liberar a Franco no le han funcionado. Aunque buscó registrarlo como diputado federal, el político no pudo asumir el nombramiento por estar vinculado a proceso. El PRD acusa al gobierno de Cuitláhuac García de violar los derechos de Franco debido a que se trata de un potencial candidato a la gubernatura de 2024.
“En el estado de Veracruz, estamos ante la presencia de un gobierno autoritario que utiliza los recursos y las instituciones del Estado para aplicar la justicia con fines políticos y encarcelar y perseguir a militantes de la oposición, y a quienes expresan críticas o cuestionan las erráticas decisiones del gobierno estatal”, acusó el PRD en el acuerdo de su Congreso Nacional.
Manuel Bernal, consejero perredista en Veracruz, dice que mantendrán la defensa política y jurídica de Franco y acusa a la Fiscalía General de Veracruz de torpedear la liberación de su compañero de partido cada que logran un amparo.
“Se está demostrando de manera fehaciente que no es responsable de ningún delito, porque así lo ha establecido la justicia federal en todos los resolutivos. Solamente quiero apuntar de manera invariable que la justicia federal en su argumentación en la que absuelve a Rogelio Franco manifiesta que los señalamientos ‘son inaceptables, irracionales, ilegales e incoherentes’. No obstante, la fiscalía interpone el recurso correspondiente para que se prolonguen los juicios y el encarcelamiento de Rogelio Franco”.
El dirigente del PRD en Veracruz, Sergio Cadena Martínez, acusa a Cuitláhuac García de perseguir a opositores y a la prensa y no aceptar críticas. En entrevista, asegura que existe un contubernio en Veracruz entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
“Rogelio Franco Castán ha ganado más o menos 12 amparos que ya lo tendrían en libertad; pero cada vez que ganó un amparo le inventan una situación diferente se lleva a remisión y eso se lleva meses. Rogelio ha sido un crítico de este gobierno inepto, ineficaz y corrupto, y eso lo tiene preso”, acusa.
Cadena Martínez menciona otros casos que califica de persecución política contra integrantes de su partido.
Uno de ellos es el de Gregorio Gómez, exalcalde de Tihuatlán preso desde abril de 2021. A él se le vinculó a proceso también por el delito de ultrajes a la autoridad, portación de arma ilegal y uso de vehículo con reporte de robo.
El dirigente perredista califica el caso como un “teatro burdo” para frenar un liderazgo político en el norte de la entidad.
“Todo mundo tiene amenazas de parte del gobierno del estado, porque así se las gasta Cuitláhuac García en el solapamiento que el presidente tiene sobre él”.
José Manuel del Río Virgen
Otro de los casos que han ocupado la atención nacional fue la detención en diciembre de 2021 de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado (Jucopo), quien permaneció medio año preso por su presunta responsabilidad en el homicidio de René Tovar, candidato a la alcaldía de Cazones Herrera, ocurrido dos días antes de los comicios del 6 de junio de 2021.
En marzo de 2022, luego de la presión de otros políticos como Ricardo Monreal o Dante Delgado (quienes han sido jefes de Del Río Virgen en diversas posiciones), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió 11 recomendaciones a la Fiscalía General de Veracruz por considerar que hubo una violación sistemática a los derechos humanos del político.
Finalmente, el Primer Tribunal Colegiado Penal de Veracruz ordenó su liberación y Del Río dejó el penal de Pacho Viejo el 18 de junio de 2022, tras 179 días preso. A su salida, el secretario técnico de la Jucopo acusó ser un “preso político” de Cuitláhuac García.
A poco más de un año desde que fue liberado, en entrevista para Animal Político, Del Río afirma que aún recibe intentos de amedrentamiento.
“Han intentado seguirme amedrentando todos los días, haciendo declaraciones, mandando mensajes, hablándole por teléfono a mi esposa, a mis hijos, diciéndoles qué me van a hacer”.
Recuerda que, pese a que el 9 de marzo de 2021 un juez de distrito le entregó el amparo y protección de la justicia federal, su expediente llegó a un Tribunal Colegiado dos meses después, hasta el 9 de mayo, lo que califica de “trampas” de la fiscalía.
