Desde el pasado mes de septiembre y pese a la presencia del Ejército mexicano en diversas zonas del sur del estado de Chiapas, la violencia en la región fronteriza de esa entidad se recrudeció, luego de que se registraron bloqueos por parte de presuntos integrantes del crimen organizado, lo que provocó el desabasto de diversos productos de primera necesidad, entre ellos, gasolina y tortillas, en varias comunidades de la frontera y sierra chiapanecas.
A través de un video difundido en redes sociales, se puede observar el momento en que el cuerpo sin vida, localizado este jueves 19 de octubre, flota entre las pequeñas balsas, ante la sorpresa de los habitantes del municipio de Ayutla, Guatemala, en donde fueron recuperados los restos de la víctima.
De acuerdo con información referida por el diario La Jornada, tan sólo en la última semana, han sido localizados, al menos, tres cadáveres en las mismas condiciones: flotando en el Río Suchiate, uno en la comunidad Miguel Alemán, en Chiapas, el pasado lunes; y el segundo este miércoles, en la comunidad la Isla, sin que hasta el momento se hayan confirmado las identidades de ambos.
Y aunque una de las líneas de investigación que sigue la Fiscalía General del estado (FGE) de Chiapas es que posiblemente se trataría de migrantes que trataron de cruzar la frontera entre México y Guatemala, según fuentes referidas por La Jornada, es evidente el aumento de violencia en Chiapas, que desde hace meses tanto habitantes como asociaciones civiles han denunciado.
Desde el pasado mes de septiembre y pese a la presencia del Ejército mexicano en diversas zonas del sur del estado de Chiapas, la violencia en la región fronteriza de esa entidad se recrudeció, luego de que se registraron bloqueos por parte de presuntos integrantes del crimen organizado, lo que provocó el desabasto de diversos productos de primera necesidad, entre ellos, gasolina y tortillas, en varias comunidades de la frontera y sierra chiapanecas.
De acuerdo con medios locales, desde hace aproximadamente dos semana, se instalaron varios cierres carreteros en protesta por el secuestro de una maestra de bachillerato, quien días después apareció sin vida, por lo que los bloqueos se mantuvieron por días, afectando el abasto de combustible y alimentos de diversos municipios, entre los que se encuentraban Motozintla, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Mazapa de Madero y Amatenango de la Frontera.
En ese momento Mario Ortega Gutiérrez, coordinador del área de sistematización e incidencia del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), comentó en entrevista para SinEmbargo que desconocían la situación real por la que atravesaba la zona fronteriza de Chiapas, debido al riesgo que esto implica. “Desconocemos si siguen los bloqueos hasta ahora, para nosotros es muy difícil tener la documentación día a día, es una situación de riesgo”.
“Sobre esa situación específica del desabasto, nosotros no tenemos documentado la actividad o no”, enfatizó Ortega Gutiérrez, quien además recordó que “obviamente para las empresas también es muy peligroso entrar [a los municipios controlados por las organizaciones del crimen organizado], hay que respetar el toque de queda, no se puede circular sin permiso de los grupos delictivos”, dijo.
Fue el 7 de septiembre cuando tuvieron lugar los primeros bloqueos, en la carretera Panamericana, mismos que fueron en protesta por el secuestro que sufrió Berni Flor Mejía Velázquez, profesora del plantel 216 del Colegio de Bachilleres, ubicado en el ejido Río Guerrero, Chiapas, y esposa de un líder transportista, a manos, presuntamente, del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
A pesar de que el cuerpo sin vida de la docente fue hallado el 12 de septiembre, los cierres carreteros se mantuvieron. Según testimonios consignados por el diario La Jornada, miembros del Cártel de Sinaloa fueron los responsables de mantener los bloqueos, tanto en la carretera Panamericana como en la que se encuentra a la altura del municipio de Motozintla, la cual cruza la sierra, con el presunto objetivo de que evitar que a Comalapa, donde se encontrarían células del CJNG, lleguen los artículos de primera necesidad.
Lo anterior también generó que el municipio de Frontera Comalapa permaneciera incomunicado. En la misma situación se encontraban los municipios de Chicomuselo, Amatenango de la Frontera, Motozintla y Mazapa de Madero, en donde escasearon, por varios días, alimentos de la canasta básica como tortillas, huevo, frijol, además de la gasolina.
El diario local, Chiapas Paralelo, reportó el pasado 13 de septiembre que en el municipio de Motozintla no hubo tortillas. Supuestos mensajes de ayuda de los pobladores enfatizaron sobre la escasez de agua, gas y tortillas. Asimismo, expresaron su temor por salir a las calles, debido a que los delincuentes ya habrían tomado varias de las avenidas de dicha comunidad, con la finalidad de evitar el ingreso de grupos rivales, por lo que el transporte público también habría sido suspendido.
