Por unanimidad de cuatro votos –la ministra Margarita Ríos no estuvo presente en la sesión–, la Primera Sala de la Corte cerró la puerta a que los medios de comunicación coadyuven de manera más proactiva con los ministerios públicos para investigar y esclarecer los homicidios de sus periodistas.
“Aunque el medio de comunicación quejoso esté en aptitud de alegar una pretendida vulneración a su derecho a la libertad de expresión derivado del delito que sufrió Regina Martínez Pérez (por su carácter colectivo), lo cierto es que esa posición no es distinta de la que ostenta la sociedad veracruzana o la audiencia de la periodista (por ejemplo) para reclamar una afectación al mismo derecho”, señala el proyecto presentado por el ministro Jorge Mario Pardo y avalado por la Primera Sala.
“Y, por ende, tampoco es suficiente para estimar que se materializa un daño que menoscabe su esfera jurídica de forma diferenciada que le permita ostentarse como víctima indirecta dentro del proceso que aún se sigue por el homicidio de Regina Martínez Pérez, máxime que, en todo caso, fue ella y su familia quienes resintieron la mayor afectación.”
En el proyecto, el ministro precisó que no está prohibido que quienes tengan elementos para auxiliar a las autoridades investigadoras los entreguen, pues esto es un derecho y una obligación.
A consideración del ministro Pardo, Proceso no ha sido limitada para ofrecer medios de prueba en la averiguación previa del homicidio de la corresponsal de Veracruz.
“Aún sin el reconocimiento específico de ‘víctima indirecta’, tiene posibilidad de continuar aportando elementos de investigación a la autoridad investigadora en caso de contar con información para el esclarecimiento de los hechos”, indica el fallo.
El 28 de abril pasado, en conferencia de prensa, el director de Proceso, Jorge Carrasco, informó que la revista ha participado y promovido investigaciones colaborativas con Forbidden Stories y la coalición A Safer World of the Truth (formada por Freee Press Unlimited, Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de Periodistas), las cuales han arrojado nuevos datos sobre la manipulación de la investigación del caso.
Como parte de ello, el periodista fue amenazado de muerte, por lo que enfatizó que la Fiscalía General de la República (FGR) –encargada del caso– debe investigar a las autoridades de Veracruz, pues éstas fueron las que conocieron inicialmente del crimen cometido contra Martínez y se enfocaron en plantear la teoría de un crimen pasional.
“La Suprema Corte está en la posibilidad de ampliar esta visión, de ver que lo que sucede con un periodista en lo individual afecta a la empresa para la que trabajaba y a la sociedad en general; si se mantiene esa visión tan estrecha de que las afectaciones solamente son individuales, no vamos a poder avanzar en derribar este muro enorme de impunidad que se ha creado en torno a los asesinatos de periodistas en México”, comentó entonces Jorge Carrasco.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.
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