“Son meses en los que uno está en total indefensión, recluido en la parte más fea del reclusorio, la más horrible. Todo el reclusorio es muy feo, pero cuando lo tienen a uno segregado porque está recomendado por el gobierno del estado (…) Imagínese cómo están jugando con la libertad de una persona absolutamente inocente a la que acusan solamente por cuestiones políticas, como otros casos de políticos que están ahí adentro porque les son incómodos al gobierno del estado”.
Del Río atribuye su detención a un intento de “descarrilar” las carreras políticas de Ricardo Monreal y Dante Delgado, con quienes mantiene una relación cercana.
“Hubo un impasse entre la relación del senador Monreal y el señor presidente, hubo dos años donde no hubo comunicación y tenía que intervenir el secretario de Gobernación. Pensaban que si lo descarrilaba no entraba a la contienda final y ahí está Ricardo Monreal peleando en su partido. En el caso de Dante, él fue una persona cercanísima al presidente López Obrador. Querían callarlo con las cartas que le manda al presidente cuando no está de acuerdo con alguna política pública y querían callarlo”.
El político describe las medidas exactas de la celda en la que estuvo encarcelado: 2.50 metros de largo por 1.80 de ancho. Relata que ahí leyó al pacifista sudafricano Desmond Tutu y escribió cartas a su hija, que próximamente publicará en un libro. La saña con la que lo trataron, dice, se refleja en que días después de que lo liberaron, la celda fue ocupada por Jorge Winckler, fiscal nombrado por el panista Miguel Ángel Yunes.
“Yo nunca le hice nada al gobernador ni al secretario general de Gobierno, menos a la fiscal. Siempre les traté con respeto. Me conocen desde hace mucho. Nunca los traté mal…”, insiste.
El funcionario acusa que se hizo un uso faccioso de la ley y se buscó a la fiscalía del estado y un juez de control a modo, y que no es el único caso, ya que el uso político de la justicia se está convirtiendo en un sello en la entidad.
“Ahora es el sello clásico en Veracruz. Se conoce como un estado represivo, como un estado autoritario, como un estado antidemocrático (…) La fiscalía del estado de Veracruz rinde cuentas a la Secretaría del Gobierno y al gobierno del estado”.
El 23 de diciembre de 2021, tras la detención de Del Río, el Senado creó una comisión especial sobre los abusos a los derechos humanos cometidos por el gobierno de Veracruz.
El gobernador Cuitláhuac García acusó a los legisladores de violar el Reglamento del Senado y la Ley Orgánica del Congreso al crear esa comisión sin la aprobación del pleno.
La comisión fue disuelta por desacuerdos al interior de la bancada de Morena. Sin embargo, en su mes de existencia, dicha comisión llegó a documentar 90 casos de presuntos abusos y violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno veracruzano, según informó Dante Delgado.
Del Río dice que enfocará sus esfuerzos en la liberación de personas inocentes en Veracruz. No descarta hacerlo desde la candidatura a la gubernatura de Veracruz.
La jueza Angélica Sánchez Hernández
El caso de la jueza Angélica Sánchez Hernández confrontó nuevamente al gobierno de Veracruz con el Poder Judicial, no solo en la entidad, sino a nivel nacional.
En agosto de 2022, Sánchez Hernández falló a favor de vincular a proceso a Itiel Palacios, ‘el Compa Playa’, acusado del homicidio de dos personas. Sin embargo, la defensa argumentó que la fiscalía de Veracruz usó pruebas recolectadas de forma inválida y pidió que el proceso se restituyera.
Entonces, la jueza resolvió liberar a Palacios, por lo que la fiscalía de Veracruz acusó a la jueza de delitos contra la fe pública y tráfico de influencias.
El 5 de junio, Sánchez Hernández fue detenida cuando se dirigía a una reunión en el Tribunal Superior de Justicia del Estado. De acuerdo con la acusación, policías la pararon y ella incluso disparó a los oficiales.
La jueza fue liberada dos días después; sin embargo, su defensa denunció que la mantuvieron incomunicada, que fue víctima de tortura psicológica y que la obligaron a disparar un arma.
Cuitláhuac García dijo que la jueza mantenía comunicación con los abogados del detenido y la acusó de darse a la fuga por no acudir a las audiencias donde la citaron.
Ingrid Gómez Sánchez, hija de Angélica Sánchez, acusó persecución política del gobernador.
