Roberto Salinas, director del Centro de Investigación 'Morelos Rinde Cuentas', expresó su preocupación por el ocultamiento de información relevante en la convocatoria, como currículos, ensayos y entrevistas de los candidatos a magistrados.
“La justicia en Morelos está en riesgo”, alertaron integrantes del colectivo por “La Justicia que Merece Morelos”, tras denunciar que “el Congreso de Morelos está a punto de asignar magistraturas en el Poder Judicial pagando cuotas o colocando a sus cuates en medio de un proceso de asignación totalmente opaco”.
Por ello, los integrantes del colectivo lanzaron un S.O.S a la población y advirtieron que de concretarse las pretensiones del Congreso en la designación de las magistraturas condenarán a las y los morelenses a 14 años de justicia bajo los intereses de grupos de poder.
Morelos fue el estado peor evaluado en capacidad institucional en justicia penal, de acuerdo a los resultados del último reporte 2022 realizado por el Centro de Análisis de Políticas Públicas “México Evalúa”.
En dicha evaluación se consideró capacidad institucional para responder a las demandas y requisitos del Sistema de Justicia, tanto de política pública (considerando su planeación, coordinación, presupuestación y evaluación), como respecto de su capacidad instalada en términos de personal, infraestructura y organización interna y Morelos obtuvo solo 346.8 puntos, muy por debajo de la puntuación mínima que era de mil 200 puntos.
A pesar de este panorama, en los próximos días las y los legisladores del Congreso local, designarán 10 magistraturas del Poder Judicial colocando a sus allegados o afines a grupos de poder, según el colectivo por “La Justicia que Merece Morelos” que está integrado por Grupo Empresarial Morelos, Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Cuernavaca. (CANACO SERVYTUR), Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios Morelos y el Centro de Investigación “Morelos Rinde Cuentas”.
Roberto Salinas, director del Centro de Investigación “Morelos Rinde Cuentas” expresó la continua preocupación de la sociedad civil y las cámaras empresariales en relación con las próximas designaciones en el Tribunal Superior de Justicia de Morelos.
Salinas resaltó la necesidad de que los diputados del Congreso de Morelos tomen decisiones acertadas y transparentes en las designaciones de magistrados, subrayando la importancia de la participación de la sociedad civil en este proceso. Sin embargo, lamentó la falta de debates, análisis y apoyo de la sociedad civil en un proceso que carece de transparencia.
El director del Centro de Investigación también expresó su preocupación por el ocultamiento de información relevante en la convocatoria, como currículos, ensayos y entrevistas de los candidatos a magistrados. Esto ha generado temores de que las decisiones se basen en cuotas y favoritismos, lo que podría resultar en un deterioro adicional en la justicia de Morelos.
Muchos aspirantes, muchos compromisos
De acuerdo con un estudio minucioso realizado por el Colectivo por “La Justicia que Merece Morelos”, de 148 aspirantes, dos no tienen cédula profesional, 76 tienen maestría y 32 Doctorado, según información obtenida en el Registro Nacional de Personas Profesionistas.
Además, 47 personas podrían tener conflicto de interés por su trabajo actual o anterior con instituciones gubernamentales o bien por relaciones familiares.
También, figuran al menos cinco personas con militancia política activa en Morena, dos en el PAN, hay dos excandidatos a cargos de elección popular del PAN, dos excandidatos del PRI, un excandidato de Movimiento Ciudadano y un excandidato de Redes Sociales Progresistas.
De la misma manera se han localizado a cinco personas con actividad laboral en partidos políticos y tres exdiputados. Entre ellas resaltan las siguientes personas y afinidades: Miguel Lucia Espejo, quien fungió como presidente de Morena del 2025 al 2017; Gerardo Vargas Salgado, en 2018 candidato a diputado federal del 4to distrito del partido Acción Nacional; Mónica Marín Méndez, militante del PAN y Nancy Giovanna Montero Mercado, militante del PAN.
Entre los aspirantes a las magistraturas también se encuentran Javier Díaz Mújica, exdiputado del PRI, Adrián Ariza Cuéllar quién tiene actividad partidista al ser representante de finanzas en Morelos Progresa, Patricia Ariza Cuéllar, encargada del Órgano Interno de Control del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que fue nombrada en el cargo cuando su esposo Edwin Brito fungía como diputado del Partido del Trabajo (PT).