Un video publicado en la plataforma de Facebook por el usuario identificado como Famosa TV Motozintla muestra cómo las calles de dicho municipio se quedaron solas, los negocios permanecieron cerrados; y los habitantes mantuvieron una especie de toque de queda voluntario, siendo unos cuantos los que se atrevieron a salir.
Los habitantes de Motozintla también denunciaron la desaparición de dos jóvenes identificados como Manuel de Jesús Flores Zúñiga y Jostin Rudbely Vázquez Morales. Los hechos habrían tenido lugar el martes 12 de septiembre, cuando ambas víctimas iban a bordo de una motoneta Italika color gris que circulaba por el tramo carretero Comalapa-Motozintla.
Ante los bloqueos y la falta de insumos básicos, autoridades escolares de la región 025, que comprende la Sierra Madre de Chiapas y la frontera sur, también decidieron suspender las clases, como medida para proteger la integridad de estudiantes y profesores, así lo dio a conocer el supervisor escolar Celerino Nolasco Alvarado, mediante un comunicado.
Desde el pasado mes de mayo, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) denunció una nueva ola de desplazamiento forzado como consecuencia del enfrentamiento armado que estaban librando el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa en el municipio de Comalapa, Chiapas, en donde también ya se registraba un número indeterminado de civiles muertos.
Organizaciones civiles y medios locales señalaron que, a la vista de autoridades municipales, estatales e incluso militares, integrantes del Cártel de Sinaloa y del CJNG se disputaban el control de la zona fronteriza entre México y Guatemala, por lo que, incluso, estaban obligando a los jóvenes chiapanecos a participar en los enfrentamientos, bajo la amenaza de que serían asesinados si no aceptan.
Agencias noticiosas reportaron que el incremento de la violencia en una franja que abarca aproximadamente 80 kilómetros de frontera era resultado de las disputas territoriales entre el Cártel de Sinaloa, que controlaba tradicionalmente la región, y el Cártel de Jalisco Nueva Generación que desde hace tiempo busca apoderarse de las rutas estratégicas para trasiego de drogas, armas, dinero y migrantes.
Tras esta denuncia, elementos de las Fuerzas Armadas de México lograron ingresar y tomar el control de varias comunidades de la zona fronteriza de Chiapas, particularmente al municipio de Frontera Comalapa, en donde montaron diversos retenes. Sin embargo, estas acciones no fueron suficientes y nuevamente la violencia se desató a inicios del presente mes de septiembre, tras el secuestro de la docente de bachillerato.
El coordinador del área de sistematización e incidencia del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas sostuvo que los sucesos del pasado mes de mayo fueron, hasta ahora, el momento más crítico en la entidad. “Digamos, lo más álgido fue en mayo, con esto que algunos le llamaron la guerra de los cuatro días, en donde prácticamente hubo un estado de sitio, una guerra como tal”.
Y destacó que pese a la intervención de las Fuerzas Armadas de México las cosas no mejoraron, ya que los bloqueos, las desapariciones y los enfrentamientos continuaban. “Pese a la presencia de la Guardia Nacional o del Ejército los grupos delictivos siguen haciendo sus trabajo”, dijo Ortega Gutiérrez, y añadió “lo álgido o no álgido se da cuando ellos entran en choque” ya que “los grupos delictivos siguen ahí, siguen operando, manteniendo en vilo a la población”.
“A partir de esta fecha [mayo], si bien entró el Ejército y la Guardia Nacional, no ha cesado, todavía hay bloqueos, asesinatos, desapariciones. Desafortunadamente es una situación en la que es muy difícil documentar de primera mano, ya que implica un riesgo fuerte, la presencia en el territorio, también implica un riesgo muy fuerte para las personas que puedan atestiguar”, insistió.
Motonetos causan terror tras balacera esta mañana en el Barrio de Guadalupe en #SanCristóbaldeLasCasas, de nueva cuenta este grupo criminal causa zozobra entre los habitantes del pueblo mágico. pic.twitter.com/QaqaQfjOMS
— Bersaín Hernández (@Bersa76) July 30, 2023
El 1 de agosto, tuvo lugar el ataque a una estación de policías, en el que también fueron incendiados varios vehículos. El ataque fue el segundo a una base policial en menos de 40 días, el primero fue en junio en otra región de Chiapas. Sobre esta segunda agresión, las autoridades la definieron como un mensaje de advertencia de un grupo criminal hacia otro.
Los primeros reportes señalaron que hombres armados llegaron a bordo de cuatro vehículos, atacaron a balazos la estación policial del municipio de Reforma, una localidad cercana al estado de Tabasco, durante la madrugada del martes 1 de agosto. El suceso tuvo lugar un día después de que fueran quemados tres camiones cerca de la frontera con Guatemala, también como parte de esta disputa por el control de las rutas de drogas, armas y migrantes.
Según un funcionario estatal que pidió el anonimato por no estar autorizado a dar declaraciones, el ataque de agosto, fue perpetrado por el Cártel Jalisco Nueva Generación, que le disputa el control territorial al Cártel de Sinaloa -el grupo criminal que ha dominado la región fronteriza con Guatemala desde hace años-.
