El Sistema Nacional de Búsqueda no ha celebrado ni una sola sesión en 2023, a pesar de su obligación legal de hacerlo cada seis meses, mientras avanzan las tareas de un nuevo censo nacional de personas desaparecidas que carece de una estrategia clara y es encabezado por autoridades que no tienen competencia en temas de búsqueda o investigación.
Esto, además, en un contexto en el que, desde hace meses, se han emprendido tareas de actualización del Registro Nacional sin una estrategia clara y encabezadas por autoridades que no tienen competencia en temas de búsqueda o investigación, de acuerdo con la Ley General en la materia.
Ante ello, colectivos, consejeros ciudadanos y el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU exigen que se aclare la metodología y criterios mediante los cuales se está llevando a cabo la actualización del Registro, o del ahora llamado censo o padrón, instruido por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Luego de que en enero de este año, el subsecretario de Derechos Humanos diera a conocer el pilotaje de un programa de búsqueda en vida, que contemplaría el cruce de diversas bases de datos con el RNPDNO, el 31 de julio el presidente aseguró que la cifra de personas desaparecidas era menor a la oficial y que se emprendería una actualización “casa por casa” a cargo de los servidores de la nación.
Más tarde, en una reunión con gobernadores de Morena, el jueves 21 de septiembre, algunos de los asistentes refirieron que uno de los objetivos era acordar la elaboración del nuevo “padrón”.
Natalia Cordero, consejera ciudadana de la comisión local de la Ciudad de México y parte del equipo técnico que, desde Fundar, acompaña al Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, llama la atención en torno a la falta de representatividad del resto de los estados, en primera instancia.
“Por otro lado, también preocupa que no hay ninguna comisión de búsqueda, ni siquiera fiscalías especializadas, invitadas a la creación de este acuerdo cuando sabemos que, por ley, son las dos principales instituciones encargadas de poder realizar, por un lado, este registro, y también de ejecutar las acciones de búsqueda, porque para crear este tipo de políticas o prácticas se requiere ejecutarlas, y no queda claro qué tanto involucramiento van a tener las comisiones”, apunta Cordero.
Otra de las inquietudes –expresada por consejos ciudadanos de varias comisiones de búsqueda locales y de la Comisión Nacional de Búsqueda en un comunicado donde exigen una reunión extraordinaria del SNB– es que se está desconociendo por completo la ley. La investigadora reclamó que no hay claridad de si se trata de una duplicidad de funciones, de un esfuerzo por separado o de una verdadera actualización del Registro.
“Es en el marco de un acuerdo fuera de la ley, porque la propia Ley General en materia de desaparición establece el Sistema Nacional de Búsqueda como este mecanismo interinstitucional que conjunta a dependencias involucradas, en sus distintos niveles, con la búsqueda, investigación y localización de personas, que incluso da la posibilidad de invitar a otros actores, siempre que sea en pro de colaborar”, agrega Cordero.
Sin embargo, la última sesión del Sistema Nacional de Búsqueda, facultado por ley para expedir lineamientos que permitan la coordinación entre autoridades para la búsqueda de personas, así como establecer la integración y funcionamiento de un sistema único para el uso de información relevante para la búsqueda, ocurrió el 13 diciembre de 2022.
“Veíamos importante hacer un llamado, porque está quedando completamente fuera (el SNB), y hay muchas dudas, y más en un momento complejo donde ya estamos en una transición política, de cara ya al cambio presidencial, con una Comisión un poco debilitada con la renuncia de su titular. Tendría que ser lo contrario”, lamenta Cordero.
Para Martín Villalobos, integrante de los consejos ciudadanos nacional y capitalino, y familiar de una persona desaparecida, el fortalecimiento del Registro es necesario, pero en las acciones recientes ha existido una falta de comunicación, así como de metodología y coordinación. “Pareciera que el tema es echar abajo todo el esfuerzo que, bien o mal, se generó para tener una base de datos que es del mismo gobierno federal”, lamenta.
Él, además, forma parte de quienes pueden dar testimonio de las visitas a domicilio que se hicieron de manera improvisada. Incluso, su familia ya había cambiado de casa por amenazas, tras una investigación que arrojó que la desaparición de su cuñada se dio en el contexto de la comisión de un presunto crimen.
No solo eso: como consejero y a partir de la carpeta de investigación, Martín sostiene reuniones frecuentes con autoridades de la fiscalía y la comisión de búsqueda capitalinas. La persona que acudió a su domicilio anterior, sola y adscrita a la Secretaría de Bienestar, parecía no estar actualizada respecto a un caso que las autoridades conocen de primera mano, e incluso puso en riesgo a la familia, considera Villalobos.
