En un comunicado, la CDHCM aclaró que el INM tiene atribuciones para realizar revisiones migratorias, las cuales deben ser con apego a la Ley de Migración, en particular en su artículo 22, que señala que en dichas revisiones tienen que respetar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en su ley: “Sin embargo, la CDHCM ha recibido denuncias de que no ha sido así”.
Debido a lo anterior, y a partir de las obligaciones de la CDMX -con fundamento en su Constitución Política y la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana-, la comisión consideró importante que:
-Se garantice que las intervenciones del INM en la capital se desarrollen en el marco de la legalidad, procurando que las revisiones migratorias sean el último recurso a implementarse.
-Seguir avanzando en construir alternativas para la atención a un fenómeno social multicausal que será permanente en el mediano y largo plazo, para lo que es necesario: Ampliar la capacidad institucional de atención a los flujos mixtos, reconocer y fortalecer la labor de los albergues de sociedad civil, y el desarrollo de políticas de inclusión.
-Desactivar y mediar el conflicto social implementando políticas enmarcadas en la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la CDMX. Donde impere el espíritu de respeto mutuo, la coexistencia y el alto a la xenofobia para que comunidad de vecinos y población en contexto de movilidad estén conformes.
Además, la CDHCM puntualizó que se solicitó, dada su competencia, que investigue y monitoree estas revisiones migratorias, por lo que “proporcionará, en colaboración, toda la información que documente sobre el actuar de las autoridades federales, investigará y hará monitoreo del proceder de las autoridades locales que participen en ellas”.
Explicó que en los últimos meses ha crecido el número de puntos de asentamientos y concentración de personas migrantes, en las alcaldías antes mencionadas y en los alrededores de albergues en inmediaciones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar): “Lo que ha provocado malestar y protestas de algunos vecinos en dichas zonas y una intervención del INM en la CDMX a petición, de acuerdo con su comunicado, del gobierno capitalino”.
Y recordó que la Jefatura de Gobierno anunció que está por determinarse el cierre del albergue temporal ubicado en la alcaldía Tláhuac, luego de que Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó que solamente se atenderán solicitudes de refugio en las oficinas de la Comar ubicadas en la alcaldía Cuauhtémoc.
Por lo que puntualizó: “Es posible, que nuevamente se formen asentamientos en los alrededores de las oficinas de la Comar, derivado de la tendencia al alza del número de solicitudes de asilo en la ciudad, asentamientos que fueron el origen de que se abriera el albergue de Tláhuac a principios de 2023”.
La comisión aclaró que las solicitudes de asilo son “casi” la única opción que las personas migrantes encuentran para tener una estancia regular en el país y así evitar vejaciones durante su estancia o tránsito.
Remarcó la urgencia de desarrollar respuestas integrales a través de políticas de inclusión con enfoque de derechos humanos: “Se debe tener claro que la Ciudad de México continuará siendo punto de tránsito y lugar de destino de población en contexto de movilidad, toda vez que hay un incremento de los flujos de población migrante y sujeta de protección internacional”.
De lo contrario, explicó, las acciones implementadas resultarán en “paliativos que lejos estarán de resolver los problemas de fondo y sí agudizarán la conflictividad social”.
Y afirmó: “Deben buscarse siempre alternativas de política pública que pongan en el centro la vida y dignidad de las personas (...) Los espacios en vía pública se ocupan porque los albergues están rebasados y los espacios de gobierno son insuficientes".
El pasado 13 de noviembre, el INM informó que a petición del Gobierno de la Ciudad de México y de la alcaldía Gustavo A Madero, “rescató en acciones de verificación migratoria” a 246 personas migrantes provenientes de Centroamérica, Venezuela y Haití, quienes permanecían en áreas públicas en la zona norte de la capital.
De acuerdo con el organismo de la Secretaría de Gobernación, dichas acciones fueron ejecutadas entre el pasado viernes 10 y domingo 12 de noviembre, en apego a las disposiciones de la Ley de Migración, su reglamento, así como en atención y salvaguarda del interés superior de la niñez.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: XIMENA AROCHI.
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