Mediante dos resoluciones, publicadas en marzo de 2022 y el pasado 28 de agosto, el gobierno ordenó una reducción drástica del número de operaciones en el AICM, de 62 a 43 vuelos por hora, para atender el problema histórico de saturación en el recinto aeroportuario, y a la vez para desviar parte del tráfico aéreo hacia el AIFA, obra emblemática de López Obrador que sigue operando muy por debajo de su capacidad.
Esta decisión, tomada sin consultar a los actores del sector, desató una ola de inconformidad en la industria aeronáutica nacional e internacional: la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero), la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), así como empresas aéreas y el gremio de pilotos. Todos protestaron contra una medida que afectará el espacio aéreo en el centro del país.
Ante la embestida generalizada, el gobierno aplazó la aplicación de la medida hasta el próximo mes de enero, en lugar de octubre.
El AICM, administrado por la Secretaría de Marina (Semar), no hizo ningún comentario respecto a la medida del 28 de agosto, a pesar de que la resolución pondría más en riesgo sus finanzas, ya mermadas. En sus estados financieros dictaminados de 2022, el AICM había manifestado su inquietud respecto a una primera reducción de sus operaciones --de 62 a 52 por hora--, que implicaba el traslado del transporte de carga al AIFA.
“Una situación no tan positiva para el AICM, el 3 marzo de 2022 la AFAC emitió una declaratoria de saturación de pasajeros de los edificios terminales del AICM, lo que establece un límite al AICM para la atención de pasajeros. Lo anterior da pauta para iniciar la gestión de pasajeros a través del nuevo AIFA. Una de las consecuencias de lo anterior fue el decreto de la Presidencia de la República para que, en 2023, el transporte de carga se traslade en su totalidad al AIFA, lo cual seguramente afectará los ingresos en el AICM”, sostuvo la administración del aeropuerto.
De acuerdo con la IATA y otros actores del sector, más allá del problema de la saturación, el AICM tiene una infraestructura añeja, y necesita inversiones masivas para modernizarla. Sus ingresos permitirían financiar las obras, pero la mayor parte de ellos nunca llega a su caja: aterriza directamente al Fideicomiso Irrevocable de Garantía, Administración y Fuente de Pago número 2172, abierto en el banco Invex.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, este fideicomiso se constituyó para financiar la construcción del NAIM; el dinero provenía de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) del AICM, el cual estaba destinado a desaparecer tras la inauguración del megaproyecto. Después de la cancelación del NAIM, una de las primeras decisiones de Andrés Manuel López Obrador, el fideicomiso ha sido utilizado para reembolsar más de 4 mil 200 millones de dólares que tenedores de bonos invirtieron en el NAIM. Ello quitó al AICM una parte sustancial de sus ingresos y no le permitió invertir en su propia infraestructura.
El año pasado el AICM cobró 11 mil 732 millones de pesos a los pasajeros a través de la TUA, pero los tuvo que entregar enseguida a al fideicomiso. El año anterior, 8 mil 122 millones de pesos de TUA se desvanecieron de las cajas del AICM; en 2020, año de la pandemia de Covid-19, fueron 4 mil 870 millones de pesos, y en 2019 fueron 11 mil 56 millones de pesos, por un total de más de 35 mil 780 millones de pesos.
Perder la TUA está cavando un pozo en las finanzas del AICM, pues este cobro representa el 70% de los ingresos del aeropuerto, muy por encima de la renta de espacios comerciales (3 mil 717 millones de pesos en 2022) o de los servicios aeroportuarios que cobra a las aerolíneas (mil 815 millones de pesos el año pasado). Así, el año pasado, el AICM recibió un presupuesto de inversión de apenas 564 millones de pesos.
“El AICM ha venido operando prácticamente con los ingresos de los servicios comerciales”, deploró la administración del aeropuerto en sus estados financieros dictaminados de 2022.
AIFA, “hoyo financiero”
Por su parte, el AIFA recibió ingresos propios de apenas 138 millones 820 mil pesos a partir de su entrada en operación, el 21 de marzo de 2022, hasta el 31 de diciembre de ese año. Sentado sobre una inversión de 90 mil millones de pesos, ese aeropuerto, dirigido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), busca recibir una parte del tráfico aéreo de la Ciudad de México.
Sin embargo, en sus primeros meses de operación, el AIFA resultó un hoyo financiero, y el gobierno tuvo que sacar mil 328 millones de pesos del erario para inyectarle a la empresa de la Sedena que lo administra. Este monto es tres veces superior al que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tenía contemplado en subsidios para el aeropuerto militar.
Según los estados financieros dictaminados del AIFA, el año pasado aeropuerto recibió 76 millones 394 mil pesos de TUA, otros 30 millones de pesos de servicios aeroportuarios y 22 millones 795 mil pesos en servicios comerciales. Todos sus ingresos sumaron apenas una décima parte de sus gastos, que se elevaron a mil 276 millones de pesos, repartidos en el pago de la nómina --384 millones de pesos, más de dos veces el monto de sus ingresos--, materiales –61 millones de pesos-- y servicios generales –824 millones de pesos--.
