Tras su extinción, el Instituto de Salud para el Bienestar se ha negado a entregar información solicitada vía transparencia, pese a que se encuentra registrado como sujeto obligado en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Sin embargo, se trata de una violación a la Ley General de Transparencia, pues aún se encuentra registrado como sujeto obligado en la Plataforma Nacional de Transparencia y, sigue dado de alta porque no ha entregado al INAI toda la documentación legal que debe ofrecer para darlo de baja, de acuerdo con fuentes del Instituto.
En todas las solicitudes que el Insabi ha recibido de junio a septiembre de este año no ha entregado información, y en cambio, responde que quien debe hacerlo es el organismo que lo sustituyó, es decir, el IMSS-Bienestar, como se puede constatar en diversas solicitudes registradas en la Plataforma Nacional de Transparencia.
El Insabi fue un organismo creado por la actual administración, en 2020, para sustituir al Seguro Popular, que funcionaba desde 2004. Según el presidente Andrés Manuel López Obrador, la nueva institución otorgaría servicios de salud, incluyendo acceso a medicinas de manera universal, y sin necesidad de afiliación, como ocurría con el organismo previo.
La institución solo operó poco más de dos años y fue extinto, por aprobación del Congreso y con la mayoría de votos de legisladores de Morena, en mayo pasado. Decisión oficializada a través del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 29 de mayo.
Uno de los aspectos relevantes del Seguro Popular era el Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud (FSPSS) que tenía los objetivos de atender 66 intervenciones o enfermedades de alto costo o que provocan gastos catastróficos; financiamiento a infraestructura en entidades federativas con mayor marginación social, y cubrir imprevistos en la demanda de servicios de salud.
Dicho Fideicomiso tenía 114 mil millones de pesos hasta diciembre de 2018, al concluir la administración de Enrique Peña Nieto. Con la creación del Insabi, esos recursos fueron transferidos al Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi), pero en la administración de Andrés Manuel López Obrador tuvo un aumento de ingresos de 122%, pero egresos de hasta 347% más que en el sexenio anterior, de acuerdo con un análisis de México Evalúa.
Opacidad en el Insabi
Además, aunque en las dos administraciones previas, el saldo del Fondo tuvo una tendencia al alza, en el actual gobierno ha sido lo contrario. Hasta diciembre de 2022, el saldo en el Fonsabi bajó a 71 mil millones de pesos, de acuerdo al reporte Números del Erario de México Evalúa.
Desde su creación en 2020, el Insabi recibió 14 mil 871 solicitudes de información y solo de junio a septiembre de 2023 hubo 163 solicitudes sobre diversos temas, como las compras, personal, detección de enfermedades, convenios internacionales, entre otros, pero en ninguna de ellas ha entregado información.
En todos los casos ha respondido exactamente con los mismos párrafos:
“Este Instituto de Salud para el Bienestar se encuentra en proceso de desincorporación por extinción de conformidad con el ‘Decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para regular el Sistema de Salud para el Bienestar, publicado el 29 de mayo de 2023’, publicado el 29 de mayo de 2023 en el Diario Oficial de la Federación”.
Por lo tanto, advierte, “este Instituto, hasta el momento en que quede concluido su proceso de desincorporación, seguirá gozando de personalidad jurídica únicamente para efectos de la extinción correspondiente, por lo que se carece de facultades para brindar una respuesta a su solicitud, al haber sido ingresada en la Plataforma Nacional de Transparencia después del 29 de mayo del 2023. En razón de lo anterior, se le sugiere ingresar su solicitud a Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR) o bien a la Secretaría de Salud Federal”.
Esto pese a que el Insabi aún aparece enlistado como sujeto obligado en la Plataforma Nacional de Transparencia, es decir, como una institución que tiene la obligación de cumplir con la Ley General de Transparencia y entregar información pública.
Además, en el decreto de extinción, donde se establecen las facultades del nuevo organismo, existe el plazo de 180 días para que el IMSS-Bienestar pueda operar completamente. Esto es, 6 meses, que se cumplirían en diciembre próximo.
En el decreto se establece que en ese periodo, el Ejecutivo Federal deberá “expedir las disposiciones reglamentarias y administrativas necesarias”; mientras que la Secretaría de Salud también tendría el mismo plazo para “la transferencia de los recursos humanos, presupuestarios, financieros y materiales, así como de los inmuebles, derechos y obligaciones del Instituto de Salud para el Bienestar a IMSS-Bienestar”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
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