Asegura que además de que el Sistema Nacional de Búsqueda no ha sesionado, desde septiembre del año pasado dejaron de tener operatividad los comités de seguimiento para la implementación del Protocolo Homologado de Búsqueda, el de seguimiento para la construcción del sistema único de Información Tecnológica e Informática (SUITI) y no se iniciaron los trabajos de actualización del protocolo. Esa es la razón por la que los consejeros insisten en que el SNB sesione, pues va desfasado ante la ley.
“Hay una falta de conocimiento, o un desconocimiento muy amplio, sobre todo lo que deja la Comisión Nacional de Búsqueda, porque ni siquiera saben cuántos campos son los que tiene esta base de datos, y las secciones de cada uno, como tratando de decir ‘esto no sirve’, cuando en realidad tiene muchos elementos que permiten poder contrastar; hay un borrón y cuenta nueva en todos los procesos de búsqueda en el país, y muchas cosas que quedan pendientes”, reclama Villalobos.
La “estrategia” de la Ciudad de México a replicar, sin detalles
A la salida de la reunión del jueves 21 de septiembre, Martí Batres, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, declaró públicamente que uno de los propósitos había sido compartir con otros gobernadores la estrategia de la capital en materia de búsqueda, para que estos la repliquen en sus territorios.
Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, publicó en sus redes sociales que ahí se había acordado construir el “padrón nacional de personas desaparecidas” y replicar la estrategia de localización de personas de la capital en cada estado.
Hasta hoy, no se sabe en qué consiste específicamente esa estrategia. Consultada al respecto, la Secretaría de Gobierno aseguró que evaluaría la petición aunque tenía una agenda complicada por el informe del jefe de Gobierno. La Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) admite que participó en el registro de personas a inicios de la administración, pero asegura que hoy está en manos de la Fiscalía.
Para Silvia Ortiz, integrante del Colectivo Grupo Vida, quien busca a su hija Fanny desde el 2004 y descubrió lo que las autoridades estaban haciendo respecto al cruce de bases de datos, la reunión de gobernadores en Palacio Nacional trata de implementar la misma estrategía que ellas conocen como “el toca, toca” o búsqueda casa por casa. “Ellos, el gobierno federal, se quieren lavar las manos y le quieren dejar el paquete a cada gobernador”, asegura.
“La pregunta o el cuestionamiento que se hace uno en ese sentido es: ¿Qué, acaso no tienen ellos en su poder las carpetas de investigación a las cuales les están dando seguimiento puntual de una investigación para decir ‘sí o no’ está desaparecido o por qué? Perdón por lo que voy a decir, pero ¿por qué carajos están haciendo esto? […] Entonces a mí lo que me dice es que realmente ninguna fiscalía está comprometida con la búsqueda y localización de las personas, que ni siquiera ven las carpetas”, dice.
En tanto, Cordero y Villalobos coinciden en que si hay una estrategia, ni ellos, que son consejeros ciudadanos de la comisión de búsqueda capitalina, han sido informados acerca de en qué consiste. Mucho menos han visto que en el pasado haya resultados destacados.
“Como estrategia y como modelo –señala Villalobos– nosotros lo que podemos decir es que no existe un plan de búsqueda en la Ciudad de México. Apenas se están integrando algunas situaciones con reuniones que se han venido generando con integrantes del Sistema de Búsqueda de la Ciudad de México, que a raíz de los cambios, no se ha convocado a una reunión del sistema local”.
En el caso de la capital, la última reunión del sistema de búsqueda de la Ciudad de México se llevó a cabo el 28 de abril. Pese a que consejeros ciudadanos han solicitado al comisionado, Enrique Camargo Suárez, la minuta de esa última sesión, no han recibido respuesta. En aquel momento, Batres aún no estaba al frente y no se abordó de ninguna manera alguna estrategia especial de localización.
Villalobos acusa, incluso, un desaseo en el registro de personas desaparecidas, además de la falta de apoyo y fortalecimiento a los comisionados de búsqueda que ha tenido la capital. Cordero agrega que es preocupante que la Ciudad de México se tome como modelo, pues en los tres años del consejo ciudadano, ha habido muy poco acceso a la información, así como falta de coordinación interinstitucional.
“Está muy desarticulada esta coordinación que la ley ordena que tendría que ser muy cercana para eficientar las búsquedas. En este sentido, a las personas que conocemos el contexto de la Ciudad de México nos llama la atención que hablan de una estrategia que además nunca ha sido presentada en el seno del Sistema de Búsqueda de la Ciudad, y que no conocemos los consejeros, aun cuando estamos muy insistentes pidiendo información y reuniones con las autoridades involucradas”, dice Cordero.
