Pese a que las autoridades se niegan a entregar una lista oficial en la que se identifique a las personas desaparecidas por el huracán, Animal Político pudo constatar que en 24 de los 30 casos oficialmente reconocidos por el Gobierno Federal, ni las comisiones Nacional o local de Búsqueda ni la Fiscalía General del Estado de Guerrero han subido los datos de las personas que se encuentran como desaparecidas o no localizadas a la lista oficial de víctimas.
Se trata de Marco Antonio Franco Cipriano, Leonardo Leiro Cabañas y David Pérez, que iban a bordo del yate el Tourbillon; Demetrio Felipe Morales y Rubén Torres Campos del yate Sereno; Gustavo Hurtado Carranza de la embarcación Bacchus y Axel Pérez Rivera que laboraba en el embarcadero en el fraccionamiento El Guitarrón.
También Abigail Andrade Rodríguez, Ulises Díaz Salgado, Alejandro Sandoval Ugarte y Fernando Parra Morales del yate Litos; Eduardo Martínez Leyva y Sergio Martínez Durán, trabajadores de las embarcaciones Perla 1 y Perla 2, respectivamente; así como Ulises Castillo Hernández, pescador del cayuco denominado Valeria Abigail, y Osbel Rogelio Melo Atala, de la embarcación tipo draga San Ignacio.
Marco Antonio Chávez Domínguez y José de Silverio García del yate Mar Azul; María Hilaria Delgado Valdovinos y los menores de edad Luis Alberto López Sarabia y Luis Sebastián Herrera Delgado del yate Rosemary Cristine; José Ángel Gil Murga del yate Sir Lady; Moisés Andrés Martínez Hernández de la embarcación La Vagancia o Pablo Gerónimo Ramírez Mercado de la embarcación Pelágico.
Tampoco fue registrado José Federico Gómez Ortiz, del yate Aca Rey, cuyo cadáver ya fue encontrado, a 22 días de Otis, en la Costa de Acapulco, entre un cementerio de lanchas y yates, mientras los familiares de desaparecidos exigían a las autoridades reforzar las labores de búsqueda.
Falta administrativa grave, omisiones de las autoridades en la búsqueda de personas desaparecidas
De acuerdo con el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, entre las responsabilidades que las autoridades primarias tienen para la búsqueda inmediata de personas está realizar una entrevista inicial con familiares o testigos de la desaparición, así como registrar en el RNPDNO datos como nombre completo y apodos usuales, dirección de domicilio o centro de trabajo, rutinas, fotografías recientes, señas particulares, último contacto, vestimenta, fecha de nacimiento y edad, género, ocupación, entre otros.
La base de datos concentra la información de todas las personas que están siendo buscadas en México, sin importar dónde, cómo o ante qué autoridad se hizo el reporte.
“Los recursos necesarios para realizar la carga de información a un sistema informático (computadora, corriente, conexión a internet) pueden no estar disponibles, pero esto no debe ser obstáculo para que una entrevista se realice. Las personas entrevistadoras deben tener suficiente familiaridad con la información que es necesario obtener en las entrevistas como para realizarlas sin disponer de un formulario o una computadora. También deben ser capaces de registrar la información en los medios a la mano (libretas, grabadoras, etc.), a la espera de un momento en que la carga en el sistema sea posible”, señala.
Además, agrega que “ninguna información que las personas entrevistadas proporcionen debe quedar sin registrar” y que las personas servidoras públicas solicitan información para orientar la búsqueda, “pero absolutamente nada de lo que obtengan puede ser usado como base para negarse a registrar y buscar diligentemente a la persona desaparecida o no localizada”.
Pero el pasado 17 de noviembre, en un cuarto repleto de archivos y cajas de cartón, el fiscal Juan Daniel Cerillo Huerta, encargado de la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas desaparecidas en el estado de Guerrero respondió “la bronca no es conmigo, estamos haciendo todo lo que se puede” ante el enojo de familiares de marineros desaparecidos.
