“El uso del sistema punitivo por disentir o alzar la voz en contra de proyectos de interés de gobiernos locales y de empresas se realiza sin ninguna consecuencia y en completa impunidad”, acusó Amnistía Internacional durante la presentación de su informe, en la que añadió que las violaciones cometidas contra los defensores en el marco de las protestas por su territorio “tampoco han sido investigadas”, entre ellas el uso de la fuerza por parte de los elementos de seguridad.
Frente a la posición que ocupa México como uno de los países en los que se registran más asesinatos de defensores, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, señaló que resulta “alarmante” que “lejos de que el Estado atienda y prevenga esta violencia”, se sumen otras violaciones graves a los derechos humanos, como la estigmatización, hostigamientos, ataques, atentados, desplazamiento forzoso y desapariciones.
En su informe, AI destacó la utilización de tipos penales “vagos o ambiguos” que no respetan el principio de legalidad, como “motín”, “obstrucción de obra pública” y las variaciones del delito de “ataques a las vías de comunicación”. “También se observó la adecuación, a conveniencia, de los hechos que ocurren durante las protestas a otro tipo de delitos mediante interpretaciones amplias de tipos penales y declaraciones que tergiversan los hechos”, precisó.
De acuerdo con el documento, las acusaciones contra los defensores del territorio “son construidas principalmente mediante declaraciones de servidores públicos y de trabajadores de las empresas directamente relacionadas con los hechos denunciados por las comunidades”, y en ningún expediente penal existe evidencia contundente que permita configurar algún delito.
En el informe se destacan cuatro casos del uso desproporcionado del sistema de justicia, dos en Chiapas, uno en Yucatán y otro en Puebla. En cuanto a Chiapas, se centra en los casos de Chilón, donde los defensores tseltaltes César y José Luis fueron criminalizados por protestar contra la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en su territorio; y de la Colonia Maya en San Cristóbal de las Casas, donde la población se unió para protestar en contra de la construcción de un fraccionamiento residencial en una zona protegida en la que causaría daños ambientales.
En cuanto a Yucatán, el informe documenta la violencia contra la comunidad maya de Sitilpech, donde los pobladores se oponen a las actividades de una megagranja porcícola en su territorio por la contaminación, afectaciones al agua y problemas de salud que genera; mientras que en Zacatepec, Puebla, destaca los casos de detención y fabricación de delitos contra los defensores Miguel López y Alejandro Torres, por luchar contra la construcción de un drenaje en Ciudad Industrial Huejotzingo, Puebla, que desembocaría en el Río Metlapanapa.
“El uso desproporcionado del sistema penal contra personas que protestan se inserta en una estrategia más amplia de desincentivación y desarticulación de la defensa por los derechos relativos a la tierra, el territorio y el medio ambiente”, aseguró Guevara Rosas.
El informe de Amnistía Internacional pidió al gobierno mexicano cesar la criminalización contra los defensores del territorio e investigar las violaciones a los derechos humanos presentadas, e invitó a la sociedad en general a unirse a la campaña #ProtestarNoEsUnCrimen para visibilizar «la problemática de la criminalización injusta de las personas defensoras de derechos humanos y el impacto en la defensa de tierra, territorio y medio ambiente».
AUTOR: REDACCIÓN.
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