El Presidente López Obrador, desde que inició su administración, ha presentado constantes informes sobre el desempeño de su Gobierno. Se dio uno a los 100 días de trabajo, al cumplir aniversarios de la elección en la que resultó ganador y también el primer día de diciembre. Pero es el del 1 de septiembre el que guarda otros significados por ser el día del informe oficial y porque durante varias décadas éste fue considerado “el día del Presidente”.
Esa lista de 100 compromisos está integrada por cuestiones económicas, políticas y hasta morales. Funcionó también como el manual del buen comportamiento para los funcionarios públicos de su equipo y marcó el fin de varios privilegios de la clase política, desde la activa hasta la que ya estaba en el retiro.
Sin embargo, a un año y un mes de que esta administración concluya, hay compromisos pendientes que avanzan con lentitud, contraponiéndose a la palabra presidencial que aseguró desde 2020, que 97 de los 100 compromisos ya estaban cumplidos.
Son 11 los que destacan de ese listado:
El del apoyo a los damnificados de los sismos; el que tiene que ver con el sistema de salud; Segalmex; la cancelación de los fideicomisos; la prohibición de la contratación de despachos y consultorías; la descentralización del Gobierno federal; la transición a energías verdes; el acceso a Internet en todo el país; la saturación del Aeropuerto Internacional; la amnistía para presos políticos y la verdad sobre el caso Ayotzinapa.
En algunos de ellos, el incumplimiento o el lento avance no solo ha recaído en el Gobierno federal sino también en otras áreas como las que tienen que ver con el Poder Judicial. Otras causas se deben a escándalos de corrupción y resistencias dentro de la propia administración.
Y aunque no está en la lista de los 100 compromisos, el problema de la inseguridad y violencia es un pendiente reconocido desde el Gobierno federal. De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en 2018 los homicidios dolosos —principal indicador que ha sido contemplado para medir la violencia— cerraron ese año en 33 mil 737 casos, una cifra que para 2019 ascendió un 2.91 por ciento al registrarse 34 mil 720 asesinatos. Los casos para 2020 —primer año de la pandemia— se redujeron 0.44 por ciento al reportarse 34 mil 564 asesinatos. En 2021 se dio otra reducción anual del 3.51 por ciento con 33 mil 349 casos y en 2022 nuevamente hubo otra reducción del 7.13 con 30 mil 969 asesinatos registrados.
Este 1 de septiembre empieza la cuenta regresiva para estas promesas.
AYOTZINAPA
La salida de Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) el pasado mes de julio dejó muchas interrogantes en el caso Ayotzinapa. Su mensaje final apuntó directamente al Ejército, ya que destacó que la documentación entregada por la Sedena y la Semar corrobora la existencia de más información sobre la detención y el traslado de los 43 estudiantes, la cual les ha sido negada, esto a pesar de que el Presidente y esas dependencias han asegurado lo contrario.
El grupo de expertos señaló que tras la apertura de archivos por mandato presidencial, se logró tener nuevos hallazgos sobre la actuación de agentes del Estado y recabar información sobre el posible destino de los jóvenes, sin embargo, apuntó que la información brindada por las Fuerzas Armadas “es parcial y corrobora la existencia de otras información sobre el momento de los hechos y fechas posteriores, en donde hay datos sobre detención y traslado de normalistas”, y que les ha sido negada a pesar de la insistencia y de la negativa de las instituciones.
El GIEI resaltó que, pese a las trabas, se consiguió la detención del exprocurador General de la República, dos generales, 20 miembros del Ejército, y más de un centenar de miembros del crimen organizado y funcionarios, pero que la investigación fiscal no sólo debe llevar a las detenciones, sino a nuevas informaciones para esclarecer el caso y las búsquedas.
Sin embargo, luego de estos comentarios, el Presidente en una conferencia de prensa se negó a que el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval respondiera si efectivamente se había negado la información. El Presidente, en consecuencia, desestimó lo dicho por el GIEI.
