Los Consejos Ciudadanos de Búsqueda acusaron que no se convocó a una consulta pública, y que se excluyó la participación de familiares de personas desaparecidas, colectivos, personas expertas y miembros de la sociedad civi, y que tampoco hubo transparencia en el proceso.
Los Consejos Ciudadanos señalaron que la selección de Reyes Sahagún no cumplió con los estándares de transparencia, y consideraron que “es claro y notorio que no cuenta con la experiencia especializada indispensable”.
“La designación de la nueva titular de la CNB se llevó a cabo mediante un proceso simulado donde sólo se permitió a las familias de personas desaparecidas, organizaciones de la sociedad civil y expertos postular candidaturas, sin transparentar los resultados”, denunciaron.
A la opinión pública: Posicionamiento conjunto de Consejos Ciudadanos de Búsqueda frente a la designación de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda pic.twitter.com/NGrRiasxqu
— Consejo Nacional Ciudadano (@CCiudadanoSNB) October 31, 2023
Explicaron que no se convocó a una consulta pública, y que se excluyó la participación de familiares de personas desaparecidas, colectivos, personas expertas y miembros de la sociedad civil.
“Esto representa un significativo retroceso en cuanto a transparencia, al no respetar la Ley y omitir la realización de entrevistas públicas a los candidatos y candidatas”, añadieron.
Asimismo, calificaron de “inconcebible” que se haya optado por el nombramiento de “una persona con un perfil político, no técnico, sin experiencia y un nulo conocimiento y dominio del bloque normativo nacional e internacional sobre desaparición, investigación y búsqueda de personas desaparecidas, así como aspectos en materia forense”.
“Esta imposición es un acto de desprecio y discriminación hacia los usuarios de la CNB y las 32 comisiones locales de búsqueda, que no contribuye a fortalecer la confianza de las familias de las víctimas de desaparición, colectivos, expertos en la materia”, aseguraron.
Por tales motivos, pidieron la revocación del nombramiento de Reyes Sahagún; la reposición del proceso; la publicación de los criterios de selección; y que no se denoste a las víctimas ni a los consejos, especialistas o personas que forman parte de las búsquedas porque la lucha por encontrar desaparecidos y desaparecidas “no tiene partido ni otro interés que el de encontrar a sus seres queridos. La justicia y la verdad no pueden ser comprometidas en aras de intereses y lealtades políticas”.
El pasado 23 de octubre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aprobó la designación de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún como nueva titular de la CNB.
La Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer que la nueva persona a cargo de la CNB fue “designada por su perfil y experiencia”.
Previo a su más reciente designación, se desempeñaba como directora general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), cargo que ocupó desde marzo de 2021.
Además, de 2018 a 2021, fue titular de la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la Secretaría de Bienestar. Asimismo, fue Diputada federal de 2009 a 2012.
Dentro de la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal, fue subcoordinadora y enlace terrotorial. Por su parte, dentro de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, fungió como directora de área, titular de coordinación y administradora tributaria.
ONU Y ACTIVISTAN CUESTIONAN DESIGNACIÓN
Guadalupe Reyes sustituyó a Karla Quintana, quien renunció en septiembre después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara que debía hacerse un nuevo recuento de personas desaparecidas porque el registro oficial —del que Quintana era responsable— era demasiado elevado.
Muchos consideraron que se trataba de una táctica para manipular las cifras antes de las elecciones de 2024.
El proceso de designación de Reyes Sahagún “no contó con los niveles de consulta, participación, transparencia y escrutinio deseables y a los que alentaron algunas víctimas y organizaciones naciones e internacionales de derechos humanos”, dijo la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“Alentamos a que este proceso no impacte aún más” en la crisis de desaparecidos que vive el país, agregó la oficina en su cuenta de la red social X, antes Twitter. Y confió en que se abran espacios de diálogo para “que se eviten regresiones y se profundicen los avances”.
Según el registro oficial, hay más de 112 mil desaparecidos en México, y aunque en este Gobierno se crearon mecanismos para buscarlos, como la Comisión, y se echó a andar el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense para empezar a poner nombre a los más de 50 mil restos sin identificar que hay en fosas y morgues del país, el ritmo de las nuevas desapariciones siguió creciendo. Esto generó mucho malestar entre las familias y colectivos de madres y voluntarios que recorren el país buscando a sus seres queridos.
Quintana había recibido críticas de algunos de esos grupos pero, en general, las organizaciones no gubernamentales vinculadas con el tema reconocieron su trabajo y lamentaron su renuncia, como expresó en su momento el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que ha abogado por los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, el caso más emblemático de desaparecidos.
El Centro Prodh también señaló que “se retrocedió en la transparencia al no realizarse entrevistas de aspirantes”, y denunció que “se optó por un perfil político, no técnico”, algo que consideró “preocupante ante el contexto enrarecido por (la) revisión” del Registro de Desaparecidos.
AUTOR: REDACCIÓN.
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