Tierras que fueron santuario para los otomíes y hogar de encinos, oyameles, cedros y pinos, hoy se encuentran rodeadas por una valla que promete “una vida en armonía con la naturaleza” en el fraccionamiento de lujo Reserva Santa Fe, encima de un Área Natural Protegida.
Reserva Santa Fe es para él, como esos insectos que devoran sin piedad. Con sus manos ásperas, tienta el tronco de un árbol con surcos marcados por el escarabajo descortezador, un enemigo más sutil pero igual de implacable, que ya ha mostrado sus colmillos en este bosque, parte del “Santuario del Agua y Forestal Subcuenca Tributaria Río San Lorenzo”, uno de los más de 50 parques estatales del Estado de México.
La ruta que conduce al proyecto inmobiliario es un mapa de baches. A mitad del camino, con guantes de trabajo gastados, una carretilla y una pala, Jesús Gutiérrez, de 64 años, un hombre con bigote canoso y despeinado, esquiva una fila de automóviles de lujo. La carretera, que alguna vez fue un camino rural, ahora es tránsito de camionetas “casi blindadas”.
Su labor cotidiana consiste en reparar la tortuosa carretera que va de Salazar a Piedra Grande. Una tarea interminable, pues al menos desde hace una década el camino se abandonó con la intención de modernizarlo; sin embargo, las comunidades de alrededor se opusieron y no se ha logrado concretar la obra.
–Quieren cerrar esta carretera a la circulación, no caben las camionetas– explica Jesús.
–¿Siempre han transitado autos de lujo?
–Desde que tengo recuerdo, aquí han convivido unos ricos y otros pobres. El problema es que a nosotros, los locales, no nos pagan bien.
El contraste entre la infraestructura futurista de Reserva Santa Fe y la precariedad de la vida cotidiana en las comunidades circundantes es evidente. Jesús agrega medio resignado y descontento: “La reserva se quedó con los árboles y todo”.
El precio de la vivienda en Reserva Santa Fe se ofrece a un costo aproximado de 62 mil 618 pesos por metro cuadrado, lo que equivale hasta tres veces el precio por metro cuadrado en la CDMX. En su fase de preventa los precios oscilan entre los 18 y los 30 millones de pesos, según distintas agencias inmobiliarias que ya ofertan las tierras de la comunidad otomí. La fecha programada de entrega de este proyecto está establecida para septiembre de 2025.
–¿Compraría una propiedad en el bosque?
–¿De dónde voy a sacar 30 millones?– se pregunta Jesús.
Pensativo, con el cansancio de quien trabaja de sol a sol, Jesús arroja una explicación: “Gano 200 pesos al día para mantener a mi familia. Somos cinco en casa y con los precios tan altos, con la tortilla a 20 pesos”.
“Necesitamos que venga un jefe para que nos defiendan o paren la obra”, afirma Jesús, quien participó en el bloqueo de la carretera México-Toluca en agosto pasado. En conjunto con vecinos de Llano Grande, Agua Blanca y San Francisco, acusaron a la inmobiliaria de “privatizar” uno de los pocos accesos al Cerro de la Campana, un sitio de veneración a la imagen del Divino Rostro.
Además, la Asociación del Divino Rostro –una comunidad religiosa asentada en Atarasquillo– cedió al desarrollo inmobiliario el cuidado del santuario de Nacelagua. En este sitio sagrado para los otomíes, resplandece la imagen de la Virgen de los Remedios, así como un anillo que simboliza la corona del Divino Rostro. Actualmente, estas piezas se han incorporado como amenidades del desarrollo.
A pesar de su edad, Jesús no tiene planes de retirarse pronto, aunque sí espera pacientemente la llegada de su pensión del gobierno. “Me invitaron a trabajar en la reserva, pero me dijeron que ya estaba grande”, dice con una sonrisa resignada.
Jesús toma su pala y arroja tierra sobre uno de los baches, como si en cada palada sofocara su última esperanza.
–¿Qué otro problema hay en la zona?
