El subsecretario presentó el segundo informe de la CoVAJ, el cual niega vínculos de los estudiantes con Guerreros Unidos, y dijo que es diferente a la "verdad histórica".
“La CoVAJ no ha torturado a nadie, no ha sembrado pruebas, no ha alterado escenas del crimen, no hemos fabricado culpables, hemos actuado con ética”, declaró este miércoles durante la presentación del Segundo Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ).
Por el contrario, afirmó que el rechazo de los padres se debe a la respuesta que les presentó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y no ha lo presentado por la Comisión.
Asimismo, reiteró que se han accedido a fuentes de información de las Fuerzas Armadas, a pesar de que los padres de los normalistas han denunciado que el Ejército no ha entregado toda la información del caso, como señaló también en julio el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) antes de su salida de México.
No obstante, Encinas afirmó que aún se podría encontrar información en los repositorios de los cuerpos castrenses. Además, consideró que no ha “concluido” el trabajo que puede aportar la Sedena a la investigación del caso.
“No solamente creemos que puede encontrarse más información, sino [que] hay instrucción presidencial ratificada al día de hoy a Sedena, Semar y CNI para que se haga toda la búsqueda que tenga que hacerse para encontrar más información en esas dependencias”, declaró.
Sin embargo, Encinas negó que se hayan encontrado más comunicaciones como afirman los familiares de los jóvenes. Ante esto, negó que existiera un “distanciamiento” con los padres y reiteró que no se relega la responsabilidad a las autoridades municipales, sino también a las federales.
Narrativa de la CoVAJ vs. Verdad histórica
La narrativa de la CoVAJ apunta a tres “posibles causales de la desaparición de los estudiantes”:
– Confusión de los ‘Guerreros Unidos’ respecto a la presunta infiltración de ‘Los Rojos’ entre los estudiantes.
– Dar un escarmiento a los estudiantes en un contexto de amenazas de parte del alcalde José Luis Abarca y Guerreros Unidos, tras las protestas y destrozos al palacio municipal de Iguala, por la desaparición y asesinato de los dirigentes sociales Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Bandera.
– El trasiego de drogas y la eventual presencia de droga, armas o dinero en alguno de los autobuses tomados.
Durante la presentación del Segundo Informe, Encinas enlistó lo que consideró como las principales tres diferencias de estas hipótesis con la “verdad histórica”.
Entre ellas se encuentra que la versión del sexenio de Enrique Peña Nieto señalaba que los estudiantes “iban a boicotear” el informe de laboraos de la entonces presidente del DIF, Ángeles Pineda Villa, esposa de José Luis Abarca Velázquez. En cambio, la CoVAJ afirma que tomaron los autobuses para trasladarse a la CDMX.
Además, la primera apunta que integrantes de Guerreros Unidos los incineraron en el Basurero de Cocula, mientras que la Comisión niega que esto haya ocurrido o que los normalistas en ningún momento hayan estado juntos tras su salida de la terminal de autobuses.
Por último, Encinas señaló que la primera solo responsabilizaba a autoridades locales y el grupo delictivo, mientras que el informe actual también señala a autoridades federales, estatales y militares.
Finalmente, dijo que la “verdad histórica” buscaba dar “carpetazo” y “legitimar socialmente la verdad de los hechos”. Encinas, apuntó que el gobierno mexicano ha reconocido las responsabilidades del Estado en los hechos y señalado a presuntos responsables.
Conversaciones de WhatsApp del primer informe
Encinas detalló que pidió a Meta una opinión sobre las capturas de pantalla de WhatsApp dadas a conocer en el informe pasado, las cuales fueron señaladas como posiblemente falsas.
Ante esto, la empresa dueña de Facebook respondió: “Nos es imposible a través de capturas de pantalla cualquiera de otra manera validar la existencia o no existencia de las comunicaciones”.
Encinas consideró que esto significa que la compañía no puede determinar si existieron o no tales conversaciones. Sin embargo, reveló que no fueron consideradas para el segundo informe, en acuerdo con los familiares.
“Todo lo que se presenta aquí hoy es judicializable”, subrayó.
Encinas reiteró que 80 testigos, entre los que se encuentran protagonistas y perpetradores, han sido entrevistados.
¿Qué más dice el informe?
El informe señala contubernio entre el grupo delictivo Guerreros Unidos con las policías municipales, estatales y federal preventiva, así como vínculos con elementos del Ejército.
Igualmente, afirma que esto se ha corroborado con intervenciones realizadas por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés).
Asimismo, reitera que las autoridades federales, locales y municipales estaban “puntualmente informadas de las actividades que realizaban los estudiantes” desde meses antes.
De igual forma, subraya que los autobuses fueron divididos tras salir de la central de autobuses, por lo que nunca estuvieron juntos y “nunca fueron llevados” para ser “ultimados” en el basurero de Cocula, como afirma la “verdad histórica”.
Además, niega que exista evidencia de vínculos entre los estudiantes y Guerreros Unidos o que hayan establecido comunicaciones con las autoridades.
El informe también concluye que no existen indicios de que los estudiantes se encuentran con vida, sino que probablemente sus restos fueron calcinados. Sobre esto, da cuenta de dos restos óseos, encontrados en el Paraje Las Cuevillas, que se están analizando para determinar si existen coincidencias con alguno de los normalistas.
Finalmente, reitera que fue un “crimen de Estado”, tal y como afirmó el primero informe que presentó el año pasado, en el que participaron autoridades de todos los niveles, incluyendo las Fuerzas Armadas.
A 9 años de la desaparición de los 43 normalistas
El informe se presenta un día después del noveno aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes, el 26 de septiembre de 2014, en el estado de Guerrero y a un año de que termine la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha reiterado su promesa de resolver el caso antes del fin de su mandato, en octubre de 2024.
Los padres de los desaparecidos acusaron el lunes al presidente, en una reunión con la Secretaría de Gobernación (Segob), de encubrir al Ejército, que no ha entregado toda la información del caso, como denunció también en julio el GIEI.
Asimismo, el abogado de los familiares, Vidulfo Rosales, sostuvo que el gobierno mexicano les presentó una “nueva narrativa” de los hechos, que “se acerca más a la verdad histórica” que se elaboró en el sexenio pasado.
Esto tras la reunión que se llevó a cabo el lunes en Palacio Nacional, en la que se leyó una carta del presidente López Obrador y se presentó un informe a nombre del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval.
El Gobierno de López Obrador ha desmentido la polémica versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la llamada “verdad histórica”, que sostenía que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula.
Sin embargo, a un año de que termine la administración de AMLO, organismos internacionales y organizaciones han denunciado que las Fuerzas Armadas han obstaculizado las pesquisas.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
No hay comentarios:
Publicar un comentario