El Presidente informó que se reunirá con María Luisa Albores, titular de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Gobernador Alfonso Durazo y autoridades municipales para crear un plan.
El mandatario señaló que sostendrá una reunión con María Luisa Albores, titular de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Gobernador Alfonso Durazo y autoridades municipales para disminuir la contaminación ocasionada por una presa en la mina Buenavista del Cobre, propiedad del mayor productor de ese metal en el país, el Grupo México.
“Vamos a tener una reunión para ponernos de acuerdo y también escuchar la opinión del Gobernador Durazo, autoridades municipales, para ver qué hacemos, qué es lo que se puede proponer a la empresa y cómo actuar legalmente. Todavía no tenemos un plan específico. Vamos a revisarlo y se va a informar aquí en, cuando mucho, 15 días ya tenemos una propuesta”, dijo.
“Nada más es el dictamen sobre los daños causados y también la demostración de que el fideicomiso que se hizo en ese entonces [en el sexenio de Enrique Peña Nieto] no sólo no fue suficiente, sino que ni siquiera se aplicó todo el recurso y no hay transparencia en el manejo de esos recursos”, agregó.
Lo anterior responde a que el pasado 29 de septiembre, nueve años después de un gigantesco derrame de aguas residuales de una mina de cobre en Sonora, propiedad de Grupo México, algunas comunidades continúan sufriendo “alarmantes” niveles de contaminación en el suelo, el aire y el agua, dijo la Secretaría del Medio Ambiente en su Dictamen Diagnóstico Ambiental del Río Sonora.
Al sintetizar un informe de 239 páginas, las autoridades también confirmaron, mediante imágenes satelitales, que el derrame no se debió solamente a las fuertes lluvias como se informó inicialmente, sino al “diseño deficiente” de una presa en la mina Buenavista del Cobre, propiedad del mayor productor de ese metal en el país, el Grupo México.
Habitantes y activistas ambientales dicen que el informe ofrece el panorama más claro a la fecha sobre la escala catastrófica del accidente y, con él, una nueva esperanza de que al Grupo México finalmente lo obliguen a asumir sus responsabilidades financieras después de casi una década de enfrentamientos judiciales y promesas incumplidas.
“Esperamos que con este nuevo documento tengamos un camino sencillo para obtener el dinero”, dijo Luis Franco, coordinador comunitario en el grupo activista regional PODER. “De momento estoy contento, pero al mismo tiempo sé que esto es apenas el comienzo para el pueblo de Sonora”, agregó. “Tenemos que seguir luchando”.
El 6 de agosto de 2014, después de unas fuertes lluvias, 40 millones de litros (10 millones de galones) de aguas residuales con sulfato de cobre acidificado se desbordaron desde un depósito de relaves en la mina de Buenavista hasta los ríos Sonora y Bacanuchi, a poco menos de 100 kilómetros (62 millas) de la ciudad de Nogales, Sonora, fronteriza con Estados Unidos.
#COMUNICADO | La #Semarnat continuará atendiendo la problemática del #RíoSonora e impulsará las acciones necesarias desde el @GobiernoMX para que la entidad responsable del desastre cumpla con la reparación del daño.
— SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) September 29, 2023
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Tras el derrame, en un principio el Grupo México aceptó aportar mil 200 millones de pesos (unos 68 millones de dólares) a un fideicomiso de reparación, pero en 2017 ese fondo fue cerrado y los recursos restantes regresaron a la compañía minera, según PODER. Después de una batalla en tribunales, el fideicomiso fue reabierto tres años después, pero sin nuevos recursos, dijo Franco.
En otro informe difundido este año, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático calculó el costo total del derrame en 20 mil millones de pesos (mil 100 millones de dólares), cantidad que rebasa en más de 16 veces el fideicomiso original.
El fideicomiso inicial incluía el compromiso de abrir 36 estaciones de tratamiento de aguas y una clínica toxicológica. Sin embargo, de acuerdo con los Comités de Cuenca Río Sonora —un grupo integrado por habitantes de ocho municipios contaminados— sólo una estación de agua está abierta y la clínica se encuentra abandonada desde hace mucho tiempo.
Se han detectado niveles peligrosos de arsénico, plomo y mercurio en una superficie de 250 kilómetros cuadrados (94 millas cuadradas) en torno al derrame. Habitantes de los municipios sonorenses de Ures, Arizpe, Baviácora, Aconchi, Banamichi, Cananea, Huépac y San Felipe de Jesús han denunciado riesgos para su salud y una disminución de la productividad en sus granjas y haciendas.
En lo que las autoridades describen como uno de sus hallazgos más “alarmantes”, 93 por ciento de las muestras de suelo de la ciudad de Cananea no cumplen con los requisitos internacionales sobre niveles de arsénico.
Desde el derrame, Buenavista del Cobre ha seguido operando, e incluso aumentó de tamaño. En los años previos inmediatos al accidente, la producción se había triplicado, según Pedrozo. Para 2020 volvió a crecer 50 por ciento, en lo que dijo es una “sobreexplotación crónica” de las reservas de agua en la zona.
AUTOR: REDACCIÓN.
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