En otras palabras: durante su primer año de operación, el AIFA funcionó con 90% de fondos públicos. Para el gobierno federal, el AIFA no busca la rentabilidad ni el equilibrio financiero: en el informe financiero, la administración del aeropuerto recalcó que “la finalidad de la política económica como principio rector del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 no es producir cifras y estadísticas armoniosas, sino generar bienestar para la población”.
De hecho, en comparación con el AICM, el AIFA resultó un aeropuerto muy oneroso. En 2022, año en que operó solamente nueve meses, el AIFA administró poco menos de 9 mil vuelos y atendió a 912 mil 415 pasajeros, un promedio de 3 mil 190 personas por día. En todo el año, el AICM, reportó 387 mil 450 vuelos y más de 46 millones de pasajeros, con un promedio de 126 mil visitantes al día.
Con un gasto total de funcionamiento cuatro veces mayor al del AIFA –14 millones 564 mil pesos por día en el AICM contra 3 millones 527 mil pesos diario en el AIFA--, el AICM atendió a un número de pasajeros 40 veces mayor.
Mil 294 mdp “pendientes de formalizar”
Otra ocurrencia derivada de la anulación del NAIM tuvo un costo elevado para el erario. En 2019, como parte de su plan para aliviar la saturación del aeropuerto capitalino, el gobierno federal pensó en construir una tercera terminal aérea en el recinto, como complemento al AIFA y al Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT).
La idea consistía en construir una Terminal 3, con 17 nuevas posiciones de contacto, en el lugar que ocupa el fastuoso Hangar Presidencial. El gesto traía una fuerte carga simbólica, pues durante su sexenio, Enrique Peña Nieto mandó renovar el Hangar Presidencial con obras adjudicadas a Grupo Higa, propiedad de su amigo y prestanombres, Juan Armando Hinojosa Cantú, que se retrasaron y terminaron costando mil 182 millones de pesos, un 70% más que planeado.
Con este proyecto en mente, el gobierno desbloqueó mil 924 millones de pesos para el AICM; de este monto, 907 millones 389 mil pesos fueron entregados a la Sedena para que removiera las instalaciones militares ubicadas en esta zona del AICM: la Base Aeronaval de México, el Escuadrón Aeronaval 031, el Batallón de Infantería de Marina 24, la Unidad Especial de Transporte Aéreo, el 6to Grupo Aéreo y la Escuela de Aviación Militar.
En abril de 2020, el gobierno dio marcha atrás a su plan. Ante el derrumbe del tráfico aéreo internacional, producto de la pandemia de Covid-19, canceló el proyecto de la Terminal 3, y pidió la devolución de los recursos que entregó al AICM. De los 907 millones de pesos que recibió, la Sedena sólo reintegró 630 millones de pesos; y del monto total erogado por el gobierno federal, mil 294 millones de pesos quedaron “pendientes de formalizar”, según los estados financieros dictaminados de 2022.
Grillas castrenses
Como lo ha hecho en varios sectores de la administración pública durante su sexenio, el presidente López Obrador ha entregado el control de una parte de la infraestructura aeroportuaria y de la administración aérea civil a las Fuerzas Armadas, en un reparto inequitativo entre la Sedena y la Semar que generó grillas al interior del gabinete.
Las tensiones entre Sedena y Semar quedaron exhibidas en cartas que intercambiaron Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, y Rafael Ojeda Duran, titular de la Semar, en junio de 2022. Las misivas, que aparecieron entre los más de 4 millones de archivos de la Sedena hackeados por el colectivo Guacamaya, dan cuenta de roces entre soldados de la Semar y de la Sedena en el Aeropuerto Internacional de Cancún, cuando los primeros vinieron a tomar posesión de los puestos de control del Instituto Nacional de Migración (INM).
Desde el arranque de su sexenio López Obrador entregó el control del AIFA, de una nueva aerolínea civil –que retomará la marca de Mexicana de Aviación-- y de los nuevos aeropuertos de Tulum, Palenque y Chetumal. Además, permitió a la Sedena que elaborara una serie de reformas que le otorgaron más herramientas a la dependencia para vigilar el espacio aéreo.
En paralelo, el mandatario dio el control de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) –un órgano desconcentrado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)-- a generales en retiro de la Sedena: en enero de 2021 nombró al general Carlos Antonio Rodríguez Munguía, y en octubre de 2022 lo sustituyó por el general Miguel Enrique Vallin Osuna.
Al frente de la AFAC, los mandos de la Sedena enviaron los decretos que ordenaron la reducción de operaciones en el AICM y su traspaso al AIFA, en el momento en que el aeropuerto capitalino estaba por pasar bajo la administración de la Semar.
Además de ceder las riendas del AICM a la Semar, López Obrador anunció este año que entregaría el control de los aeropuertos de Ciudad del Carmen, Ciudad Obregón, Guaymas, Matamoros, Loreto y Toluca a esa institución castrense, que en el sexenio actual recibió también la administración de los puertos civiles, de las aduanas marítimas y del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
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