Sin embargo, a los familiares no se les permitió estar presentes en el momento de la exhumación y sólo les permitieron ver los restos óseos por dos minutos.
Así lo informó Estela Arroyo Castro, de la Asociación de Ejidos y Comunidades Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos.
Las diligencias se realizaron del 4 al 7 de septiembre. Los restos se encontraron en dos fosas clandestinas en el ejido Chilacayote. En la primera encontraron cinco cuerpos y en la segunda, dos.
Corresponden a Bartolo Rojas Nazario, Francisco Rojas Nazario, Gervasio Bernardino Román, Eduardo Oviada Ortíz, Apolonio Hernández Bernardino, José Isabel Rojas Bernardino y Pablo Rojas Terán, que tenía 14 años de edad al momento de ser asesinado.
Falta por exhumar el cuerpo de José Santos González Rojas, cuya fosa se ubica en el pueblo Palos Altos. Personal de la Fiscalía informó a los familiares que los trabajos iniciarán en noviembre.
Las víctimas que sufrieron desaparición forzada en 1967, 1971 y 1974 son de Los Espadines, municipio de Ajuchitlán del Progreso, en la Tierra Caliente.
Estela Arroyo dijo que cuando les permitieron ver los cuerpos realizaron un acto político con consignas en contra del Ejército y con un pase de lista. “Hubo mucho dolor y lágrimas”.
También cantaron el Himno Nacional y realizaron un acto religioso.
Lamentó que no se les haya permitido estar presentes en la exhumación: “No estuvimos presentes, solo nos permitieron ver los restos durante dos minutos, según dijeron por la lluvia que había en ese momento”.
Octaviano Gervasio Serrano, asesor jurídico de las familias de las víctimas, consideró muy grave que las autoridades no hayan permitido estar cerca de las excavaciones.
“Por ley, las víctimas pueden participar de manera activa y dar indicios a las autoridades que hubiesen servido como pruebas fehacientes, pero todo parece que lo hicieron para proteger al Ejército”, denunció.
Los cuerpos fueron trasladados en helicóptero este viernes a las instalaciones de la FGE en Chilpancingo, donde se procederá a la identificación genética, causa de muerte y entrega a familiares.
Gervasio Serrano demandó al presidente Andrés Manuel López Obrador y al secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, acción penal contra los militares que aún viven y que son responsables de las ejecuciones en la guerra sucia, que calificó como un exterminio.
El ejidatario y familiar de víctimas, Bartolo Hernández Rojas, declaró en mayo pasado en la cabecera de Tecpan que muchos pobladores fueron confundidos o implicados en la guerrilla de Lucio Cabañas.
“Fueron golpeados, torturados y cruelmente asesinados y enterrados en fosas clandestinas. Ahí estaban nuestras mamás que vieron en carne propia, sus casas y actas de nacimiento fueron quemadas, querían borrarlos. Fue una ejecución sumaria”, dijo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUIS DANIEL NAVA.
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