Secretaría de Bienestar concentra esfuerzos de “actualización”
Luego del anuncio de Encinas en enero de este año en torno a un programa piloto de búsqueda en vida, el proceso para cruzar bases de datos a nivel federal comenzó en el primer semestre de este año.
¿Cómo hizo la Secretaría de Bienestar para, al margen de la ley, emprender las visitas casa por casa? En un primer momento, solicitó todas las bases de datos que tuvieran disponibles a los gobernadores de los estados de la República, primordialmente aquellos gobernados por Morena.
Con el conocimiento y el respaldo de la Subsecretaría de Derechos Humanos, presidida por Alejandro Encinas, la dependencia fungió como un concentrador de todos los datos personales disponibles, y así empezaron los cruces con el Registro Nacional alrededor del mes de mayo.
Encomendada a los servidores de la nación, la tarea la coordina desde entonces Carlos Torres Rosas, secretario técnico del gabinete de la Presidencia y Coordinador General de Programas para el Bienestar, mediante las delegaciones estatales de la dependencia distribuidas en las entidades del país.
Los titulares de las comisiones estatales de búsqueda conocieron únicamente la lista de coincidencias, cerca de junio, una vez que fue enviada a esos organismos. Dependiendo del estado que se tratara, intervinieron en las visitas casa por casa funcionarios de la comisión local, de la Comisión de Búsqueda Nacional y solo algunas veces de las fiscalías, además de los servidores de la nación.
Estos últimos no tenían ni el perfil ni la capacitación ni la logística adecuada para acercarse a las familias, ni hubo una planeación específica para esas visitas, de acuerdo con funcionarios involucrados en el proceso. Las visitas casa por casa, además, no estuvieron exentas de incidencias para las propias personas servidoras de la nación.
Sin una planeación previa, mapeo, sectorización o distribución adecuada y estratégica de los domicilios, uno de los errores más grandes fue acudir a preguntar a familias en casos donde la persistencia de la búsqueda era públicamente conocida o incluso en aquellos donde la persona ya había sido localizada sin vida, lo que condujo a la revictimización.
Los servidores de la nación que participaron eran aquellos que se encontraban adscritos a la Secretaría de Bienestar a nivel federal, pero desde antes se encontraban desplegados en las entidades.
ONU se suma a alerta por actualización de Registro Nacional
El pasado 3 de octubre, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) emitió observaciones finales a México, luego de la presentación de información complementaria tras su última visita, en las que alertó que la actualización del Registro Nacional, promovida desde la Presidencia de la República, se realiza “sin seguir el Protocolo Homologado de Búsqueda y estándares internacionales aplicables en la materia”.
Las observaciones finales del organismo internacional ocurrieron luego de que del 13 al 15 de septiembre autoridades mexicanas comparecieran ante el CED para exponer resultados de la visita que el Comité realizó al país en 2021.
Ante el proceso de actualización del llamado “censo”, advirtieron que “no es ejecutado por las autoridades competentes en materia de búsqueda sino por otras instancias” y “no cuenta con una metodología clara y transparente, y mecanismos que permitan la participación de los familiares de personas desaparecidas”.
Consultada al respecto, Ceci Flores, líder del Colectivo Madres Buscadoras de Sonora, señaló que en ningún momento las autoridades se han acercado para preguntarles si ellos tienen alguna aportación. “Claro que no, hasta en eso nos hacen a un lado las autoridades”, señala.
El CED indicó que en la búsqueda de actualización se han denunciado actos de revictimización, e incluso señalamientos contra familiares por “ocultar” el paradero de sus seres queridos. Además, llama al Estado mexicano a establecer mecanismos que garanticen la participación de colectivos de víctimas, así como medidas para evitar su revictimización y para proteger la información.
Del mismo modo, el organismo internacional señala la necesidad de asegurar la transparencia de la metodología utilizada, garantizar la fiabilidad de los datos recopilados, y dejar el proceso en manos de la CNB, con independencia e imparcialidad.
Otra de las preocupaciones del CED hace referencia a la resistencia de algunas autoridades para registrar y compartir información con el Registro Nacional, el limitado número de registros que incluyen información sobre el delito investigado -sobre todo en casos de desaparición forzada- y la limitación de datos desagregados en el Registro.
Animal Político buscó a integrantes del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, que si bien prefirieron no dar declaraciones por la falta de acuerdo respecto a la actualización registro, respaldan públicamente las observaciones del CED y señalan que sus 73 recomendaciones reflejan la necesidad de acciones concretas y eficaces para resolver la crisis de desaparición en el país.
AUTOR: MARCELA NOCHEBUENA, ALFREDO MAZA.
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