miércoles, 18 de octubre de 2023

El Legislativo elimina los fideicomisos que benefician a una élite del Poder Judicial

El pleno de la Cámara de Diputados también adicionó un artículo transitorio para concretar que los recursos ahorrados se destinarán a los programas que a permitan cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno federal.

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen que elimina 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial pese a la ola de protestas que se desató en el país para defender sus recursos.

El dictamen establece que el Poder Judicial de la Federación (PJF) no podrá crear ni mantener en operación otros fondos o fideicomisos adicionales al Fondo Económico para el Mejoramiento de la Administración de Justicia.

El pleno también adicionó un artículo transitorio para señalar que los recursos ahorrados deberán ser concentrados por concepto de aprovechamientos en la Tesorería de la Federación, y que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los destinará a los programas que permitan cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo.
En lo particular, el documento fue avalado con 260 votos a favor, 196 en contra y cero abstenciones, por lo que se remitió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Antes de la resolución final, el pleno de la Cámara de Diputados había aprobado en lo general las reformas. Después de que comenzara el debate el martes por la noche en San Lázaro, 259 votos a favor fueron suficientes para dar paso en lo general a la iniciativa que prevé recortar hasta 30 millones de pesos al PJF.

En tanto, hubo 205 votos en contra y una abstención. Al tratarse una modificación en leyes secundarias, en este caso la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, únicamente fue necesaria la mayoría simple del pleno para aprobar la iniciativa.
Las y los legisladores de oposición, sobre todo de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), afirmaron que el recorte a los fideicomisos no es una acción de austeridad, sino de venganza.
“Esto es un atraco, un atraco a los derechos de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación y por eso se están manifestando en las calles, son derechos que se están protegidos en la Constitución”, expuso Margarita Zavala, Diputada del PAN.
Por su parte, Francisco Yunes Zorrillo, legislador priista, consideró que el dictamen “quiebra la normalidad constitucional, atenta contra el principio de división de poderes, atenta contra los derechos y contra la seguridad social de los trabajadores al servicio del Poder Judicial de la Federación”.
En sentido contrario, Erasmo González Robledo, de Morena, señaló que el objetivo de la iniciativa es contribuir a la austeridad de los recursos públicos de México. Mientras que Ignacio Mier Velasco, Coordinador del Grupo Parlamentario del partido guinda, señaló a la Ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández de utilizar a los trabajadores del PJF como “escudo humano” para defender los privilegios de las y los ministros.
“Desde la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha mentido. Mal hace su presidenta en intentar defender sus privilegios utilizando a los trabajadores del Poder Judicial como un escudo humano”, acusó.
LOS MEXICANOS HEMOS PAGADO UNA VIDA DE PRIVILEGIOS A MINISTROS POR DÉCADAS


Las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han sido exhibidos como una élite del Poder Judicial con una serie de lujos que son cubiertos con recursos públicos a los que ahora los poderes Legislativo y Ejecutivo buscan poner fin con la extinción de 13 fideicomisos y un ajuste presupuestal en 2024 que permitirían un ahorro de 30 mil millones de pesos.

De acuerdo con el Manual que regula las remuneraciones de las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023, cada una y cada uno de los ministros tiene un salario mensual neto de 206 mil 948, además de un aguinaldo y una prima vacacional que ascienden a 445 mil 309 pesos, y un pago por riesgo anual de 416 mil 754 pesos, sumado a una prima quincenal que se otorga por cada cinco años de servicios efectivos prestados en el Gobierno Federal, hasta llegar a veinticinco años.

Las y los ministros también cuentan con un seguro de vida equivalente a 40 meses de sueldo básico, otro seguro de gastos médicos mayores para ellos, su esposa y sus hijos solteros menores de veinticinco años por un monto asegurado de al menos un millón 50 mil 182 pesos, que corresponden a 333 UMAS mensuales, ayuda de Gastos Funerarios por 35 mil pesos, un estímulo por antigüedad, y un pago por defunción que será de cuatro meses del último sueldo bruto tabular de la Ministra o Ministro fallecido, más quinquenios, de acuerdo con lo establecido en el mismo manual.


El Ejecutivo federal además ha exhibido otros gastos. La semana pasada, por ejemplo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que incluso se han usado recursos para cirugías plásticas. No obstante, no aportó mayores datos como sí ocurrió en mayo cuando desde la conferencia se dieron a conocer una serie de lujos que la Suprema Corte costea con recursos públicos.

En esa ocasión se reveló que cuentan con un fondo para comer en restaurantes de lujo por 723 mil 690.24 pesos anuales, presupuesto de cinco millones 540 mil 930 pesos mensuales para contratar personal, dos vehículos blindados tipo suburban, con valor acumulado de seis millones de pesos que se renuevan cada dos años, apoyo para gasolina por 22 mil pesos mensuales, además de equipo de cómputos, iPad y celulares.

Este martes, Dimpna Gisela Morales González, Oficial Mayor de la Suprema Corte, confirmó que casi 400 millones de pesos están destinados para la alimentación de un poco más de mil 700 trabajadores bajo el concepto de “Productos Alimenticios para Personas Servidoras Públicas Superiores del Consejo de la Judicatura Federal [CJF]”.


SinEmbargo también reveló que la Suprema Corte gasta millones en torneos de boliche, futbol, talleres de yoga, baile, servicio de estacionamiento, distintivos en plata y arrendamiento de vehículos para su personal, mientras que para el próximo año han solicitado dos mil millones de pesos para actividades deportivas, utensilios de cocina, alimentos, bonos, seguros de gastos médicos, telefonía celular y gasolina.

Una investigación de la periodista Guadalupe Fuentes, con base a la información ​reportada en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), dio cuenta de que en este 2023, desde la SCJN se ejercieron 67 contratos por licitación o invitación a cuando menos tres personas y 248 vía adjudicación directa, es decir, sin un concurso de por medio.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

No hay comentarios:

Publicar un comentario