Los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro –que López Obrador ofreció a los presidentes de la región— no han frenado la migración masiva de los mexicanos hacia Estados Unidos: uno de cada tres migrantes detenidos por la Patrulla Fronteriza es mexicano.
En el primero de los 13 puntos de la declaración conjunta, emitida después de la reunión, López Obrador ofreció implementar en la región dos de sus programas sociales emblemáticos, Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, y acentuar la “cooperación en materia de gas, electricidad y energías renovables” para revertir la pobreza en los países de origen. Con ello, el mandatario mexicano presentó sus políticas sociales como una solución al aumento del fenómeno migratorio.
Sin embargo, no existe evidencia de que estos programas reduzcan la migración; de hecho, durante su sexenio, los mexicanos han seguido emigrando de manera masiva a Estados Unidos, y hasta la fecha aproximadamente una de cada tres personas migrantes detenidas por las autoridades estadunidenses en su frontera sur es mexicana.
En 2020, año de la pandemia de covid-19, la Patrulla Fronteriza y la Oficina de Operaciones de Campo reportaron la detención o el rechazo al ingreso de 297 mil 711 mexicanos, cifra superior a los 237 mil eventos reportados en 2019, a los 222 mil 587 de 2018 o a los 182 mil 106 de 2017.
En 2021, con la aplicación de las medidas de devolución automática del Título 42 fueron reportados 655 mil 594 eventos que involucraron a mexicanos, en 2022 se registraron 808 mil 339 y en 2023 se contabilizaron 717 mil 333, de acuerdo con las estadísticas de la Patrulla Fronteriza. La gran mayoría de ellos eran adultos solos, aunque en 2023 hubo un incremento importante de personas que viajaron en familia y fueron detenidas en la frontera, con 157 mil 603 reportes, es decir, un 20% del total.
Estos datos contrastan con lo que declaró el presidente López Obrador en su conferencia matutina del pasado 9 de agosto, cuando aseveró que “cada vez hay menos mexicanos que se ven obligados a emigrar a Estados Unidos”.
Así, aunque la tasa de pobreza ha bajado en México durante el sexenio actual, y que los gobiernos de México y Estados Unidos negociaron para aumentar el número de visas laborales, las personas no dejaron de emprender el viaje sin documentos a Estados Unidos, donde vive un 10% de la población mexicana, que aportarán este año 63 mil millones de dólares a México en remesas.
“Es notable que durante la administración Obama, el número de detenciones de nacionales de México declinó de manera paulatina hasta el inicio de la administración Trump, y volvió a crecer durante la administración Biden hasta alcanzar números no vistos desde el año fiscal 2008”, señaló un informe publicado en agosto pasado por el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), un laboratorio especializado en el tratamiento de datos migratorios, afiliado a la universidad de Syracusa, en Estados Unidos.
Eficacia no probada
Según Gretchen Kuchner, directora del Instituto para las Mujeres en Migración (IMUMI), López Obrador convocó a los gobiernos de Cuba, Venezuela, Colombia, Honduras, Haití, Panamá, Costa Rica y Belice –así como un representante del gobierno electo de Bernardo Arévalo en Guatemala-- al Encuentro de Palenque para impulsar una “una narrativa diferente” en materia migratoria.
Como el gobierno mexicano no invitó al gobierno de Estados Unidos a la cumbre --a cambio, López Obrador se comprometió a acudir a la cumbre de la APEC en noviembre--, los gobiernos de Cuba y Venezuela pudieron denunciar las sanciones económicas como factor de expulsión de migrantes sin recibir críticas por la situación política en sus países.
En este contexto, Kuchner considera que la canciller Alicia Bárcena Ibarra juega un papel de “intermediadora” entre Washington y los países de la región, de los que recogió las “preocupaciones”.
