Recordaron que el pasado 31 de julio, en el octavo aniversario del crimen ocurrido en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, suspendieron el diálogo con la fiscal Ernestina Godoy, pues no veían avances sustantivos en la investigación.
En un pronunciamiento conjunto, las familias de la trabajadora del hogar Alejandra Negrete; la maquillista Yesenia Quiroz; la modelo de nacionalidad colombiana Mile Martín, la activista cultural, Nadia Vera; y el fotoperiodista colaborador de Proceso, Rubén Espinosa, recordaron que el pasado 31 de julio, en el octavo aniversario del crimen ocurrido en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, suspendieron el diálogo con la fiscal Ernestina Godoy, pues no veían avances sustantivos en la investigación.
En el documento difundido este martes 6 de septiembre, recordaron que aquella mañana del pasado 31 de julio, afuera de la sede de la fiscalía, las familias de las víctimas y sus abogados hicieron pública su “extrañeza ante la ausencia de una investigación seria a Luis Javier García Saldaña, actual funcionario de la FGJ, persona con documentados vínculos con al menos dos de los autores materiales de los hechos”.
Agregaron que ese mismo día -casi 12 horas después-, la Fiscalía dirigida por Godoy Ramos “sólo ofreció lo que parece ser una exoneración pública a uno de sus trabajadores sin tener suficientes elementos para ello”.
Además, dijeron, el vocero Ulises Lara “simplemente emitió un comunicado plagado de imprecisiones y verdades a medias que no hacen sino enturbiar el caso frente a la opinión pública” sobre el crimen cometido en el departamento 401 del edificio ubicado en la calla Luz Saviñón 1909.
Demandas reiteradas
Entonces, los familiares de las víctimas enumeraron sus críticas y demandas ante la FGJ local, cuya titular ya manifestó el mes pasado su intención de ser ratificada por el Congreso de la CDMX para quedarse en el cargo cuatro años más:
-La FGJ “sigue sin reconocer la participación material de más personas en los hechos, en sus discursos públicos insisten en la teoría elaborada por la anterior administración según la cual solo participaron tres personas en los hechos. En las reuniones privadas, no muestran avances significativos para identificar al resto de los participantes.
Lara López, detallan, “omite mencionar que se ha demostrado la participación directa de al menos dos personas más que siguen sin ser identificadas y gozan de total impunidad”, además de las tres personas ya encarceladas y sentenciadas.
-La FGJCDMX tampoco ha hecho referencia al tercer vehículo que aparece en los vídeos participando de manera clara en los hechos. Ni se han hecho diligencias para saber a quién pertenece y quiénes estaban a bordo durante el operativo para cometer el crimen.
-La institución sostiene que su funcionario Luis Javier García Saldaña “no ha tenido ninguna participación en la investigación de los hechos”, sin embargo, en la averiguación previa consta que el funcionario estuvo presente al menos en el cateo del domicilio de César Omar Martínez Zendejas, uno de los tres sentenciados por el caso y yerno de Saldaña.
-Las familias de las víctimas reconocieron que llamó a declarar como testigo al funcionario García Saldaña en marzo de 2022, pero aclararon: “dicha diligencia se realizó a espaldas de las familias violando el acuerdo de coadyuvancia, mediante el cual se otorga a las familias y nuestros representantes la posibilidad de participar en la elaboración de los cuestionarios a realizarse a las personas llamadas a declarar”.
Peor aún, acusaron que esa diligencia dió como resultado una declaración “con poco valor para la investigación, compuesta por preguntas a modo que difícilmente aportarán información sustantiva a la investigación”. Además, que de que los pocos e “imprecisos” datos que dio no fueron verificados.
-Señalaron una de “muchas” inconsistencias: García Saldaña declaró que tenía “escasa” relación con Martínez Zendejas y Abraham Torres Tranquilino, otro de los detenidos. No obstante, “en las sábanas de llamadas consta que hubo un intercambio de llamadas entre los dos sentenciados y el funcionario público en los días posteriores a los hechos, incluso en el día en que fue detenido Daniel Pacheco Gutiérrez, otro de los sentenciado por el caso”.
-Alejandro “N”, hijo del funcionario Luis Javier García Saldaña, también fue llamado a declarar en marzo de 2022 “sin conocimiento de las familias y tampoco ha sido objeto de una investigación seria que examine su posible participación en los hechos”.
Y advirtieron: “igual que con su padre, la investigación de él parece más orientada a deslindar su responsabilidad que a conocer si efectivamente tuvo algún tipo de participación”.
-Las diligencias hechas por la FGJ local en Veracruz, para “orientar” la línea de investigación relacionada con la persecución política a Rubén Espinosa y Nadia Vera, “parecen estar diseñadas para desestimar los datos otorgados por nosotras las familias y no para profundizar en dicha línea de investigación”; en particular lo relacionado con Arturo Bermúdez Zurita, alias “Tormenta”, sobrenombre que aparece en sábanas de llamadas y agendas de al menos uno de los implicados en los hechos.
Por todos esos argumentos, las familias de las víctimas del Caso Narvarte, reiteraron “que no hay condiciones para retomar el trabajo conjunto con la Fiscalía hasta que demuestren avances en los temas que hemos insistido en los últimos meses”.
Y sentenciaron: “Hasta no ver un avance sustancial en los temas anteriormente enlistados, las familias del caso Narvarte no volveremos a retomar el diálogo con los funcionarios de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Ya basta de mentiras, ya basta de fingir que investigan cuando en realidad no hay ningún interés real en conocer la verdad”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.
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