Con la salida de Alejandro Encinas Rodríguez, el Presidente López Obrador informó que Félix Arturo Medina Padilla no sólo se hará cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación (Segob); sino también de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj).
Encinas Rodríguez fue víctima del espionaje del Ejército a través del programa israelí Pegasus, de acuerdo con información divulgada por The New York Times. Su celular fue hackeado por órdenes de los militares, dijo, y tuvo acceso a sus conversaciones de WhatsApp, imágenes, audios y correos electrónicos. Además de cuatro fuentes, un análisis forense independiente confirmó el hackeo, reportó el diario estadounidense.
“La licencia de Pegasus está permitida sólo a agencias del Gobierno, y aunque no hay pruebas definitivas sobre cuál es la que realizó el hackeo al celular de Encinas, el Ejército es la única entidad en México que tiene acceso al programa espía, según cinco personas con conocimiento de los contratos. De hecho, el Ejército mexicano ha infectado más celulares con esa tecnología que cualquier otra instancia gubernamental en el mundo”, afirmó el Times.
Alejandro Encinas fue una piedra en el zapato para las Fuerzas Armadas. En marzo pasado, por ejemplo, denunció que militares ejecutaron a los cinco jóvenes que murieron el 26 de febrero en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en eventos que provocaron una gran indignación. “No se trató de un enfrentamiento, independientemente de quiénes eran, fueron ejecutados”, aseguró. “Todos tienen derechos, pero quienes infringen la Ley deben cumplir con su responsabilidad. Por supuesto que la investigación debe de abordar las cadenas de mando, no solamente la responsabilidad de los elementos de las Fuerzas Armadas sino de la cadena de mando en este operativo”.
El 27 de septiembre pasado, Encinas presentó el Segundo Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa. Fue directo: Una “Junta de Autoridades” encabezada por Peña Nieto llevó a cabo la construcción de la “verdad histórica”, el intento por ocultar que autoridades estaban involucradas en la tragedia de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Además estuvieron, detalló el entonces funcionario, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el Procurador Jesús Murillo Karam; el Secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos; el Secretario de la Marina, Vidal Francisco Soberón; el Jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño; el director del Cisen, Eugenio Imaz; el encargado del despacho de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, Jorge Hugo Ruiz Reynaud; y el director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AICM), Tomás Zerón de Lucio.
Pero de todos estos funcionarios, sólo Murillo Karam fue detenido, y señalado de tortura y de ser responsable en el encubrimiento de la desaparición de los 43 normalistas. Actualmente está hospitalizado en la Torre Médica de Tepepan.
Los padres de los normalistas han pedido al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador que se abra una investigación penal contra el expresidente Peña Nieto y las autoridades de alto nivel que se describen en el informe como parte de la “Junta de Autoridades” al ser los artífices de la “verdad histórica”.
Antes, el 21 de septiembre pasado, los padres de los 43 normalistas llegaron a la Ciudad de México para presionar a las autoridades. Al grito de “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, arribaron a las afueras del Campo Militar Número 1. “Van nueve años de la desaparición forzada de nuestros hijos. Seguimos en pie de lucha. Les pedimos (a normales rurales y organizaciones) que nos sigan acompañando hasta alcanzar la verdad y la justicia. No podemos avanzar con las investigaciones porque topamos con el Ejército”, señaló Cristina Bautista, madre de uno de los estudiantes.
Mario González, padre de otro de los jóvenes desaparecidos en 2014, agradeció a los normalistas por no olvidar a sus compañeros: “Estamos aquí en el Batallón, en el Campo Militar 1, donde se concentra la información de todos los batallones, que son instituciones encargadas de velar por el bienestar del ciudadano, pero no son más que unos criminales y cobardes con armas atacando a estudiantes que lo único que llevaban era un libro”. El padre recordó que el Ejército puso a un infiltrado cuando salió el camión y no se sabe cuándo fue su última comunicación: “los cobardes dejaron a su compañero para desaparecerlo”.
Don Mario reprochó que el Presidente piense que los padres están manipulados: “Claro que estamos manipulados, pero por el dolor. Lo único que hace el Presidente es atacar a nuestros equipos, a esos equipos que estuvieron con nosotros desde el principio y nos tendieron la mano”. Agregó: “Ya no vemos a dónde caminar con este dolor. Al Presidente, decirle que no hay Cuarta Transformación mientras no haya verdad”.
El 28 de septiembre pasado, Alejandro Encinas dio entrevista a SinEmbargo, en el programa “Los Periodistas” que conducen Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela. Allí dijo que Tomás Zerón de Lucio, prófugo en Israel, así como Murillo Karam, confirmaron que sí mantuvieron reuniones con el expresidente Peña en la residencia oficial de Los Pinos para fabricar la llamada “verdad histórica”.
El Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación expresó en el canal de SinEmbargo Al Aire en YouTube que Peña Nieto fue señalado como “la cabeza de una junta de autoridades del más alto nivel que celebraron reuniones en la residencia oficial de Los Pinos en la que concurrieron distinto integrantes de su gabinete”.
Alejandro Encinas detalló que dicha información fue confirmada tanto por Tomás Zerón, quien actualmente se encuentra en Israel, a través de un cuestionario y por Murillo Karam, quien, precisó, ha reconocido en diversas entrevistas que el documento se discutió en Los Pinos.
“Es una información que el propio señor Tomás ‘N’ nos proporcionó en un cuestionario que nosotros le planteamos después de que tuvimos este encuentro en Israel. Este cuestionario lo recibí directamente a través de sus abogados y al mismo tiempo lo turné a la Fiscalía Especializada por el caso Ayotzinapa, forma parte de la investigación y es una de las líneas de investigación que está desarrollando la Fiscalía. En las declaraciones del exprocurador de Justicia, él asumió plenamente la responsabilidad de la verdad histórica, aunque ha reconocido en las entrevistas que he tenido con él que este documento se discutió justamente en Los Pinos”, declaró.
El 11 de octubre pasado, el Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia (CoVEHJ) denunció la obstaculización de los militares en las tareas de consulta de la documentación histórica sobre las violaciones a los derechos humanos en el periodo de 1965 a 1990, que es resguardada en archivos militares.
El Mecanismo señaló que durante el último año enfrentó diversos hechos de negación y obstaculización por parte de la Sedena en torno a la revisión de documentos, situación que fue incrementando con el paso del tiempo. “Lo que inició como una colaboración pasiva se convirtió en una obstrucción activa en la que se desacató la instrucción presidencial de cero ocultamiento y cero impunidad”, acusó.
Al día siguiente, López Obrador dijo que el equipo de investigación para esclarecer la Guerra Sucia se quería ir, que buscaba a otro.
–¿Pediría la reinstalación de las personas investigadoras del Mecanismo? –preguntó un reportero durante la conferencia de prensa matutina.
–Sí, si ellos quieren –afirmó López Obrador.
–¿Qué garantías se les darían para que ellos puedan regresar? –cuestionó.
–No, pues es que si ellos no tienen convicciones y no tienen confianza, mejor que no regresen y ya buscamos a otras personas que nos ayuden –respondió el mandatario.
AUTOR: REDACCIÓN.
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