Un tribunal confirmó que los informes bancarios remitidos por Suiza y Brasil, con los que la FGR buscaba acreditar la entrega de sobornos por parte de Odebrecht a Lozoya, no pueden ser admitidos como pruebas en el juicio porque fueron obtenidos sin contar con una autorización judicial.
La semana pasada, un tribunal federal confirmó que los informes bancarios remitidos por Suiza y Brasil, con los que la Fiscalía General de la República (FGR) buscaba acreditar la entrega de sobornos por parte de Odebrecht a Lozoya, no pueden ser admitidos como pruebas en el juicio contra el exdirector de Pemex porque fueron obtenidos sin contar con una autorización judicial.
Este es el único asunto vigente contra Lozoya y, ante tal resolución, la FGR acusó que jueces y magistrados federales han actuado de manera parcial e ilegal para favorecer a Emilio Lozoya.
Este lunes, Miguel Ontiveros y Alejandro Rojas Pruneda, abogados de Lozoya, indicaron a través de un comunicado:
“Que la Fiscalía General de la República haya recibido dichas pruebas con base en un Tratado Internacional, no legitima la ilicitud de la prueba obtenida con base en violaciones a derechos fundamentales. De ahí que la resolución judicial que la FGR califica de parcial e ilegal, es absolutamente correcta, lícita y acorde a un modelo democrático de derecho penal, respetuoso de los derechos fundamentales de las personas humanas y jurídicas”.
Destacaron que el pasado 6 de septiembre en el caso Odebrecht en el que se involucró al expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el Supremo Tribunal Federal de aquel país también desechó pruebas por considerarlas ilícitas.
“Esta sentencia deja claras las graves violaciones a derechos fundamentales cometidas a escala de la investigación y del juicio del caso Odebrecht y que impactan en el resto de casos instaurados a escala mundial. Entre éstas destacan la flagrante violación a la cadena de custodia de los sistemas informáticos de Odebrecht —de donde se obtuvo toda la información para imputar a diversos actores a nivel internacional—, y la mecánica mediante la cual los fiscales brasileños y el Juez de la causa se coludieron para acordar — ilícitamente—, la forma de imputar a Lula da Silva”, señalaron.
“Este hecho resquebrajó el pilar del sistema acusatorio —también vigente en México—, conforme al cual una parte es la que acusa y otro sujeto procesal es el que decide: en este caso ambos acusaron. A estas dos flagrantes violaciones a los derechos fundamentales se suma una tercera —que no es la última—, consistente en la coacción psicológica ejercida sobre diferentes testigos, la cual ocasionó enfermedades y muerte de personas vinculadas al caso Odebrecht. En suma: las pruebas utilizadas en el caso Odebrecht están contaminadas de origen, por ello son ilícitas y no pueden ser utilizadas en México”.
Asimismo, rechazaron que fuera ilegal que un juez de control decidiera suspender el proceso contra Lozoya por el caso Agronitrogenados aplicando tratados internacionales, leyes mexicanas y jurisprudencia para que el acuerdo reparatorio firmado por Alonso Ancira le beneficie también al exdirector de Pemex.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.
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