La fiscalía sostuvo que inició una carpeta de investigación por denuncia interpuesta por el Poder Judicial local por hechos falsos y dando fe de otros que no le podían constar. “Se trataba de hechos que ocurrieron en un lugar diverso a aquel en el que se encontraba la citada juzgadora”, sostuvo la fiscalía en un pronunciamiento.
También afirmó que la jueza presionó e hizo “múltiples llamadas telefónicas y envíos de correos electrónicos al Cefereso de Coahuila”, para gestionar la liberación de una persona privada de la libertad.
Sánchez Hernández fue trasladada el 16 de junio al penal de Pacho Viejo, tras ser aprehendida en la Ciudad de México por delitos contra la fe pública y tráfico de influencias.
En una carta conjunta, una veintena de organizaciones advirtió que su detención era una violación institucional y ponía en riesgo el acceso a una justicia independiente.
En julio pasado, el Tribunal Colegiado en materia Penal en Boca del Río otorgó a la jueza una suspensión provisional de prisión preventiva, por lo que se encuentra bajo prisión domiciliaria.
Días antes de la primera detención de la jueza, el 20 de mayo, el gobernador Cuitláhuac García encabezó una protesta contra el Poder Judicial frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que los ministros invalidaron la primera parte del llamado “plan B” de la reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador.
Cuitláhuac García acusó a la Corte de invadir las competencias del Poder Legislativo y de renunciar a su imparcialidad.
Unos meses antes, el 28 de febrero, la Corte determinó que el artículo 331 del Código Penal de Veracruz, que normaba el delito de ultrajes a la autoridad, promovido por el gobernador y con el que se acumularon cientas de detenciones, es inconstitucional y violatorio de los derechos humanos.
El panista Tito Delfín
El 27 de noviembre de 2021, el exalcalde panista de Tierra Blanca, Tito Delfín, fue detenido en la carretera Álamo-Cazones, tras encabezar un mitin. Los cargos que enfrentó fueron abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y fraude durante su gobierno.
El 24 de septiembre de 2022, el panista obtuvo su libertad. Pocas horas después, fue reaprehendido acusado de delitos ambientales.
La detención ocurrió casi una década después de su administración. La orden de aprehensión estuvo basada en el proceso penal 394/2021, que inició el 26 de mayo de 2017.
Tito Delfín fue alcalde de Tierra Blanca en el periodo 2011-2013 y en su administración aprobó concesionar el servicio de recolección de limpia pública. Las empresas contratadas violaron las normas ambientales y contaminaron el predio que se usaba como tiradero a cielo abierto.
El 25 de abril pasado, la defensa del panista obtuvo un amparo en contra de la vinculación a proceso por delitos ambientales. La resolución del juez señala que se cometieron violaciones en el proceso penal, por lo que se tendrá que reponer la audiencia de vinculación.
La dirigencia nacional del PAN exigió la liberación de Tito Delfín Cano, quien aspiraba a dirigir a su partido en Veracruz. Marcos Aguilar, vocero de ese partido, acusó al gobierno de Cuitláhuac García de violentar los derechos de Delfín y argumentó que el delito ambiental del que se le acusa fue cometido cuando ya había terminado su gestión.
Delfín permanece en el penal de Pacho Viejo.
Una comisionada de transparencia
Otro caso de uso político de la justicia es el de la extitular del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), Yolli García, quien estuvo encarcelada por más de tres años, desde marzo de 2020, y permanece en prisión domiciliaria desde finales de julio de este año.
Detenida al día siguiente de terminar su gestión en el instituto, fue denunciada por presunto ejercicio indebido del servicio público en el nombramiento de dos funcionarios del instituto.
Como documentó Animal Político, la funcionaria fue encarcelada a pesar de que por su salud no existía riesgo de fuga y los delitos que enfrenta no ameritan prisión preventiva.
La fiscalía estatal justificó la prisión preventiva con el argumento de que la funcionaria cuenta con un pasaporte vigente y recursos económicos.
Su detención ocurrió poco después de que el IVAI emitió dos órdenes al gobierno de Cuitláhuac García para transparentar información, por lo que la familia y la defensa de la exfuncionaria atribuyen su detención a una venganza política del mandatario.
En este lapso que estuvo encarcelada, la excomisionada ha enfrentado algunos problemas de salud, por los que debió someterse a una cirugía a corazón abierto. Esta es una de las razones por las que se le cambió la medida cautelar a prisión domiciliaria, ya que requiere atención médica y descanso.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ANDRO AGUILAR.
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