“Nosotros como fiscalía investigamos delitos y ese es nuestro trabajo. No tenemos equipo para lanchas, buzos, no tenemos nada de eso y aparte que no nos corresponde”, dijo el fiscal, en un escritorio colocado en medio de un cuarto sucio, a 23 días del paso del huracán Otis.
Pero el fiscal especializado se equivoca. De acuerdo al artículo 43 de la Ley General de Desaparición, se considera como grave el incumplimiento injustificado o la actuación negligente de las autoridades ante cualquier obligación relacionada con la búsqueda inmediata de personas desaparecidas y no localizadas, entre ellas incluirlas en el RNPDNO, por lo que el incumplimiento de los procedimientos establecidos en el Protocolo Homologado son considerados a su vez como una falta administrativa grave.
La familiar de una de las cuatro personas desaparecidas del yate Litos aseguró que la molestia de los presentes era por la actuación de la Marina, “que nos están cortando el acceso, la comunicación y se están restringiendo y se están cerrando cuando ellos son los responsables de búsqueda y rescate”.
“O sea, le vuelvo a repetir, la bronca no es conmigo. Estamos haciendo todo lo que se puede”, respondió el fiscal.
Marina incumple promesa de incluir a familiares en búsquedas; Gobierno Federal cancela reunión
Ante las respuestas del fiscal especializado, las familias de las personas desaparecidas acusaron revictimización y restricción del acceso a las búsquedas, por lo que convocaron a una manifestación para el sábado 18 de noviembre en la zona conocida como Base Naval, en la que pidieron ser incluidos en la búsqueda y rescate de sus seres queridos.
Ese día, tras ser recibidos por la Semar, familiares de los desaparecidos dijeron que la Marina aceptó incluirlos en las búsquedas, aunque se negó a ir mar adentro y ayudarlos a conseguir los permisos para que particulares pudieran realizar sobrevuelos en la zona.
“Gracias a dios hemos dado un paso muy importante, que es que nos van a incluir en las búsquedas, nos vamos a organizar de tal manera que vayamos grupos de tres o cuatro para que no nos desgastemos todos. Entonces esto ya es un gran avance para nosotros porque de cierta manera estamos siendo incluidos y escuchados”, dijo al salir de la reunión Susana Ramos Villa, esposa de Rubén Torres Campos, del yate Sereno.
Cinco días después, ciudadanos realizaron protestas durante una vista del presidente Andrés Manuel López Obrador al exterior de la Décimo Segunda Región Naval de Acapulco, en donde el mandatario dio su conferencia de prensa y presentó el plan de reconstrucción para el puerto tras el paso de Otis.
En esta ocasión los damnificados acusaron que las autoridades de los tres niveles de gobierno no han informado con veracidad el total de la devastación y que la ayuda ha sido insuficiente. Por su parte, los familiares de personas desaparecidas señalaron que el gobierno miente con las cifras de muertos y desaparecidos, y que no se están haciendo las labores de búsqueda.
Por esta razón, los manifestantes llevaron lonas con las fotos de sus familiares desaparecidos, muchos de ellos marineros de embarcaciones que fueron destruidas durante el huracán, así como pancartas con consignas como “AMLO traidor” y “Se los vamos a cobrar en 2024”.
Luego del bloqueo en la base naval, los familiares aseguraron que Osiel Morales Nava, delegado estatal, les informó que ese mismo día tendrían una reunión con Juan Carlos Gómez Curtís, delegado de Gobernación federal -del que Animal Político no encontró registro-, mismo que aseguró los atendería personalmente para darle seguimiento a sus casos.
“Sin embargo, hoy ese delegado canceló la reunión para moverla al lunes, pero ya no nos atenderá él sino la Fiscal del estado y eso nos regresa a lo que teníamos en un inicio”, dijo en entrevista la familiar de uno de los marinos desaparecidos.
Es decir, retomará el caso la misma Fiscalía que reconoció, hace apenas un par de días, que no tiene los recursos ni los medios necesarios para realizar la búsqueda de personas en el mar, por lo que les pidió esperar la actuación de la Marina.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MEZA.
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