De la cumbre, resaltó que la declaración final incluye “mensajes políticos” --la exigencia de poner fin a las sanciones--, consideraciones ambientales y algunas incoherencias, como el llamado a respetar los derechos humanos de los migrantes mientras continúan los operativos militares contra las personas indocumentadas.
Respecto a la “cooperación por el desarrollo”, Kuchner resalta que se trata de una agenda que impulsó el gobierno de López Obrador desde el arranque del sexenio, y que recayó en parte en la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) durante la presidencia de Bárcena. Sin embargo, expresa sus dudas sobre los efectos de los programas sociales del gobierno mexicano en la migración. “Una persona migra cuando sale de la pobreza”.
López Obrador ya había lanzado el programa Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en otros países. Lo hizo en el verano de 2019, justo después de conceder al gobierno de Donald Trump un endurecimiento brutal de su política antiinmigrante, con el despliegue de 26 mil soldados de la Guardia Nacional en las fronteras sur y norte del país para bloquear a las personas indocumentadas.
Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro ya se aplican en Honduras y El Salvador desde 2019, donde se distribuyen los apoyos de 250 dólares de apoyos a agricultores y jóvenes. El primer programa arrancó en Guatemala, Cuba y Belice este año, y una carta compromiso plantea su instauración en Haití en un futuro próximo, aunque está paralizado por la situación de inseguridad que impera en el país caribeño.
Aunque el gobierno mexicano presumió, en 2022, el éxito de sus programas sociales en Honduras y El Salvador –aseveró que el deseo de emigrar prácticamente desapareció entre sus beneficiarios--, una investigación colaborativa coordinada por Connectas y publicada en junio pasado exhibió los límites y la opacidad de esta política de cooperación inédita en México, con diferencias sustanciales entre los montos invertidos por el gobierno mexicano y el número de productores presuntamente beneficiados.
La investigación también resaltó que no existen efectos probados del programa social en materia de migración.
Vuelven las deportaciones
López Obrador convocó a la cumbre de Palenque en medio de un nuevo cambio en su política migratoria, marcada por el reinicio de las deportaciones a Venezuela y a Cuba.
El pasado 16 de octubre, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) publicó un comunicado, donde exhortó al gobierno mexicano que, ante la reanudación de las deportaciones a varios países, “se asegure que la persona no requiere protección internacional, es decir, que su vida o su seguridad no estén en riesgo si son retornadas”.
En mayo pasado terminó formalmente la aplicación del Título 42, una herramienta heredada del gobierno de Donald Trump que la administración gobierno de Estados Unidos utilizaba para devolver de manera automática migrantes en México. El gobierno de Biden cambió el Título 42 por el Título 8, otra medida que permite la deportación “en caliente” de migrantes a México; a cambio, aumentó las vías legales para recibir solicitudes de refugio y de trabajo, principalmente a través de una aplicación móvil llamada CBP One.
Durante el primer mes de aplicación, la medida pareció surtir efecto, pues el número de aprehensiones se redujo de manera drástica, pero rápidamente la situación se degradó pues decenas de miles de personas se quedaron varadas en la frontera sur de México, esperando una cita para viajar a Estados Unidos, o para recibir papeles de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).
Muchos decidieron seguir el viaje, y entre junio y septiembre las detenciones de personas extranjeras a la frontera sur de Estados Unidos se duplicaron, pasando de 144 mil a 270 mil. El fin de la aplicación del Título 42 también duplicó el número de convocatorias de nacionales mexicanos ante cortes de inmigración de Estados Unidos: durante los 81 días previos a la eliminación de la medida fueron emitidas 27 mil 507 “notificaciones de comparación” (notice to appear, en inglés), y durante los 81 días posteriores se emitieron 53 mil 606.
Con las elecciones presidenciales del próximo año en la mira, el Partido Republicano utilizó la llegada masiva de migrantes a la frontera con México como arma política contra el gobierno de Joe Biden, al que acusó de ser demasiado laxo. Bajo esta presión, el gobierno estadunidense de Biden colocó por primera vez el tema migratorio en la agenda bilateral de seguridad, y hasta anunció la ampliación de una parte del muro fronterizo en Texas.
