Mañana, la defensa y la FGR volverán a encontrarse ante el juez de control Natanael Subdias Aguilar, adscrito al Único Distrito Judicial en el Sistema Penal Acusatorio, con sede en Xochitepec, Morelos (de fuero local), para que determine si el fiscal deberá o no ser vinculado a proceso por el delito de tortura en agravio de Luis Alberto “N”, conocido como “El Diablo”.
Para Gabriel Regino, abogado de Carmona Gándara, el caso del fiscal de Morelos es “inaudito e inaceptable” no sólo porque de los mismos hechos la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) construyó tres procesos penales diferentes, sino porque por primera vez en la historia, la FGR hizo suya una acusación de fuero local en contra de un funcionario que cuenta con fuero federal.
“Esto es una instrucción política, es la instrumentalización de la justicia, la politización de la justicia, es eso ante lo que estamos. He llevado, durante mi carrera, una gran cantidad de asuntos político penales, pero te puedo mencionar que sigo defendiendo a los chivos expiatorios de la Estela de Luz, llevo 12 años con ese proceso; la Línea 12 es un juego de niños a comparación de esto y en ese caso calculo 7 u 8 años para concluir; en esta Lawfare, en esta guerra jurídica no estoy ni siquiera en condiciones de prever lo que va a suceder porque nunca había visto algo similar pero te puedo decir que la inquisición medieval era más garantista”, dijo en entrevista para Proceso.
Carmona Gándara está vinculado a proceso por retardo en la justicia, feminicidio en su modalidad de auxilio y feminicidio en su modalidad de encubrimiento.
Todas estas acusaciones están relacionadas con la muerte de Ariadna Fernanda López, cuyo cuerpo fue abandonado en noviembre del año pasado en la carretera México-Cuernavaca a la altura de Tepoztlán, Morelos y de quien la FGEM concluyó que falleció por broncoaspiración derivada de la ingesta de alcohol.
La FGJCDMX acusó a Carmona Gándara de no realizar diligentemente la investigación del caso como un feminicidio, por lo que consideró que entorpeció la justicia para las víctimas indirectas.
Luego, cada vez que jueces de amparo ordenaban liberarlo, la FGCDMX ejecutó órdenes de aprehensión en su contra por supuestamente estar relacionado con Rautel “N”, imputado por el feminicidio de Ariadna Fernanda, pues de las investigaciones, los agentes capitalinos rastrearon llamadas de su celular a personal de la FGEM durante la semana previa a la muerte de la joven y el día de los hechos.
Hasta el momento la fiscalía capitalina no ha presentado detalles de las llamadas que permitan establecer que Rautel “N” tenía comunicación directa con Carmona Gándara.
Para Regino, el gobierno federal identifica al fiscal como un allegado al exgobernador de Morelos, Graco Ramírez, de quien el presidente Andrés Manuel López Obrador se deslindó desde el año 2013.
Gabriel Regino reconoció que ante la posibilidad de que Graco Ramírez fuera objeto de persecución por parte de su sucesor, Cuauhtémoc Blanco, antes de salir de la gubernatura de Morelos designó una estructura en la entidad que le ayudara a no ser encarcelado, entre ellos, al fiscal Carmona Gándara.
Por ello, indicó que al ser considerado como un “adversario del régimen” de López Obrador, tanto el gobierno federal como el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, han mantenido una clara persecusión en su contra.
"El Diablo" contra el fiscal
La semana pasada, Carmona Gándara consiguió una tercera orden de libertad pero la Fiscalía de Morelos ejecutó una cuarta orden de aprehensión en su contra emitida por el juez Natanael Subdias Aguilar, esta vez por el delito de tortura en agravio de Luis Alberto “N”, alias “El Diablo”.
La denuncia fue presentada por “El Diablo” ante la FGR, pero esta declinó competencia a la FGEM, razón por la que el caso fue conocido por el juez Subdias.
De manera sorpresiva el 14 de septiembre pasado, día en que se realizó la primera parte de la audiencia inicial, elementos de la FGR realizaron la imputación, pese a no contar ni siquiera con copias de la carpeta de investigación.
Los fiscales de la FGR presentaron un escrito -realizado a mano- que fue recibido por el juez a las 3:53 del día de la audiencia para solicitar el ejercicio de su facultad de atracción del caso, al considerar que se trataba de hechos previstos en la Ley General para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.
