La difusión de contenido sexual sin consentimiento es un delito en 29 estados de México, incluso con el uso de inteligencia artificial, pero especialistas advierten que persiste desconocimiento y lentitud para atender la violencia digital en el país, lo que obstaculiza las investigaciones.
Sin embargo, especialistas coinciden en que a la fecha persisten las omisiones y falta de conocimiento entre las autoridades encargadas de su investigación, lo que dificulta que los agresores reciban castigo y que las víctimas obtengan la reparación del daño.
El caso reciente de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), que hallaron contenido sexual falso con sus rostros y sin su consentimiento en el dispositivo móvil de uno de sus compañeros, es ejemplo de la vulnerabilidad ante la cual se encuentran las mujeres frente a este tipo de ilícitos, y sobre las dificultades que enfrentan las denunciantes para obtener justicia.
Aunque el IPN ya expulsó a Diego N. —quien estudiaba en la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA)—, y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) continúa investigando los más de 160 mil videos y fotografías que se encontraron en el dispositivo móvil, las denunciantes aseguran que los tratos por parte de todas las autoridades fueron revictimizantes, y pusieron en riesgo el avance de las investigaciones.
De acuerdo con las ocho estudiantes que acudieron ante la Fiscalía, fue hasta después de que se movilizaron para denunciar las omisiones por parte de la FGJCDMX —donde inicialmente les dijeron que no podían denunciar porque no eran víctimas directas, aunque entre las imágenes sí había algunas con sus rostros— y del IPN —Instituto al que acusan de no darles acompañamiento jurídico ni psicológico—, que las autoridades de ambas dependencias las buscaron para continuar con el proceso contra Diego N.
Gracias a estos reclamos, a los que se sumó Olimpia Coral Melo —quien impulsó las reformas a los códigos penales para tipificar la violencia digital contra mujeres—, fue que se les brindó protección policiaca a las denunciantes y la certeza de que el caso no va a ser desechado, sino que se continuará con las indagatorias, a las que piden sumarse a las estudiantes del IPN que tengan conocimiento de haber sido víctimas.
Datos del Módulo sobre Ciberacoso, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, muestran que el 22.4% de las mujeres que usaron internet en 2022 fueron víctimas de situaciones en las que se vieron expuestas, de manera repetida y prolongada, a acciones negativas que buscan hacer daño o causar molestias mediante internet.
El mayor porcentaje de casos ocurrió entre mujeres de entre 12 y 19 años (29.3%), de 20 a 29 años (29.3%) y de 30 a 39 años (23.7%), teniendo mayor prevalencia en los estados de Tlaxcala, Yucatán y Tabasco.
El 9.2% de las mujeres encuestadas señaló haber sido amenazada con publicar información personal, audios o videos para extorsionarlas, y en el 7% de los casos se consumó la publicación de este tipo de materiales.
Además, en el 4.2% señalaron que tuvieron conocimiento de la venta de imágenes con contenido sexual.
“Necesario que instituciones educativas refuercen protocolos contra violencia digital”
Leslie Jiménez, abogada integrante de la asociación Impunidad Cero, explicó que actualmente el Código Penal Federal y los 29 códigos estatales, en los que se encuentra tipificada la ciberviolencia que viola la intimidad sexual, contemplan el castigo para quienes graben, elaboren o distribuyan el material, sea real o simulado. Las únicas entidades donde aún no se ha incorporado al catálogo de delitos son Nayarit, Nuevo León y San Luis Potosí.
La abogada señaló en entrevista que a pesar del reconocimiento del hecho como delito, persisten algunas problemáticas para que este se persiga.
“La persona acusada permanece en libertad durante el periodo de investigación, con los riesgos que esto conlleva, y hay dificultades técnicas para investigar el origen de los contenidos y el alcance que pudo tener su distribución”, comentó.
Además, mencionó que en los códigos penales donde se encuentra este delito las definiciones sobre lo que implica son ambiguas, por lo que existen casos en los que no se reconoce que el material sea “de contenido sexual”, lo que imposibilita el avance de las investigaciones y se niega el acceso a la justicia de quienes denuncian.
Acerca del actuar por parte de las autoridades educativas, Jiménez comentó que, en general, es necesario que a partir de casos como el suscitado en el IPN, y previamente en la Universidad Anáhuac Mayab —donde estudiantes denunciaron la difusión de contenido sexual sin consentimiento por redes sociales—, las instituciones refuercen sus protocolos contra la violencia de género, para que no se actúe de forma revictimizante u omisa.
“Desafortunadamente es algo que ocurre de forma reiterada en este tipo de espacios, por eso es que más allá de las acciones por parte de las fiscalías, es necesario que las instituciones educativas públicas o privadas refuercen sus protocolos para investigar casos de violencia de género”, señaló.
“Por ejemplo, en el caso concreto del IPN, este no reconoce de manera específica la violencia digital, y eso es preocupante”, añadió.
Para la especialista, el tema de fondo es que se trata de algo sistémico y meramente estructural, “que al día de hoy no se atiende de manera pronta, porque este tipo de delitos particularmente deben atenderse de manera rápida, antes de que se pueda bajar el contenido o que este ya se haya esparcido por internet, lamentablemente las fiscalías siguen siendo sumamente lentas”.
“Autoridades sin sensibilización y capacitación sobre violencia digital”
Angie Contreras, de la asociación Cultivando Género, afirmó que la lentitud de los procedimientos judiciales y el desconocimiento de lenguaje técnico y uso de tecnologías están entre los principales factores que imposibilitan el acceso a la justicia en este tipo de casos.
“Aunque tengamos las tipificaciones y se realicen reformas, seguimos con autoridades sin sensibilización o capacitación en el tema, no conocen cómo realizar este tipo de investigaciones, la capacidad de la policía cibernética incluso es limitada, y esto solo va a resolverse cuando tengan voluntad de atender el tema e invertir lo necesario para que se implementen correctamente las leyes que ya tenemos”, agregó.
La consultora especializada en tecnología, perspectiva de género y derechos digitales consideró que a ello se suma que esta violencia se encuentra normalizada y sigue siendo un estigma para las víctimas, quienes deben lidiar con los tratos insensibles de las autoridades, que además actúan con plazos que en algunos casos impiden que se resguarde la evidencia digital de los delitos.
“Las autoridades no saben que la información puede ser resguardada, porque incluso cuando se eliminan las publicaciones hay un resguardo de información por parte de las plataformas, que varía en su temporalidad, pero desafortunadamente entre el desconocimiento y las tardanzas del sistema se pierde el control sobre esos contenidos”, lamentó.
Ante este panorama, la activista señaló que, en caso de que se tenga conocimiento de algún hecho de violencia digital relacionado con contenido sexual no autorizado, es recomendable que las denunciantes cuenten —de ser posible— con capturas de pantalla, enlaces y toda evidencia que puedan presentar en lo inmediato a las autoridades, con la finalidad de exigir que se actúe de manera pronta y evitar la eliminación o viralización de las publicaciones.
“Tanto las escuelas como todas las instituciones tienen que entender su responsabilidad de garantizar que el espacio físico y digital de quienes interactúan en ellas sea seguro, es necesario que dejen de reproducir violencias contra quienes denuncian porque esto no es un juego, y si no se actúa en consecuencia las mujeres seguirán teniendo que acudir a redes sociales para garantizar que haya consecuencias, y ahí sí van a preocuparse, como en este caso”, concluyó.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ERÉNDIRA AQUINO.
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