Las acciones iniciales decididas en su Asamblea Popular incluyen establecer una policía comunitaria y acceder de manera directa al presupuesto participativo, en beneficio de la comunidad.
En un pronunciamiento suscrito por el Consejo de Mayores y el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, la comunidad, reunida en Asamblea Popular, también decidió iniciar las gestiones para solicitar al Ayuntamiento de Comala “la implementación del presupuesto participativo directo en beneficio de nuestra comunidad”.
Las resoluciones de la Asamblea Popular –señalaron las autoridades comunitarias de Zacualpan– “representan un paso hacia la autonomía y la toma de decisiones locales, en consonancia con nuestro estatuto comunal”.
La mañana del 29 de agosto, recuerda el documento, cerca de las instalaciones educativas de preescolar, primaria y telesecundaria, “dos sicarios llevaron a cabo un tiroteo contra una familia que se dedica al narcomenudeo en nuestra comunidad”.
Tras condenar “enérgicamente toda forma de violencia sin importar las circunstancias”, el comunicado destacó que, “como comunidad indígena, hemos rechazado de manera unánime la presencia y actividades de individuos relacionados con el narcotráfico en nuestra comunidad”.
“Comprendemos que eso (el narcotráfico y la violencia criminal) va en contra de nuestros principios de usos y costumbres, pone en riesgo a nuestras familias y socava nuestra cultura ancestral.”
También manifestaron que la maestra de primaria Ana Lilia S. y su hijo Rigoberto A. son señalados como “los principales generadores de violencia en nuestra comunidad” y han sido acusados “de tener amenazados de muerte a habitantes y comuneros”, por lo que la Asamblea “ha decidido separarlos y expulsarlos de nuestra comunidad; instamos a las autoridades a investigar esas acusaciones y a tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad”.
Sospechas
Ante los hechos de violencia, denunciaron, “el actuar de la Policía Municipal (de Comala) ha sido cuestionable y alarmante; hemos observado una falta de acción efectiva de las autoridades locales para abordar de manera integral el problema”.
En el pronunciamiento, que fue enviado a los medios de comunicación, las autoridades comunales de Zacualpan sostuvieron que tienen razones para creer que el director de Seguridad Pública de Comala y el presidente municipal “podrían estar involucrados en una complicidad que amenaza la seguridad y los derechos de nuestra comunidad”.
Por lo anterior, exigieron justicia por los acontecimientos ocurridos cerca de sus instituciones educativas, pues niños y niñas tienen el derecho de estudiar en un ambiente seguro y sin temor, y “la violencia que ha permeado nuestro entorno está afectando su bienestar y su futuro”.
Solicitaron al gobierno del estado y a la Fiscalía General del Estado de Colima que actúen con prontitud y eficacia para detener a los responsables de la violencia y garantizar la seguridad en la comunidad.
Resistencia emblemática
Esta comunidad, que tras una lucha iniciada hace 10 años logró impedir un proyecto minero y cancelar dos concesiones en su territorio, advirtió:
“Estamos decididos a proteger nuestros derechos, a preservar nuestras tradiciones y a construir un futuro pacífico y próspero para las generaciones presentes y futuras de nuestra comunidad indígena”.
Las autoridades de Zacualpan llamaron a los grupos defensores de derechos humanos a estar atentos ante los acontecimientos en esa comunidad, cuya lucha “es emblemática” y cuya resistencia “es un ejemplo de la importancia de la protección de los territorios indígenas, los recursos naturales y la vida”.
El documento está dirigido al pueblo de Colima, al Congreso Nacional Indígena, a los consejos comunitarios y autónomos, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, así como a organizaciones nacionales e internacionales.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.
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