En el país persiste una intención de castigo y criminalización en estados con y sin despenalización del aborto; aunque una proporción de estas denuncias podrían no tener consecuencias reales gracias a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por ejemplo, en Ciudad de México, la primera entidad donde el aborto fue despenalizado hasta las 12 semanas de gestación, en 2007, las carpetas de investigación abiertas por el delito, de acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), pasaron de 110 en 2018 a 192 en 2022, mientras que hasta agosto de 2023 ya sumaban 131.
En tanto, en el Estado de México –donde la despenalización aún es un pendiente– las denuncias han pasado de 107 a 144 en los últimos cinco años, sin contar el 2023, en el que ya se acumulan 117. Otra entidad que llama la atención es Baja California, donde el congreso local despenalizó en 2021, pero ha persistido un promedio de 47 denuncias anuales con una leve tendencia a la baja en los últimos tres años.
Entre los que ya despenalizaron, Veracruz –por la vía legislativa en 2021– mantiene también una de las cifras más altas a nivel nacional, con un promedio de 27.4 anuales, mientras que Hidalgo –que despenalizó por la misma vía en el mismo año– los últimos cinco años mantuvo un promedio anual de 18.6 denuncias por el delito de aborto.
Oaxaca, un estado en el que el congreso local despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación en 2019, había registrado 16 denuncias anuales en 2018 y 2019, que para 2020 y 2021 descendieron a 9 y 8, respectivamente, pero desde el año pasado van nuevamente a la alza y hasta agosto de 2023 ya suman 14.
Persistencia de castigo social y falta de capacitación a autoridades
Entre las entidades que no han despenalizado, los casos más significativos son Nuevo León, donde las denuncias han crecido paulatinamente hasta pasar de 38 en 2018 a las 144 que se iniciaron durante 2022; Tamaulipas, donde se ha mantenido un promedio de 41.8 anuales, y Querétaro, con un promedio de 28 y una tendencia a la alta en 2021 y 2022. Otros estados donde se han registrado más de 10 denuncias anuales son Aguascalientes, Baja California Sur, Jalisco, Michoacán y Guanajuato.
De acuerdo con colectivas y especialistas, varios factores pueden estar vinculados a este fenómeno: la persistencia de la intención de castigo social frente a los avances legales y, por otro lado, la falta de capacitación y sensibilización a autoridades locales y judiciales; si bien una proporción de estas denuncias podría no tener consecuencias gracias a las resoluciones de la Suprema Corte que determinan que penalizar el aborto es inconstitucional.
Del mismo modo, es indispensable recordar que en algunos estados el delito de aborto no se eliminó por completo, sino únicamente en ciertas condiciones como las primeras 12 semanas de gestación –el estándar internacional establecido por la Organización Mundial de la Salud es de 20–. En otros, los códigos penales fueron modificados, pero no las leyes de salud, que deben garantizar el acceso al procedimiento, lo cual sigue siendo un pendiente en algunas de las entidades que ya han despenalizado.
Aunado a ello, en sus más recientes directrices sobre el aborto (2022), la OMS recomienda su despenalización total, no recomienda la promulgación de leyes y otras reglamentaciones que lo restrinjan basándose en supuestos, sí recomienda que esté accesible a demanda de la mujer, niña u otra persona embarazada, y no recomienda legislaciones que lo prohíban basándose en límites de edad gestacional.
Otros pendientes en el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible
Otros pendientes señalados en la víspera de este Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible son la centralización del acceso, el desabasto de medicamentos e insumos y el rechazo del personal médico en estados que ya han despenalizado; la despenalización en los 20 estados que faltan; la iniciativa federal congelada en el Senado para reformar la Ley General de Salud, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal Federal, el acceso efectivo al aborto en casos de violación con base en la NOM-046 y la despenalización social.
Apenas el pasado 6 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Congreso de la Unión eliminar el delito de aborto del Código Penal Federal. Sin embargo, al tratarse de un delito que se persigue en el fuero común –como muestra la persistencia de denuncias presentadas–, aún faltaría que los 20 estados que no han despenalizado lo hagan para que sea una realidad nacional. La reforma al Código Penal Federal, que el Congreso aún tiene pendiente hacer efectiva, servirá para que los servicios de salud federales no nieguen el servicio.
En el informe recién publicado “Construir anticorrupción: Acciones colectivas para erradicar el impacto diferenciado de la corrupción en México”, las organizaciones participantes alertan que si bien en México se han sumado más estados a la legalización del aborto gratuito, también es cierto que la criminalización ha ido en aumento.
“Por ejemplo, por la comisión del delito de aborto, en 2015 se iniciaron 544 averiguaciones previas o carpetas de investigación, 633 en 2020 y 704 en 2021”, señala el documento. En una revisión a las cifras del SESNSP, puede verse que en 2018 el total nacional ya sumaba 604 denuncias, para 2019 creció a 717 y en 2022 alcanzó las 819. En 2023, hasta agosto ya se habían abierto 587 carpetas de investigación por el delito de aborto.
Al respecto, Friné Salguero, directora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB), señaló que esto evidencia la importancia de seguir formando al Poder Judicial tanto como al personal que recibe las denuncias para que inmediatamente sean descartadas, al reconocer que es un delito que ya no debería perseguirse.
