El espacio permitió el intercambio de experiencias y estrategias para seguir pugnando por el respeto a los derechos humanos, por la atención y prevención de la violencia, así como por la justicia y condiciones para la construcción de paz.
«La denominada política pública de paz desarrollada por el gobierno estatal ha sido excluyente. Para que sea real en Oaxaca es necesaria la participación efectiva de la sociedad civil y de pueblos y comunidades», refirió Marcos Leyva, de la organización Educa, en la conferencia de prensa realizada el 6 de octubre.
A las organizaciones de la sociedad civil les preocupa “la situación de conflictividad que se vive en México, particularmente en Oaxaca, donde el crimen organizado y grupos armados vinculados al cacicazgo político, agrario y económico atentan contra la población civil con la aquiescencia de autoridades de los tres niveles de gobierno”, reiteran en su pronunciamiento.
Las organizaciones recalcaron la urgencia de que las acciones del Estado sean desde una mirada y acción interseccional, multicultural y no desde una lógica sexista, racial y de discriminación. Exigieron al Estado Mexicano garantizar el acceso a la justicia, verdad y reparación integral con la participación efectiva de las víctimas y tomar como acción de primer orden la atención a la grave situación de violencia feminicida.
Frente a las violaciones a los derechos humanos, y la falta de mecanismos del Estado para atender múltiples crisis, entre ellas la crisis migratoria, llamaron “a la sociedad civil y organizada a favorecer el diálogo democrático, a asumir acciones humanitarias, a seguir generando Paz y Justicia desde la colectividad”. En el encuentro anual de este espacio participaron organizaciones de los estados de Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Jalisco y Oaxaca.
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