Así, este septiembre de 2023, se cumplen nueve años de la desaparición de los estudiantes normalistas. Aunque los informes ya sustentan que los jóvenes ya no están con vida, más allá de los detenidos los padres piden el esclarecimiento de los hechos y saber el paradero de sus hijos.
SEGALMEX
El compromiso 24 dice lo siguiente: “Se unirán Diconsa y Liconsa en una sola empresa para el abasto y la distribución de alimentos de consumo popular. Se llamará Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX). En los almacenes, tiendas y lecherías de esta nueva dependencia se distribuirá una canasta de alimentos básicos a precios bajos para combatir la desnutrición y el hambre del pueblo”.
Pero en palabras del Presidente, el caso Segalmex se convirtió en el “caso más escandaloso” de corrupción de toda su administración. La cifra del daño asciende a 9 mil 500 millones de pesos y hay en la Fiscalía General de la República (FGR) cerca de 100 denuncias contra la dependencia y 32 carpetas de investigación.
Aunque en distintas ocasiones el Presidente López Obrador aseguró que no habrá impunidad, aprovecha para dar su respaldo a Ignacio Ovalle, titular de Segalmex en el periodo investigado y también fiel amigo del Presidente.
Desde su perspectiva, el error de Ovalle fue confiar en “gente con malos antecedentes, a corruptos” que lo engañaron e hicieron “compras con empresarios corruptos pagando sobreprecios”.
Segalmex fue creado para “procurar que la población con menores ingresos obtenga alimentos de calidad nutricional a precios accesibles”. La sospecha de fraude data desde al menos el 2022, cuando la FGR informó que había obtenido órdenes de aprehensión en contra de 22 personas, entre los cuales se encuentran 12 funcionarios de la paraestatal, cuatro personas vinculadas con las empresas que estarían coludidas y seis beneficiarios de los recursos públicos desviados.
LA DESCENTRALIZACIÓN
Al inicio de su administración, el Presidente presentó un mapa en donde se podía ver una oficina de Gobierno en cada entidad de la República. En este corte de caja se tienen solo algunas señales de cambios menores en ciertas dependencias.
El compromiso 54 señala lo siguiente: “Se descentralizará el Gobierno Federal y las secretarías van a estar ubicadas en distintos estados de la república, porque todo el país es México. Este proceso se llevará a cabo de manera voluntaria, sin afectar a los trabajadores al servicio del Estado; por el contrario, tendrán oportunidades para la adquisición de viviendas, educación para sus hijos, atención médica y seguridad social”.
En 2020 lo marcó como “En proceso” porque Segalmex y CONAPESCA habían sido reubicadas a Zacatecas y Mazatlán, respectivamente. También de la Secretaría de Cultura que se trasladaría a Tlaxcala y la Secretaría de Salud a Acapulco hubo algunos comentarios de avances pero ninguna confirmación de que ya estuvieran en funciones.
LAS CONSULTORÍAS
En abril de 2022, SinEmbargo publicó que con sueldos de hasta 73 mil pesos mensuales, el Gobierno federal tiene contratados a consultores en las áreas medulares como la Consejería Jurídica de la Presidencia, que contó en 2021 con 104 consultores jurídicos y de apoyo, de acuerdo con el Directorio ubicado en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Estas contrataciones se contraponen al contenido en el compromiso 53 que contempla lo siguiente: “No se autorizará la contratación de despachos para elaborar proyectos de ley, planes de desarrollo o cualquier tipo de análisis, recomendaciones, informes y otros documentos que puedan elaborarse con el trabajo y la capacidad profesional de los servidores públicos”.
LAS ENERGÍAS VERDES
Sobre el compromiso 73 que sostiene: “Impulsaremos el desarrollo de fuentes de energía alternativas renovables, como la eólica, la solar, la geotérmica y la mareomotriz” el Presidente sostuvo que estaba “en proceso”, sin embargo, en los hechos, los esfuerzos tanto políticos como económicos, se concentraron en la reactivación de las refinerías y la puesta en marcha de Dos Bocas.
