Está previsto que para el próximo martes haya una nueva audiencia en la que se decidirá cuántos años de condena serán impuestos a cada uno de los policías por la masacre de migrantes en Camargo, Tamaulipas.
El juez Patricio Lugo Jaramillo, juez unitario de la Primera Región Judicial de Tamaulipas, consideró que hay elementos e indicios suficientes para acreditar el homicidio calificado, abuso de autoridad en informes y delitos en el desempeño de funciones administrativas, en contra de los uniformados tamaulipecos.
Está previsto que para el próximo martes tenga lugar una nueva audiencia en la que se decidirá cuántos años de condena serán impuestos a cada uno de los policías que participaron en el asesinato de los migrantes.
“La sentencia en el caso de Camargo debe ser un mensaje claro, sin tituteos y contundente, que mande una señal inequívoca de que México no permitirá este tipo de crímenes atroces en contra de la población migrante”, exigió en un comunicado la Fundación para la Justicia, organización civil que ha acompañado a las víctimas y familiares de este caso, junto con la Red Jesuita con Migrantes Guatemala.
Masacre de Camargo, una de las peores tragedias contra migrantes en México
El 22 de enero de 2021, 19 cuerpos calcinados fueron encontrados en un vehículo en una carretera en Santa Anita, en el municipio tamaulipeco de Camargo, a poco menos de 70 kilómetros de la frontera estadounidense.
Las víctimas presentaban impactos de bala, al igual que el vehículo, que tenía más de 100 balazos. Antes del suceso, una de las víctimas alcanzó a llamar a sus familiares para decirles que estaban siendo perseguidos por policías: “Nos están disparando”, alertó.
La Fiscalía de Tamaulipas, que investigó los hechos ahora ya condenados, estaba segura de que 12 policías estatales fueron quienes persiguieron a los migrantes, los tirotearon y calcinaron, para luego intentar ocultar las pruebas.
Para llegar a esta conclusión, se basaron en divesos indicios: los relatos de 4 testigos, 8 casquillos de bala encontrados en la zona, la geolocalización de uno de los vehículos policías y de los celulares de cada uno de los imputados y pruebas de que las armas asignadas a los agentes habían sido utilizadas el día de la masacre.
Las víctimas son 16 migrantes guatemaltecos, otro salvadoreño y otros dos mexicanos que trabajaban ayudando a los indocumentados a cruzar la frontera.
“El gobierno de México falló a las víctimas cuando 12 policías, en lugar de cuidar su seguridad e integridad, los persiguió en Tamaulipas, torturó y ejecutó. A muchos de ellos les dieron un tiro de gracia y después los calcinaron”, recordó la Fundación para la Justicia.
“El juez debe tocar su corazón, tocar su conciencia en este caso y dar la máxima sentencia a los detenidos”, dijo don Gerardo Zacarías, padre de Paola Damarís, una de las víctimas de la masacre de Camargo, quien agregó que, si bien la investigación apunta a 12 policías, ésta debe ir “más a fondo” y llegar al sistema de autoridades “que permitió que una tragedia así tuviera lugar”.
“Mi hijo Élfego viajó para darle una mejor vida a sus hijos. Él ganaba 50-60 quetzales al día (entre 108 y 130 pesos mexicanos), dijo doña Adelina Díaz, madre de Élfego Miranda, padre de cuatro niños que hoy tienen entre 2 y 8 años.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE, ALFREDO MAZA.
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