–El agua del canal viene muy sucia, hasta con lombrices.
–¿Y qué beben?
–Compramos tres garrafones de agua a la semana.
Mientras tanto, como si emularan la persistencia de los escarabajos al abrirse camino en la madera, trabajadores con chalecos anaranjados construyen caminos ondulantes en este bosque, ahora vigilado por guardias de seguridad privada armados, tanto en las entradas como desde torres de vigilancia.
Reserva Santa Fe se ubica a menos de cinco kilómetros del Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla, conocido como La Marquesa. Además, está diseñado en una zona con doble zonificación estatal: la del Parque Otomí Mexica y el Santuario del Agua y Forestal Subcuenca Tributaria Río San Lorenzo.
Reserva Santa Fe –con una inversión de 5 mil millones de pesos– está diseñada sobre pastizales que actúan como “ollas de agua”, donde se tiene planeado construir 500 casas residenciales “nivel premium”, aunque el uso de suelo permite la edificación de hasta mil 500 viviendas.
Reserva Santa Fe está envuelta en un conflicto de tierras que data de 1947, cuando la Secretaría de la Reforma Agraria llevó a cabo un reparto de tierras entre las comunidades de Salazar y San Mateo Atarasquillo, en el cual se excluyó a la comunidad de Salazar al incorporar su área de 217 hectáreas a la de San Mateo Atarasquillo.
Sin embargo, en 2005 desarrolladores inmobiliarios, algunos políticos y empresarios, comenzaron a adquirir tierras de San Mateo Atarasquillo, incluyendo las tierras en disputa que originalmente pertenecían a Salazar. No fue hasta agosto de 2017 que el Tribunal Unitario Agrario del Noveno Distrito otorgó la posesión histórica de esas tierras a los comuneros de Salazar.
Posteriormente, el 11 de octubre de 2018, el Tribunal Superior Agrario confirmó la posesión de estas tierras a los comuneros de Salazar, lo que resultó en una sentencia firme y definitiva. A pesar de esto, no existe una determinación más precisa de los límites territoriales (Proceso 2227).
El proyecto inmobiliario comenzó con la compra de tierras en Santa María Atarasquillo, Lerma, por parte de la empresa Desarrollo y Ecología, S.A. de C.V. (DECO), propiedad de Armando Turrent Riquelme. En 2007, DECO contrató a la ONG Toc altia, dirigida por su hermano Manuel Turrent Riquelme, “para facilitar la relación de la empresa con sus socios ejidatarios de Santa María Atarasquillo”.
Poco después, la Secretaría de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Lerma aprobó un Plan de Desarrollo Urbano que permitió la construcción de viviendas en Reserva Santa Fe. Sin embargo, en mayo de 2015, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) constató que la reserva no contaba con los permisos para cambio de uso de suelo que emite la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). A pesar de las irregularidades en los permisos, el proyecto avanzó.
En noviembre de 2018, el Gobierno del Estado de México anunció en su Gaceta que la Reserva Santa Fe tenía todos los permisos necesarios para construir en 615 mil 476 metros cuadrados en Santa María Atarasquillo. En diciembre de 2020, Benedicto Torres de la Cruz, presidente del Comisariado Ejidal de Santa María Atarasquillo, participó en el acto de inicio de edificación de viviendas residenciales.
Ya con el desarrollo en construcción, en septiembre de 2022, se constituyo la sociedad denominada Reserva Santa Fe, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, cuyos socios son los hermanos Armando y Francisco Turrent Riquelme.
Su objeto social abarca una amplia gama de actividades relacionadas con el sector inmobiliario y la construcción. Según consta en la FME N-2022074523, su objeto social principal es: “La compra, venta y comercialización de todo tipo de bienes inmuebles incluyendo, de manera enunciativa mas no limitativa, desarrollos inmobiliarios, unidades habitacionales, departamentos, lotes y townhouses, así como la planeación y comercialización de fraccionamientos urbanos y campestres”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ALEJANDRO SALDÍVAR.
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