“Se han establecido hipótesis de actualización previstas en el artículo 22, fracción IV de la Ley Generasl para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanas o Degradante, entre los que se destacan la imparcialidad por la que se conduce la Fiscalía General del Estado de Morelos, lo que tiene como efectos la impunidad y los derechos de la víctima, máxime que se trata de un delito de lesa huimanidad”, señala el escrito al que Proceso tuvo acceso.
Por ello, el abogado de Carmona Gándara acusó una persecusión política contra su cliente.
“¿Quiénes están detrás de esto?, obviamente el gobernador del estado de Morelos, la Fiscalía General de la República, porque es un ajedrez político, Cuauhtémoc Blanco quiere gobernar la Ciudad de México; con esto ya tumbó al fiscal incómodo, ya nadie lo puede judicializar.
“Son jugadas de intereses políticos y de compromisos, por eso el que era fiscal Anticorrupción de Morelos pidió que se girara la orden de aprehensión contra Uriel Carmona, porque algo le debieron ofrecer para que lo hiciera”, espetó Gabriel Regino.
Proceso informó el 29 de julio que la Fiscalía General de Morelos, a través de la Fiscalía Anticorrupción, encabezada por Juan Salazar, abrió diversas carpetas de investigación sobre las presiones políticas ejercidas al interior del Poder Judicial para liberar o resolver en favor de personas y exservidores públicos acusados de cometer delitos.
La existencia de estas investigaciones cobró notoriedad luego de que el ahora magistrado en retiro Carlos Arenas denunció públicamente al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, Luis Jorge Gamboa Olea, para favorecer a Luis Alberto “N”, alias “El Diablo”.
Arenas estaba a cargo de revisar la apelación contra la decisión de la juez de control local, Alejandra Trejo de no vincular a proceso al “Diablo” por dos homicidios y un feminicidio y liberarlo.
En su denuncia, Arenas señaló que Gamboa Olea le solicitó no revocar la resolución de la juez Trejo bajo el argumento de que el titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, el almirante en retiro José Antonio Ortiz Guarneros, le pidió apoyo en el tema durante una de las mesas de Construcción para la Paz y Seguridad de Morelos.
Posteriormente, afirmó que recibió una llamada de Ulises Bravo, hermano de Cuauhtémoc Blanco, para pedirle que “resolviera coinforme a derecho” en el caso del “Diablo”, lo que el entonces magistrado consideró como otra forma de presión por parte de personas allegadas al Ejecutivo local.
Por ello, la fiscalía Anticorrupción solicitó los informes de llamadas realizadas entre el hermano del gobernador de Morelos y el magistrado Arenas, así como el historial de llamadas de la juez Trejo para verificar si también ella fue presionada para liberar al “Diablo”.
“El juez de Morelos que libró la orden de cateo y la orden de aprehensión contra ‘El Diablo’, es el mismo de la audiencia del 14 de septiembre y el que va a vincular al fiscal”, apuntó el abogado Gabriel Regino.
El fuero ignorado
Este 19 de septiembre, la situación jurídica de Uriel Carmona Gándara por la denuncia de tortura en su contra, será definida por el juez local de Morelos, Natanael Subdias Aguilar, pese a que ahora la investigación está en manos de la FGR, que el caso debería ser conocido por un juez federal y que el fiscal cuenta con inmunidad.
Carmona Gándara permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México, desde donde comparecerá virtualmente a la audiencia.
El 4 de agosto, Proceso informó que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que Uriel Carmona Gándara tiene fuero constitucional que le da inmunidad contra delitos de competencia federal.
La resolución de la Corte derivó de una investigación con la que desde 2020 la FGR intentó desaforar a Uriel Carmona por incumplir con los exámenes de control de confianza al momento de su designación como fiscal.
La denuncia contra Carmona fue presentada por Cuauhtémoc Blanco, sin embargo, el Congreso de Morelos no aprobó el desafuero declarado por la Cámara de Diputados y tramitó una controversia constitucional ante la Corte, tal como pasó con el exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Al revisar el caso, la Corte declaró inválido el decreto de la Cámara de Diputados emitido en septiembre de 2021 y aclaró que para eliminar el fuero del fiscal de Morelos las autoridades federales debían agotar el procedimiento de desafuero.
Dicha resolución no le protege contra delitos locales pero sí contra delitos federales como los que prevé la Ley General para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.
“Hay una suspensión de garantías de facto para el fiscal de Morelos”, concluyó el abogado del fiscal.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.
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