Días después, 14 de agosto, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) denunció que pese a que el conflicto entre grupos de la delincuencia organizada en “la comunidad de Nueva Independencia, conocida también como Lajerío, y comunidades vecinas del municipio de Frontera Comalapa” ya cumplió tres meses, el Estado mexicano aún no cuenta con “un plan integral de atención” con el cual se “garantice la vida y seguridad de la población civil de esa, y otras comunidades de la región”.
En un pronunciamiento conjunto, la Red TDT destacó que “las amenazas, extorsiones, secuestros, la desaparición de líderes y autoridades comunitarias, la cooptación e integración forzada de diversas organizaciones sociales, campesinas, de transportistas y comerciantes, se han convertido en constantes y cotidianas”.
Recordó que pese a que arribaron “alrededor de mil 500 elementos de la Guardia Nacional, Ejército mexicano y Policía Estatal”, tras los enfrentamientos del pasado 23 de mayo, mismos que duraron aproximadamente cuatro días, no ha habido una mejora en la seguridad de las comunidades chiapanecas e incluso esta problemática se ha extendido a otras localidades, en donde las “actividades ilícitas” continúan.
“Hasta la fecha, no hay ninguna persona detenida; su presencia tampoco ha implicado que los grupos de la delincuencia organizada paren sus actividades ilícitas, pues las extorsiones y las amenazas continúan”, sostuvo la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”.
“Posterior a la guerra de los cuatro días, se ha expandido este conflicto hacia comunidades y ejidos de otros municipios, como Chicomuselo y La Trinitaria, en los que la delincuencia organizada llega a ofrecer proyectos y protección, para continuar creciendo su control territorial. También, es notorio que lejos de estarse resolviendo los conflictos y estableciéndose bases para la paz, se siguen permitiendo las condiciones para el crecimiento y expansión de estos grupos delictivos”, añadió.
Reiteró que desde la llegada de las Fuerzas Armadas al lugar, no existe certeza de su función ante el contexto”, incluso, acusó que “existe una violencia sistemática que sigue escalando bajo la impunidad con la que opera la delincuencia organizada de la región, con aquiescencia de los gobiernos municipal, estatal y federal”.
“El abandono y las reiteradas omisiones del Estado en todos sus niveles para garantizar la integridad y seguridad de la población de la región y la minimización de la situación por parte de la Administración Federal, colocan en una situación de mayor riesgo y vulnerabilidad a la población civil, periodistas y personas defensoras de derechos humanos”, destacó.
Sobre los hechos como bloqueos, retenes, agresiones y enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada, que se han presentado en las últimas semanas “en los municipios de Chicomuselo y Siltepec, Frontera Comalapa, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero, Motozintla, Bella Vista, La Concordia, Villacorzo y El Parra”, subrayó que contribuyen a mantener “vigente la agudeza de la violencia en la región”.
“Así como la responsabilidad del Gobierno Federal y el de Chiapas en ser omiso en presentar rutas de atención duradera a las problemáticas”, destacó la Red TDT, que recordó que “la población, que se encuentra en medio de la violencia desde hace más de 2 años” y que “actualmente vive secuestrada por los grupos delincuenciales”.
“Con la presencia de los grupos delincuenciales se ha incrementado también el narcomenudeo y el consumo de drogas entre jóvenes; sin programas ni espacios educativos, recreativos o deportivos, las ‘opciones’ son desplazarse o incorporarse forzadamente a las actividades ilícitas”, puntualizó el organismo.
En junio pasado, más de 800 organizaciones y mil personalidades de todo el mundo, en un comunicado de respaldo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), alertaron: “Chiapas está al filo de la guerra civil con paramilitares y sicarios de los diversos cárteles que se disputan la plaza y grupos de autodefensas, con la complicidad activa o pasiva de los gobiernos de Rutilio Escandón Cadenas (Gobernador del estado) y (el Presidente) Andrés Manuel López Obrador”.
En el mismo documento, denunciaron el ataque que sufrió su compañero zapatista Jorge López Santíz, quien en ese momento se encontraba “en el filo entre la vida y la muerte por un ataque paramilitar de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO)”, añadieron en la misiva.
Lo que se sumó a las denuncias de organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) y analistas políticos que han acompañado la causa zapatista, así algunos reporteros y medios locales que han ido recogiendo la descomposición que ha sufrido el tejido social en distintas partes de Chiapas.
Lo anterior, debido a los enfrentamientos entre los Cárteles de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación, los cuales se disputan el control de la frontera con Guatemala, reclutamiento forzado de jóvenes, desplazamiento de miles de personas de sus comunidades, asesinatos y bloqueos de vialidades, junto a las problemáticas de antaño que persisten en la entidad como los conflictos religiosos y las disputas por tierras.
AUTOR: NORA NANCY GASPAR RESENDIZ.
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