En tanto figuran algunos aspirantes con vínculos directos con las diputadas y diputados, la mayoría trabajan en el Congreso, sobre los que el colectivo por “La Justicia que Merece Morelos”, difundió un listado:
Eduardo Horacio López Castro, Secretario Técnico Área en la Comisión de Reglamentos, Investigación, Prácticas y Relaciones Parlamentarias y colaborador de Julio Cesar Solís Serrano, diputado plurinominal de Movimiento Ciudadano.
Arturo Loza Flores, coordinador en la Dirección de Recursos Humanos y Mario Sánchez Navarro, Secretario Técnico de la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas; ambos con conexión al diputado morenista Alberto Sánchez Ortega.
José García Noguerón, Auxiliar Administrativo en la Dirección de Recursos Humanos y asesor de la diputada morenista Macrina Vallejo.
Roberto Soto Castor, Secretario Técnico de la Comisión Especial de Energía y Carlos Gibrán Haro Álvarez, ambos tienen relación directa con la diputada Marguis Zoraida del Rayo Salcedo, este último es abogado y fue su defensor en el proceso por presunto fraude al obtener pensión del Congreso que enfrentó en su momento la hoy legisladora.
Nicolás Arturo Garduño Sámano, Secretario Técnico de la Comisión de Puntos Constitucionales y colaborador del diputado del PRI, Eliasib Polanco Saldívar.
Felipe Ignacio Garay Güemes, Secretario Técnico de la Comisión de Seguridad y Protección Civil y colaborador de la diputada morenista Paola Cruz Torres.
César Salgado Alpízar, Secretario Técnico de la Comisión de Medio Ambiente y colaborador de la diputada panista Andrea Gordillo.
Fernando Abarca Torres, Secretario Técnico de la Comisión del Deporte y colaborador de la diputada de Movimiento Ciudadano Luz Dary Quevedo Maldonado.
Elías Barud, asesor del área de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado y colaborador del diputado del Partido Nueva Alianza (Panal) Agustín Alonso.
Araceli Salas García, secretaria técnica de la Comisión de Igualdad de Género y auxiliar de la diputada Tania Rodríguez, del Partido del Trabajo.
También alertaron sobre personas que al quedar al frente de una magistratura podrían presentar conflictos de interés, como es el caso de María Luisa Sánchez Osorio, esposa del fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara porque podría revisar carpetas de interés de la Fiscalía de Morelos y además su hermana ya es magistrada.
Así mismo, el extitular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Juan Salazar Núñez, porque podría revisar las propias carpetas que el inició como fiscal anticorrupción.
A esto se suman los escasos conocimientos del Órgano Político Calificador que se encargará de designar a las magistradas y magistrados, integrado por las diputadas Tania Valentina del PT, Paola Cruz de Monera, Marguis del Rayo de Morelos Progresa, Verónica Anrrubio de Nueva Alianza y Erika Hernández Gordillo de Redes Sociales Progresistas.
Así como por los diputados Julio César Solís de Movimiento Ciudadano, Alejandro Martínez Bermúdez de Morena, Eliasib Polanco del PRI y Óscar Cano del PAN.
De acuerdo con las y los integrantes del colectivo “La Justicia que Merece Morelos”, las y los citados diputados evitaron incluir mecanismos de transparencia y evaluación que darían certeza a la elección de los mejores perfiles, “algunos de ellos prometieron en un foro de transparencia incluir el mecanismo, pero al final incumplieron los acuerdos”, detallaron.
Alejandro Martínez Bermúdez, diputado de Morena y presidente del Órgano Político Calificador, aseguró en entrevista con Aristegui Noticias : “No permitiremos designaciones de compadrazgos ni para favorecer a grupos de poder, en esta ocasión se optará por los mejores perfiles, nos interesa fortalecer al Poder Judicial”.
Hasta ahora, la diputada Erika Hernández Gordillo ha solicitado abiertamente que se garantice transparencia e incluso ha señalado las irregularidades en el proceso de selección.
Mientras que el diputado Agustín Alonso Gutiérrez, adelantó en entrevista con diversos medios de comunicación que esta semana se realizará la designación de las personas que ocuparán las vacantes.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: ESTRELLA PEDROZA.
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