En el Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad entre México y Estados Unidos, que se celebró en la capital mexicana durante la primera semana de octubre, las delegaciones de ambos países se comprometieron a incrementar sus “esfuerzos” y coordinar sus acciones para “abordar la migración irregular”.
Acto seguido, el gobierno mexicano dio un nuevo empuje a su política de deportación, una práctica que había reducido de manera sustancial este año: entre enero y agosto, el Instituto Nacional de Migración (INM) reportó 38 mil 470 deportaciones, principalmente a Centroamérica, una cifra mucho menor a las 87 mil 460 reportadas en el mismo periodo del año pasado.
El pasado 16 de octubre, es decir, unas semanas después de la reunión de seguridad con Estados Unidos y escasos días antes de la cumbre en Palenque, Alicia Bárcena viajó a Caracas y se reunió con Nicolás Maduro para, entre otros, acordar con él un programa de “retorno asistido” de migrantes venezolanos.
Dos días más tarde aterrizó a la capital de Venezuela el primer vuelo proveniente de Estados Unidos con 130 migrantes a bordo, lo que marcó el reinicio del programa de deportación desde Estados Unidos al país sudamericano. El mismo día, el gobierno de Estados Unidos levantó parcialmente las sanciones económicas contra el petróleo extraído de Venezuela, las cuales le impedían vender su crudo y restringían las inversiones extranjeras en el sector petrolero del país.
El 21 de octubre, el gobierno mexicano modificó sus protocolos de entrada por via aérea en el país: anunció que exigiría una visa para los extranjeros, incluso quienes se encuentran en tránsito en un aeropuerto internacional, esperando una conexión hacia otro país, una forma de viaje que suelen elegir viajeros de Cuba para salir de la isla.
Buenas intenciones
En su conferencia del pasado 23 de octubre, un día después de la cumbre de Palenque, López Obrador aseveró que los países de la región deben “buscar opciones”, atendiendo las “causas” y haciendo “a un lado las medidas coercitivas” contra los migrantes a la par de combatir a las “mafias que controlan la migración”.
El mandatario pronto enfocó su discurso sobre las sanciones y bloqueos impuestos por el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela y Cuba, y llamó al gobierno de Estados Unidos a invertir masivamente en la región, como lo hizo el expresidente John Kennedy en su Alianza para el Progreso.
Más allá de las consideraciones geopolíticas de la cumbre, las personas siguen llegando por miles en la frontera sur de México, donde pernoctan en campamentos y se enfrentan a la saturación de la COMAR, sin muchas opciones para regularizar su estancia en México.
Al margen del Encuentro de Palenque se reanudaron las detenciones de migrantes en la estación migratoria Siglo XXI y los vuelos de deportación hacia Cuba, Venezuela y Haití, señala Yuriria Salvador, directora de incidencia en el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, que opera en la ciudad fronteriza de Tapachula, una de las principales puertas de entrada de México para las decenas de miles de personas migrantes originarias de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe que buscan ir a Estados Unidos.
“Por una parte tenemos un discurso institucional que habla sobre el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, pero en la práctica ellas se enfrentan a un muro institucional, con puestos de control, Guardia Nacional y espacios de detención”, deplora.
Aparte, resalta que la “apuesta presupuestal” del gobierno mexicano sigue siendo la “contención, la detención y la deportación” en lugar del reforzamiento de la COMAR o de financiar una política de “dignidad en los flujos migratorios”.
La activista también señala que, entre los factores que empujan a las personas a emigrar, destacan la “violencia generalizada” y la “persecución política”. Observa que estos temas no aparecen en la declaración común del Encuentro de Palenque, a la que califica como unas “buenas intenciones que no se traducen en una hoja de ruta”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
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