La comitiva, encabezada por Gisela Morales González, oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), acudió al recinto legislativo para explicar a diputadas y diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública las afectaciones que podrían existir si les recortan presupuesto para el 2024.
“El Poder Judicial Federal es uno de los tres poderes de la Unión y su responsabilidad es vigilar el cumplimiento de las leyes federales y sobre todo de revisar que los actos de autoridad estén alineados a la Constitución y a los tratados internacionales de los que México forma parte, que lo convierte en un factor de gobernabilidad, paz social y desarrollo humano”, dijo la oficial.
La reunión entre representantes del Poder Judicial y los diputados ocurrió luego de que Eduardo Ramírez, coordinador de Morena en el Senado, rechazó una reunión con la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, para hablar sobre la desaparición de los 13 fideicomisos del Poder Judicial. Finalmente, la ministra desistió de ir al Senado ante la “falta de condiciones” y se quedó sin la oportunidad de defenderlos ante el Congreso de la Unión, que en esta semana concretó la extinción de dichos fideicomisos.
La oficial Morales González aprovechó la oportunidad para hablar también sobre algunas de las repercusiones en torno a la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial en el Congreso y las posibles afectaciones para trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial en caso de que se concrete un nuevo recorte, esta vez en el presupuesto federal.
Mayor parte del presupuesto: para pagar a más de 53 mil trabajadores
Al iniciar la reunión, Morales González recordó que la solicitud de recursos para el ejercicio fiscal 2024 del Poder Judicial considera un incremento de 3.3% en términos reales, de acuerdo con la información y expectativa de inflación determinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que equivale a 2 mil 610 millones de pesos respecto al presupuesto autorizado para este año.
“El presupuesto que estamos solicitando para el siguiente año representa una disminución acumulada, en términos reales, de 13.4% respecto al presupuesto autorizado en 2017 a estos dos órganos (la SCJN y el CJF)”, dijo. Una disminución del 21% para la Suprema Corte y del 13% para el Consejo de la Judicatura, que estiman recibir 6 mil 109.1 y 74 mil 793.3 millones de pesos, respectivamente.
Sin embargo, la oficial mayor de la Suprema Corte señaló que entre los datos que reflejan la magnitud de un posible recorte al presupuesto del Poder Judicial está que la mayor parte del presupuesto solicitado por ambos órganos se destinará a pagar servicios personales de más de 53 mil trabajadores.
“El 84.5% del proyecto del presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal se destina a servicios personales, para pagar los salarios y las prestaciones a 53 mil 641 trabajadoras y trabajadores de ambos órganos, porque en nuestra labor de impartición de justicia nuestro activo más importante que tenemos es la gente”, dijo.
La otra parte, aseguró, está fundamentalmente orientada al gasto de operación que se divide en dos rubros: gasto corriente y gasto de inversión.
Eliminación de los fideicomisos impedirá la creación de 45 nuevos órganos jurisdiccionales
Otro de los aspectos que expuso la oficial mayor de la SCJN en la reunión con diputadas y diputados fue respecto a la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial, uno de los cuales impedirá la creación de 45 nuevos órganos jurisdiccionales, mientras que el presupuesto solicitado ante el Congreso no contempla recursos para infraestructura física.
“En el Consejo de la Judicatura Federal estamos pensando solicitar 466 millones de pesos orientados a la creación de 45 órganos jurisdiccionales: 6 Centros de Justicia Penal Federal, 3 Centros Regionales de Ejecución Penal, 22 Tribunales Laborales, 9 Juzgados de Distrito, 4 Tribunales Colegiados de Apelación y un Tribunal Colegiado”, dijo.
De acuerdo con la funcionaria, la necesidad de crear esa cantidad de órganos radica en la puesta en marcha de varias reformas constitucionales, aprobadas por el propio Congreso de la Unión, sobre todo en materia penal y laboral, que contemplan juzgados de distrito para atender asuntos de diferente índole, entre esos asuntos migratorios, de salud y en materia mercantil.
“Por eso cuando les decía que solo el 0.4% del presupuesto que está solicitando el Consejo de la Judicatura está destinado al gasto de inversión, es porque en el momento de elaborar el proyecto de presupuesto y enviarlo a la Secretaría de Hacienda para que se incorporara al presupuesto de ingresos 2024, los requerimientos para infraestructura física se pensaba cubrirlos con cargo al Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura que Implementa las Reformas Constitucionales en Materia de Justicia Federal, el Fireco”, dijo.
Precisamente, entre los fideicomisos con el mayor monto presupuestal eliminados por Morena también está este del Consejo de la Judicatura Federal, mencionado por Morales González, con un saldo de 4 mil 308 millones de pesos hasta junio de 2023.
“Por lo tanto en el proyecto de presupuesto de egresos traemos 0 pesos para infraestructura física, para la creación de estos 45 órganos que estamos señalando, y en ese momento se pensaba implementar con recursos de los fideicomisos”, dijo.
El Poder Judicial se integra por tres órganos: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El CJF, a su vez, se compone de 906 órganos jurisdiccionales que incluyen Juzgados de Distrito, Tribunales Laborales, Tribunales de Circuito, Centros de Justicia Penal Federal, Tribunales Colegiados de Apelación y Plenos Regionales. También tiene 6 órganos auxiliares como el Instituto de Defensoría Pública, la Escuela Federal de Formación Judicial, el IFECOM y órganos de vigilancia, así como áreas administrativas indispensables para garantizar su operación.
