Al día de hoy la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra el Estado mexicano por las deficiencias, revictimización y omisiones en que incurrieron las diversas autoridades detrás de la investigación, continúa sin ser cumplida a cabalidad, además, funcionarios que en su momento afirmaron que la defensora se había suicidado, continúan en cargos públicos en total impunidad.
A 22 años del asesinato de Digna Ochoa recordamos que una disculpa pública y cuatro presidentes han pasado por el caso, pero ninguno ha logrado dar una resolución satisfactoria.
Cabe recordar que cuando se perpetró el asesinato de Digna Ochoa, el jefe de gobierno del entonces Distrito Federal era Andrés Manuel López Obrador, quien se comprometió a “esclarecer el crimen de la defensora”. Pero esto no sucedió.
Por su labor, Digna Ochoa fue víctima de amenazas e incluso secuestro, ocurrido el 9 de agosto de 1999, cuando un grupo de hombres la privaron de su libertad durante cuatro horas.
Ante esto, el 7 de septiembre de 1999, Digna Ochoa decidió solicitar medidas cautelares para ella y los miembros del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Prodh), organización en la que laboraba. Luego de casi dos años desde su solicitud, se dieron por concluidas las medidas provisionales otorgadas y Digna Ochoa fue asesinada.
El 19 de octubre de 2001, Digna fue encontrada sin vida en su despacho ubicado en la calle Zacatecas número 31, en la colonia Roma. Las autoridades capitalinas investigaron durante una década el caso y, después de revisar tres líneas de investigación: ”Militares”, “Guerrero” y “Entorno familiar, laboral y social”, concluyeron que la causa de la muerte había sido suicidio.
La familia de la defensora insistió en que Digna Ochoa no se suicidó de tres disparos. Pese a esto, tres procuradores –Bernardo Bátiz Vázquez, Rodolfo Félix Cárdenas y finalmente, Miguel Ángel Mancera Espinosa– mantuvieron firme su postura y en tres ocasiones (julio de 2003, marzo de 2007 y noviembre de 2010) decidieron no ejercer acción penal.
Tras agotar todas las vías jurídicas, la familia de Digna Ochoa, acompañada de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analizar el caso, instancia que en 2013 lo admitió y en 2019 lo remitió a la Corte Interamericana.
A más de dos décadas del homicidio, el 29 de enero de 2022, la CoIDH notificó al Estado mexicano la sentencia en su contra. La Corte declaró que, desde que se perpetró el homicidio, la investigación estuvo sesgada debido a que las autoridades aplicaron estereotipos de género, y consideraron aspectos íntimos y personales de la defensora para sus conclusiones.
Además, la Corte Interamericana ordenó al Estado la adopción de diversas medidas de reparación, entre ellas: promover y continuar las investigaciones que sean necesarias para determinar las circunstancias de la muerte de Digna Ochoa; y, en su caso, juzgar y eventualmente sancionar a la persona o personas responsables de su muerte.
Al día de hoy el Estado mexicano no ha cumplido con recomendaciones en caso Digna Ochoa
El pasado mes de agosto la Corte IDH dio a conocer la resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia en el caso Digna Ochoa, en la que se pronunció sobre cinco de las 15 medidas de reparación ordenadas en dicha sentencia notificada en enero de 2022.
La Corte solicitó información al Estado mexicano en relación a la investigación de la muerte de Digna Ochoa y sobre las modificaciones que se deben hacer a los Servicios Periciales para que sean imparciales.
Pero el 20 de marzo de 2023, las representantes del Estado expusieron varias objeciones por las cuales consideran que dichas reparaciones se encuentran aún pendientes de cumplimiento.
“Previo a pronunciarse sobre la solicitud del Estado, la Corte estima pertinente que presente un nuevo informe actualizado y detallado, en el cual deberá referirse a las objeciones de las representantes, a fin de que el Tribunal cuente con información completa para valorar el nivel de cumplimiento de esas medidas en una resolución posterior”.
Respecto al tratamiento médico para las víctimas, la Corte IDH consideró que se ha dado cumplimiento parcial, pero añadió que se requiere más información sobre algunos gastos no cubiertos.
En otro punto la CoIDH también puntualizó sobre el acto de reconocimiento público de responsabilidad respecto a las diversas violaciones a los derechos humanos de la abogada Digna Ochoa. Aunque este evento se realizó en octubre de 2022, para dar cumplimiento a esta medida falta por publicar el acto en las páginas web de las Secretarías de Relaciones Exteriores y Gobernación.
Por otro lado, aunque ya se nombró una calle en la Ciudad de México como Digna Ochoa y Plácido, aún es necesario que se coloque una placa y se realice un evento en el lugar, para que ello sea considerado como un cumplimento total de la recomendación.
Sin embargo, “dicho evento no se ha concretado dada la falta de respuesta de las autoridades de la Ciudad de México”, refirió la CoIDH. Lo anterior pone en evidencia que, a más de 20 años del asesinato de Digna Ochoa, no hay claridad que encamine el caso a la justicia.
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