INTERNET PARA TODOS
Si bien hubo reportes de avances en las localidades conectadas y se presentó el plan Internet Para Todos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en marzo de 2023, la cobertura universal de Internet no se ha alcanzado.
El compromiso 77 indica que “Habrá cobertura universal en telecomunicaciones y se conectará al país con internet utilizando la infraestructura y las líneas de la Comisión Federal de Electricidad. Este servicio será gratuito en carreteras, plazas, escuelas, hospitales e instalaciones públicas”.
De acuerdo con el reporte oficial, hay 26 mil 789 localidades conectadas y se proporciona el servicio de Internet en 712 puntos prioritarios, que incluyen centros de salud, unidades médicas rurales y centros escolares.
SATURACIÓN EN EL AEROPUERTO
Aún con la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la saturación de vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) no ha disminuido ni se ha mejorado la condición de éste.
La promesa 78 fue que en tres años quedaría solucionado en definitiva el problema de la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México, “para entonces ya estarán funcionando las vialidades, dos pistas nuevas y la terminal de pasajeros en la base aérea de Santa Lucía, con lo cual se salvará el Lago de Texcoco y nos habremos ahorrado 100 mil millones de pesos”.
La mañana del jueves 31 de agosto, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los puntos para limitar en definitiva la actividad del AICM. El Presidente explicó que la saturación era del 150 por ciento y con la medida espera que disminuyan las resistencias para que más actividades migren al AIFA.
AMINISTÍA A PRESOS
Los números más recientes de la Secretaría de Seguridad sostienen que gracias al Programa de Libertades Anticipadas y Amnistías han salido de prisión cinco mil 309 personas.
Sin embargo, hay casos en los que hay disposición del Poder Ejecutivo pero los topes han venido por parte de jueces. El propio Presidente se ha quejado de la burocracia y los requisitos que se interponen en algunos casos, como por ejemplo, el de Israel Vallarta.
FIDEICOMISOS
Otro compromiso que también tiene relación con el Poder Judicial es el relacionado con la eliminación de los fideicomisos. El compromiso 37 dice: “Se cancelarán fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia”.
Y aunque se consideró como “cumplido” porque el 2 de abril del 2020 fue publicado en el DOF el Decreto por el que se ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos que no han sido creados por ley, hay algunos que todavía están en activo, en específico en el Poder Judicial pero también en organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral.
Además, el pasado miércoles 30 de agosto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que es inconstitucional que se haya eliminado el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine) a través de un decreto que modificó, entre otras, la Ley Federal de Cinematografía.
Ordenó al Congreso de la Unión hacer antes de que termine el año las reformas necesarias para promover la inversión y el desarrollo de la industria cinematográfica.
EL SISTEMA DE SALUD
El compromiso 13 es sobre el sistema de salud: “Se hará realidad el derecho a la salud. El propósito es garantizar a los mexicanos atención médica y medicamentos gratuitos; comenzaremos en las unidades médicas del Seguro Social ubicadas en las zonas más pobres del país y poco a poco se irá ampliando el programa hasta que logremos, a mediados del sexenio, establecer un sistema de salud de primera, como en Canadá o en los países nórdicos”.
El acceso a los servicios de salud y a la seguridad social se mantienen como los principales retos en cuanto a la garantía de derechos básicos para los mexicanos, de acuerdo con los datos dados a conocer por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Los indicadores muestran que el acceso a la seguridad social no ha logrado reducir sus niveles desde 2016 y se mantiene por encima del 50 por ciento de la población. En los últimos seis años, la reducción fue de cuatro puntos porcentuales. El otro indicador que resaltó en el más reciente informe del Coneval, fue el de acceso a los servicios de salud. Los números muestran que, de 2020 a 2022, la cantidad de personas que reportaron contar con ese derecho pasó de 28.2 por ciento a 39.1 por ciento; en 2015, la cifra era de 15.5 por ciento.
Por lo tanto, de 2020 a 2022, sería un aumento de 35.7 a 50.4 millones de personas.
AUTOR: DANIELA BARRAGÁN.
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