“En el CJF se resuelven 1.8 millones de asuntos al año”, dijo la oficial mayor Morales González. Sobre este aspecto el magistrado José Alfonso Montalvo Martínez, secretario ejecutivo del pleno del CJF, explicó que este número corresponde tanto a los asuntos que ingresan a los órganos jurisdiccionales como aquellos que se van integrando.
“Reportes del Inegi del año pasado muestran que en el año 2022 los ingresos, sin contar los que se estaban integrando, suman un millón 256 mil 077 asuntos y egresos un millón 214 806 asuntos. O sea, tenemos una diferencia de asuntos pendientes de resolver, por lo menos al año pasado, 41 mil 271 asuntos que representan 3.29%. Son asuntos que no se han resuelto, pero no porque estén, perdón la expresión, durmiendo el sueño de los justos, sino porque se están integrando y esto es propósito de las estrategias de litigio de las partes”, dijo.
Presupuesto para la SCJN y el CJF, menor al crecimiento solicitado por otros poderes y dependencias
Finalmente, la oficial mayor Morales González expuso ante diputadas y diputados de diferentes grupos parlamentarios que el aumento al presupuesto para la SCJN y el CJF es menor al crecimiento solicitado, en términos nominales, a algunas otras instituciones incluyendo otros poderes, órganos autónomos, entidades y dependencias.
“Nosotros estamos creciendo, en términos nominales, 8.5%. En términos reales estamos creciendo 3.3%. Algunos otros órganos e instituciones del Ejecutivo Federal, y como he señalado, órganos autónomos y otros poderes, están creciendo en mayor medida. Nosotros estamos creciendo aún menos que lo que crece el Proyecto de Presupuestos de Egresos de la Federación respecto al 2023, que es 9.2%”, dijo.
En ese sentido expuso un tabla que señalaba que mientras que el CJF y SCJN solicitan un crecimiento de 8.5%, el Poder Legislativo solicita 15%, la Secretaría de Bienestar 31%, la Secretaría de la Marina 72%, la Secretaría de la Defensa Nacional 132% y la Secretaría de Energía 291%.
Nuestra vida está en riesgo asunto por asunto: magistrado Montalvo
Durante la sesión de preguntas por parte de los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el diputado Hamlet García, del grupo parlamentario de Morena, cuestionó a los representantes del Poder Judicial sobre una partida que para el año siguiente contempla un total de 1,177 millones de pesos para pagos de riesgo.
“La verdad yo esperaba que esos pagos de riesgo fueran compartidos con ese personal que tanto importa y que tanto vale, por supuesto, para la República. Me refiero a los actuarios, los secretarios, quienes proyectan las sentencias y quienes van y las notifican, pues yo creo que están en la primera línea de riesgo. Sin embargo, me llevé una sorpresa muy dolorosa. ¿Por qué los bonos de riesgo están concentrados en esta cúpula? Hice la suma: son 6 consejeros de la judicatura, 945 magistrados de circuito, 762 jueces de distrito. En total 1,713 personas ¿por qué están concentrados ahí los bonos de riesgo?”, preguntó.
En respuesta, el Magistrado Montalvo Martínez aseguró que para el personal operativo y el personal medio se tiene un concepto de asignación adicional -que no tienen los jueces, magistrados y consejeros-, que corresponde a este pago de riesgos, por lo que todos los integrantes del Poder Judicial cuenta con seguridad en caso de requerirse.
“Nuestro pago de riesgo es una contraprestación al riesgo que asumimos en una sobreexposición de nuestra vida. Nuestra vida está en riesgo asunto por asunto. Y no solamente se limita a los asuntos penales, los que vemos en las noticias son los que generalmente nos ponen ahí a consideración y tenemos ahí casos emblemáticos y que no voy a decir nombres por respeto a las familias, pero tenemos a penas en 2020 un atroz asesinato de un compañero juez y su esposa en su casa en Colima derivado de la función.
En 2016 otro juez en juzgado quinto, también en Toluca, salió a correr en la mañana, también derivado de la función. Un secuestro de un secretario apenas en junio de 2023 en Zapopan, hace un par de meses. En agosto de 2016 el asesinato de un juez también en el Estado de México, donde sabemos que tenemos los juzgados que nosotros les llamados como “asuntos especiales”, que son estos de alto impacto social que ahora tristemente estos se han replicado a lo largo del país”, agregó.
Por su parte, el actuario César Campa, director general de programación, presupuesto y tesorería del CJF, señaló que estos acontecimientos implican retomar el tema de la vigilancia y de escoltas para jueces y magistrados.
“Tenemos una coordinación de seguridad que fija los criterios que analizan puntualmente el grado de riesgo que pueden tener y sobre eso se atiende la demanda de la población específica, ya sea juez o magistrado”, dijo.
Pese a lo anterior, el diputado Juan Ramiro Robledo, también del grupo parlamentario de Morena, aprovechó la oportunidad para retomar parte de los argumentos utilizados en contra el Poder Judicial.
“En los temas de justicia y puntos constitucionales nos preocupa mucho, aparte de esto, pues la manera o el margen de interpretación que tienen los jueces y magistrados y los ministros y nos queda la visión de que una buena parte de las sentencias del Poder Judicial invaden la división de poderes y asumen decisiones que corresponden exclusivamente a los otros dos poderes y otros entes autónomos, pero eso es otra cosa”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.
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