La Comisión especial encargada para la investigación del caso, sospechaban de 130 personas de haber cometido el crimen contra el columnista cuyo motivo presuntamente sería su labor periodística o cuestiones personales.
A más de tres años de la muerte del periodista Manuel Buendía Tellezgirón, las autoridades no sólo desconocían quién lo había asesinado sino que la evidencia sobre el arma, los casquillos y otros objetos asegurados en la escena del crimen, permanecía "extraviada".
De acuerdo con documentos desclasificados de la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional (DGISN), entregados al Archivo General de la Nación (AGN) por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), las autoridades de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en particular la Comisión especial encargada para la investigación del caso, sospechaban de 130 personas de haber cometido el crimen contra Buendía cuyo motivo presuntamente sería su labor periodística o cuestiones personales.
El 24 de febrero de 1988, el fiscal especial del caso, Miguel Ángel García Domínguez, declaró en conferencia de prensa que la mayoría de las sospechas giraban en torno a los textos publicados por Buendía entre 1981 y 1984 en su columna Red Privada, de los cuales, 34 fueron seleccionados como prioritarios y estaban involucrados en 40 hipótesis relevantes para el caso.
Ante la falta de indicios concluyentes, el fiscal solicitó apoyo al público para que proporcione informes verídicos relacionados con la muerte del periodista, para ello, ofreció una recompensa de 500 millones de pesos.
Reconoció que el caso se encontraba en un momento de extensa dificultad por la cantidad de hipótesis de presuntos implicados y el extravío de pruebas cruciales, como la ropa que usaba Buendía al momento de ser asesinado, el 29 de mayo de 1984, y los proyectiles recogidos en la escena del crimen.
“A casi 40 meses de haber ocurrido el asesinato de Manuel Buendía, no se han encontrado las ropas que llevaba el periodista, se extraviaron los dos proyectiles que fueron recogidos, uno en las ropas y otro en una pared, desconociéndose las características del arma utilizada y el calibre, no se tiene la certeza de cuantos disparos hizo el homicida, ni cuantos impactos haya recibido el columnista”, según lo señaló el informe de la DGISN, consultado por Proceso.
Posteriormente, para el 29 de mayo de 1988 la Fiscalía Especializada para el caso Buendía, antes Comisión, emitió un informe en el que afirmó que, según los dichos del entonces director de la Policía Judicial, Trinidad Gutiérrez Sánchez, la ropa del periodista fue enviada de esta área a la Dirección General de Servicios Periciales de la PGJDF.
No obstante, dicha entrega no se llegó a confirmar ni siquiera por el siguiente director de la Policía Judicial, Raúl Melgoza.
Sobre las balas que impactaron el cuerpo de Buendía, el informe señaló que se trató de dos proyectiles calibre 38 special o 357 Magnum, probablemente disparadas desde un revólver Smith & Wesson, mientras que las que fueron encontradas en la gabardina del periodista y en un muero, fueron aseguradas por agentes de la DFS y supuestamente entradas a la Policía Judicial de la capital.
Sin embargo, el propio Gutiérrez Sánchez reportó que las entregó a la Dirección General de Servicios Periciales, desde donde supuestamente fueron devueltas a la Policía Judicial, hecho que jamás fue confirmado por el director de la Policía Judicial.
Entre los sospechosos estaban José Antonio Zorrilla Pérez, director de la DFS y Gerhard Georg Mertins, ciudadano alemán que fue señalado por el periodista de estar involucrado en una red de tráfico de armas.
Por ello, en la conferencia del 28 de febrero de 1988, el comisionado García Domínguez exhortó a Zorrilla Pérez a presentarse y declarar bajo la advertencia de que, de no hacerlo sería tachado como culpable y podría ser detenido. Lo que ocurrió en junio de 1989.
Gerhard Mertins, traficante de armas exnazi, según Buendía.
Manuel Buendía había señalado en varias de sus columnas al alemán Gerhard Georg Mertins de exnazi y traficante de armas que se estableció en México para mandar armas a Centroamérica a armar a los Contras en Nicaragua.
Exoficial de la SS, Mertins fundó la empresa de distribución de armas Merek, involucrada en la compra legal e ilegal de armas en Latinoamérica durante el siglo XX y cercano a Reinhard Gehlen, antiguo director del aparato de inteligencia alemán, Bundesnachríchtendienst (BND).
De acuerdo con el profesor del CIDE e integrante de la Comisión de la Verdad de la Secretaría de Gobernación, Carlos A. Pérez Ricart, Mertins y Merek entraron en Latinoamérica con el apoyo de Walter Drück, ex general mayor de Wehrmacht y agente de la BND que buscó el apoyo de jerarcas nazis escondidos particularmente en Sudamérica.
También tuvo conexiones con la Colonia Dignidad en Chile, un enclave fundado por nazis en 1961 que huyeron de Alemania con el fin de la Segunda Guerra Mundial y donde se llegaron a torturar gente enemiga del régimen de Pinochet, siendo Mertins socio y creador del ‘círculo de amigos de la Colonia Dignidad’, según documentos desclasificados por el gobierno alemán en 2016.
MEREK y Mertins tuvieron una amplia presencia en México, sin embargo, al estar señalado en el caso Buendía, el exSS huyó de México y se estableció en Florida, donde permaneció hasta su muerte, en 1993.
Un exagente de la DFS investigó el caso Buendía
Previo a que el presidente Miguel de la Madrid ordenara formar la Comisión para Esclarecer el asesinato de Manuel Buendía, el encargado de la investigación era el director general de la Policía Judicial, el Capitán Jesús Miyazawa Álvarez, designado por el procurador del DF, Renato Sales Gasque, padre del actual Fiscal de Justicia de Campeche, Renato Sales Heredia.
Antes de llegar a gobierno de la Ciudad de México, Miyazawa Álvarez ocupó cargos en la Dirección Federal de Seguridad (DFS), así como en la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales (DIPS), donde estuvo encargado de las Brigadas Blancas, una unidad de contrainsurgencia creada por Miguel Nazar Haro, director de la DFS en los tiempos de Echeverría.
De acuerdo con lo publicado en Proceso, en ese grupo, Miyazawa y los otros integrantes, compuestos por miembros de las fuerzas armadas, se encargaron de localizar y desmantelar a la Liga Comunista 23 de septiembre, así como de torturar y desaparecer a varios de sus miembros.
El exdirector de la policía Judicial también estuvo implicado en la investigación del caso del doble asesinato de los Flores Muñoz, donde saltó a la fama debido a la relevancia del caso y su papel en la investigación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GERARDO FARELL.
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