“También hay gente más conservadora, del ala conservadora radical, tanto dentro de las estructuras de gobierno como fuera, que lo ven como un castigo social donde ‘yo voy y de todas maneras te acuso y te levanto una denuncia’. Y si los jueces, las juezas, los ministerios públicos y todas las instancias de justicia estuvieran formadas, podrían de inmediato decir ‘no tiene lugar la carpeta de investigación”, indicó Salguero.
A su juicio, hace falta diseminar, explicar y ser pedagógicos en términos de qué implican para todas las instancias del Poder Judicial los últimos fallos de la Suprema Corte, que resolvió que las normas federales que criminalizan el aborto son contrarias a los derechos humanos y por lo tanto, se eliminarán del Código Penal federal, pero que además, las determinaciones anteriores respecto a la inconstitucionalidad del delito hablan de una postura a la que se tendría que ceñir todo el sistema judicial.
Dificultades de acceso y objeción de conciencia
El informe “Construir anticorrupción” añade que en las entidades federativas donde el aborto voluntario ya ha sido despenalizado, muchas mujeres y personas gestantes tienen dificultades para acceder a la interrupción de su embarazo.
“En Oaxaca, por ejemplo, donde el aborto voluntario es legal desde 2019, poco ha cambiado la realidad de las mujeres y personas gestantes que deciden o requieren abortar. En dicho estado, para diciembre de 2021, tan sólo 2 de las 962 unidades médicas operantes ofrecían los servicios de interrupción del embarazo”, asienta el documento.
Hasta ahora, el aborto ha sido despenalizado a nivel local en Ciudad de México desde 2007; en Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur y Quintana Roo entre 2019 y 2022 por la vía legislativa, así como en Coahuila y Aguascalientes gracias a amparos resueltos por el Poder Judicial. El último sucedió el 30 de agosto pasado.
A las barreras jurídicas y de hecho –advierten las organizaciones– se suman el estigma y la discriminación que las mujeres y personas gestantes reciben por parte del personal médico. De acuerdo con el documento, la sociedad civil organizada ha registrado que, en algunas entidades federativas del país como Chiapas, existe un alto porcentaje de personas prestadoras de servicios médicos que practican la objeción de conciencia y no cumplen con sus responsabilidades.
“El 42% del personal médico estaría dispuesto a referir a la paciente con una colega que esté dispuesta a realizar la interrupción del embarazo”, recupera el informe. La corrupción, concluye el documento, permite que se reproduzcan estas situaciones sin consecuencias para el personal médico. Por lo tanto, estos actos se han vuelto un mecanismo que abre la posibilidad a las objeciones y limitaciones por parte de las instituciones de salud que, por ley, deberían no solo proveer los servicios, sino hacerlo de manera accesible y gratuita.
“Hay que despejar las dudas de la sociedad, y decir que ya no existe la objeción de conciencia en una institución. Puede haber objetores de conciencia individuales, pero en las instituciones se tiene que garantizar el derecho al aborto. También explicar que estamos hablando ahora mismo de instituciones a nivel federal, en todo México, y de instituciones locales en aquellos estados donde ya está despenalizado el delito de aborto”, subraya Salguero.
La despenalización social, aún pendiente
La directora del ILSB destaca la importancia de comenzar a explorar las maneras en las que la despenalización social del aborto pueda convertirse en una realidad, y que este sea visto como un evento reproductivo más en la vida de las mujeres y las personas gestantes, como por ejemplo: impulsando, formando y creciendo los movimientos en todos los estados del país.
La organización, mediante 13 redes de personas que defienden derechos sexuales y reproductivos en diferentes entidades, pretende generar y crecer una masa crítica de juventudes que puedan explicar, ser pedagógicas y defender el derecho al aborto, al tiempo de garantizar que no se dé un paso atrás en términos de lo que se ha ganado.
“Tenemos que seguir generando estos liderazgos, tenemos que seguir fortaleciendo y formando a las juventudes para que conozcan también sus derechos y, de esa manera, no solo puedan exigirlos y que sean garantizados, sino que puedan tener una acción formativa al resto de la sociedad para poder hablar cada vez con menos tabúes de estos temas que ya son derechos ganados”, añade Salguero.
En ese marco, considera indispensable trabajar en una educación integral en sexualidad en las escuelas públicas, pero también en las instituciones de salud, de manera que sea un tema que se aborde sin estigmas, con énfasis en la prevención –que también implica erradicar el abuso y el acoso, así como hablar de consentimiento– y el abordaje del aborto como un evento de salud reproductiva, y no como un delito o un suceso de consecuencias fatales.
Además de los pendientes ya mencionados, la activista hace énfasis en que en los estados donde ya se ha despenalizado hace falta trabajar en las garantías de la provisión de un servicio gratuito, sin discriminación, con rutas claras y de manera adecuada.
“Creo que aunque hay ciertas ganancias muy relevantes, ganancias históricas que demuestran que no hemos quitado el dedo del renglón, todavía tenemos una fuerte chamba por hacer, por delante”, concluye Salguero.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MARCELA NOCHEBUENA.
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