“La evidencia científica sostiene que la remediación del Río Sonora es reconocida como exitosa y plenamente apegada a la legalidad”, argumentó Grupo México a través de un comunicado.
A través de un comunicado, la empresa minera aseguró que, tanto el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) —organismos que llevaron a cabo las muestras en sitios de la cuenca del Río Sonora—, “carecen de facultades” para dicho propósito, pues la competencia real es de la Comisión Federal de Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas (DGGIMAR) de la propia Semarnat, para recopilar las muestras de aguas superficiales, subterráneas y suelos, respectivamente.
“Los resultados que integran el documento difundido en días pasados, contradicen a los que a lo largo del tiempo han hecho públicos la Conagua y la Cofepris, los cuales están soportados por laboratorios acreditados por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) y avalados por diversas instituciones, argumentó Grupo México, quien también señaló que los supuestos hallazgos de los muestreos presentados “carecen de cualquier nexo de causalidad” con los hechos ocurridos en 2014.
Asimismo, aseguó que los hallazgos recientes omiten otras fuentes de contaminación como la minería ilegal, la descarga de aguas negras sin tratar y la acumulación prolongada de residuos de abonos agrícolas e insecticidas.
Los resultados acreditados por la EMA, prosiguió la minera, establecen que las condiciones ambientales y la integridad de los ecosistemas de los ríos Sonora y Bacanuchi son iguales a las que existían hasta antes del accidente de 2014.
“Los metales presentes en aguas superficiales, aguas subterráneas, suelos y sedimentos en estos ríos son iguales o inferiores a los valores de fondo existentes en la zona, es decir, a los niveles que ya existían antes del incidente”, añadió.
De igual manera, resaltó que los estudios médicos, epidemiológicos y biológicos indicaron que “no existió riesgo ni daño a la salud en la población del Río Sonora como consecuencia del derrame”, a lo que citó un estudio realizado por la Secretaría de Salud Pública del Gobierno de Sonora, publicado en agosto de 2019, donde supuestamente no fue hallada evidencia de diferencia entre la morbilidad y mortalidad de dicha zona con el resto de la población del estado, entre 2000 y 2019.
“Durante cinco años posteriores al evento, se realizaron monitoreos de agua en 35 estaciones de muestreo y 33 pozos, incluida la Presa El Molinito. Además, durante tres años, para valorar el riesgo ecológico se realizaron bio-monitoreos que incluyeron análisis de exposición a metales, de toxicidad vegetal, genéticos en invertebrados y de flora”, presumió.
Aseguró además, que la propia Semarnat se pronunció mediante una resolución notificada a la empresa en mayo de 2023, donde reconoció que la Conagua determinó que, hasta la fecha, se había recuperado la calidad del agua que se tenía antes del incidente en el Río Sonora.
“Por lo tanto, se reitera que la evidencia científica sostiene que la remediación del Río Sonora es reconocida como exitosa y plenamente apegada a la legalidad”, agregó.
Es por ello que resaltó que la región del Río Sonora ha sufrido los efectos de “continuas campañas de desinformación” por parte de personas y orgnizaciones con “fines políticos y de desestabilización”, causando supuesto temor y desconfianza “infundada” entre la población, resultando en una “seria afectación a la economía para esa zona”.
AUTOR: REDACCIÓN.
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