El proyecto de la ministra Esquivel, que será discutido por sus compañeros de la segunda sala de la Corte, indica que no se violó la Constitución en la Declaración Conjunta México Estados Unidos y en el Acuerdo Complementario entre los Estados Unidos y México, firmados el 7 de junio de 2019 en Washington D.C., así como en el uso de la Guardia Nacional en las actividades migratorias, ya que los argumentos dados por la organización son insuficientes para declararlo inconstitucional.
“Al respecto, si bien la parte quejosa es una asociación conformada con la finalidad de proteger a las personas migrantes, en el caso no evidencia un interés legítimo para acudir al amparo pues la afectación aducida no es actual ni real, por lo que no es jurídicamente relevante, pues el despliegue de elementos de la Guardia Nacional, por sí mismo, no genera una afectación jurídicamente relevante para el grupo que pretende proteger”, indica el proyecto.
En entrevista para Proceso, la abogada Ana Lorena Delgadillo, directora de Fundación para la Justicia, señaló que como organización vieron varias irregularidades en el proyecto hecho por Esquivel Mossa, en cuestiones de argumentación y técnica jurídica.
“Ahora, ¿cuáles son los aspectos que nos parecen más graves del proyecto? Bueno, lo primero es lo básico es la técnica jurídica. Ni siquiera hay que ser abogados para ver que es una argumentación muy confusa que parte de premisas que no son ciertas, que no fueron presentadas en el amparo y que trata de enredar las cosas para llegar a sus propias conclusiones”, mencionó la abogada.
Ana Lorena Delgadillo agregó que el proyecto trae incongruencias, como el presentar una contradicción de tesis de un amparo que Instituto para las Mujeres en Migración A.C. (IMUMI), había resuelto la primera sala antes del 26 de abril, pero que no había sido publicada.
“Trae temas de muchísima incongruencia porque, por ejemplo, cuando se subió el 26 de abril estaba diciendo que había una contradicción de tesis con este caso, que te refiero de la primera sala de IMUMI, pero imagínate que está aceptando una contradicción en un amparo que ni siquiera había sido publicado”, comentó la litigante.
La directora de la ONG acusó que el proyecto les niega el interés legítimo como organización para intervenir y apoyar en esos casos.
Añadió que “pues es que nos niega el interés legítimo. Esto contrario ya no solamente a lo que determinó la primera sala, sino también a una jurisprudencia ya muy vasta del poder judicial, donde ya se clarificó el tema del interés legítimo para una organización para una organización, sino pues prácticamente nos deja sin herramientas para poder cuestionar ese tipo de políticas que sí terminan también afectando nuestro trabajo.”
La situación migratoria actual, consecuencias de los acuerdos.
Para la directora de la Fundación para la Justicia, las políticas actuales en relación a los temas migratorios son consecuencia de los acuerdos firmados en junio de 2019.
“Las políticas que tenemos ahorita son consecuencia, estos primeros acuerdos, es decir, en este momento México está aceptando la aplicación del título 8 y la aceptación también del ‘asylum ban’, que es todo este tema de la prohibición del derecho al asilo de Estados Unidos, o sea, México está aceptando la aplicación de estas de estas políticas en el territorio mexicano y nosotros logramos que varias organizaciones te puedo, incluso te puedo pasar uno de los amigos que es uno de los más fuertes”.
Ana Lorena mencionó a esta Casa Editorial ayudaron a organizaciones en los Estados Unidos a presentar un Amicus Curiae, que se trata de un informe presentado por un tercero- en este caso las organizaciones civiles, - en apoyo a un litigio, donde en este caso se mostraron testimonios de personas migrantes que buscaban el estatus de refugiado en la Unión Americana.
“Que estas organizaciones presentaran el amicus y los testimonios son tremendamente desgarradores, tienes testimonio clarísimo de la actuación del gobierno, de agentes de gobierno, violando niños, niñas, mujeres, hombres, con temas de secuestro, con temas de extorsión.
“Con temas de desaparición forzada, o sea, ellos podrían tener acceso a muchísimos testimonios que nosotros no pudimos recabarlos porque estas personas están en territorio mexicano, también tienen mucho miedo de hablar”, comentó la jurista.
Ana Lorena acusó que en el proyecto presentado por la ministra Esquivel Mosso omite las violaciones de los Derechos Humanos y se basa en lo que dice los tratados y no en hechos.
“Lo que dice el proyecto de la ministra Yasmín es ‘bueno, es que México si es país, o sea, no es, es un país que el propósito de ese acuerdo es protegerlo’, por supuesto, si tú te vas al texto del acuerdo, pues eso dice, pero una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Entonces ella dice ‘, pues porque el texto dice que es protegerlos, entonces se les está protegiendo’”, mencionó.
El sistema legal queda a deber al migrante
Según Ana Lorena, el sistema legal de nuestro país le queda a deber a las personas migrantes, ya que indicó que para que puedan acceder a un amparo, necesitan a un abogado que sepa de esos asuntos.
“Para que las personas migrantes puedan hacer un amparo, requieren forzosamente primero un abogado, una abogada, y que además requiere conocer la técnica del amparo, que no es una técnica sencilla, entonces digamos, es un recurso que es muy lejano a las personas migrantes para que puedan utilizarlo de manera sencilla y de manera accesible”, comentó la abogada.
Recalcó que en 2020, después de realizar un informe sobre la ineficiencia del aborto para las personas migrantes, se acercaron con la ministra Loretta Ortiz, que formaba parte del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), para buscar cambiar esa situación.
“Ella (la ministra Loretta Ortiz) manifestó que era de mucho interés de ella todo el tema migratorio que ella había escrito mucho sobre esto y que y que estaba consciente que tenía que modificarse el juicio de amparo para las personas migrantes porque no funciona así como está, no solamente por lo complicado, porque requieres abogado y por tiempos”, comentó Ana Lorena.
Sin embargo, dicho asunto quedó pendiente, ya que comentó la abogada que han buscado como organización a la ministra Ortiz Ahlf, ya en su puesto actual, pero no los ha recibido.
Ella planteó que se tiene que reformular el juicio de amparo para que sea accesible a las personas migrantes, pero también expedito.
“Tenemos que reformular el juicio de amparo para que realmente sea accesible para las personas migrantes. Nosotros los amparos que hemos presentado, por ejemplo, en un amparo que fuimos a solicitar copias de uno de los expedientes de una de uno de los casos de masacres que representamos, imagínate que nos tardamos 8 años, eso es impensable, es impensable que un amparo simplemente para obtener copias de tarde 8 años”, afirmó la abogada.
También mostró que existe una ambivalencia en el poder judicial, ya que han logrado amparos muy importantes para la protección de los derechos de los migrantes y que al final el poder judicial sirve como un contrapeso ante los otros poderes.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GUSTAVO FARELL.
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