Los grupos parlamentarios de los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Verde Ecologista Mexicano (PVEM) en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, admitieron, la madrugada del 9 de noviembre de 2023, la adición de un artículo transitorio al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), para el Ejercicio Fiscal 2024.
Ello para etiquetar los aproximadamente 15 mil 450 millones de pesos, de los 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), extinguidos en el Congreso de la Unión, y que dichos recursos sean usados para los damnificados y la reconstrucción que dejó el huracán “Otis”, en los municipios de Coyuca de Benítez y Acapulco de Juárez, en Guerrero.
Según la reserva presentada en tribuna por el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, del grupo legislativo de Morena, “los recursos que se reintegren a la Tesorería de la Federación [TESOFE], derivados de la extinción de los fideicomisos constituidos por el Poder Judicial […] se destinarán para atender los daños y desastres ocasionados por el huracán categoría cinco Otis, en el estado de Guerrero”.
Al fundamentar la propuesta, Medina Filigrana sostuvo que la propuesta respondía al sentir, solidaridad y compromiso de los legisladores federales con la población del estado de Guerrero y el puerto de Acapulco.
“Hoy, esta reserva es una reserva que recoge el sentimiento y el pensar de ustedes en torno a esta difícil situación, como todas y todos sabemos, el Gobierno del presidente López Obrador se ha hecho presente desde un principio en Acapulco en ayuda a su ciudadanía”, dijo el legislador de Morena, quien agregó ello representaba la oportunidad de un acto de Estado, en el que concurran los tres Poderes.
Horas antes, la alianza legislativa del Frente Amplio por México (FAM) -integrada por los grupos legislativos de los partidos Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD)- en San Lázaro, anunció una acción de inconstitucionalidad en contra de la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del PJF.
Los coordinadores parlamentarios de las bancadas del PAN, PRI y PRD -Jorge Romero Herrera, Rubén Moreira Valdez y Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, respectivamente-, rechazaron que los citados fideicomisos se trataran de instrumentos destinados al pago de privilegios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Como Frente Amplio, con nuestro 33 por ciento que exige el artículo 105 constitucional, vamos a interponer en los próximos días una acción de inconstitucionalidad, porque esa es una prerrogativa de las minorías”, dijo el líder de los diputados del PAN.
El legislador panista rechazó que estuvieran defendiendo privilegios, ya que al menos seis de los 13 fideicomisos estaban compuestos por recursos federales, pero también por aportaciones individuales de miles de trabajadores, algunos de ellos con hasta 30 años de antigüedad.
Romero Herrera tambien dijo -durante una conferencia conjunta- que la acción de inconstitucionalidad era por violar los artículos 1 y 123 constitucionales, en materia de respeto a los derechos laborales y su progresividad.
“No puedes tener un derecho adquirido y que después te lo quiten, es absolutamente inconstitucional, ya sólo con ese argumento, estamos seguros que habremos de ganar la acción”, afirmó el diputado del PAN, quien detalló que otros argumentos eran la violación a la división de poderes y a la autonomía presupuestal del PJF, así como violaciones al principio de no retroactividad.
“Esta ley hubiera sido legal si hubiera dicho ‘ya no puede el Poder Judicial hacer un solo fideicomiso más”, lo que no puede es desaparecer algo que cuando se conformó era legal, eso se llama irretroactividad en la ley y es inconstitucional hacerlo”, afirmó Romero Herrera.
Por su parte, el coordinador del grupo legislativo del PRD, reiteró que las disponibilidades de los citados fideicomisos contenían ahorros de toda la vida de trabajadores del Poder Judicial de la Federación.
Espinosa Cházaro indicó que la extinción de los fideicomisos era una venganza en contra de la presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, por no haberse plegado al Gobierno federal. Una muestra de ello, afirmó, es la renuncia de Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea y su adhesión al proyecto de Claudia Sheinbaum Pardo, “coordinadora nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación”, así como virtual candidata presidencial de los partidos Morena, Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT).
“¿Por qué no habían desaparecido estos fideicomisos si los conocieron en 2018 y 2019, que habían llegado a la Presidencia de la República? La respuesta nos la dio ayer el ministro cuatrotero. Renuncia a un encargo que tiene, constitucional como ministro, para irse a trabajar a la 4T, ese es el fondo del asunto”, advirtió el legislador perredista.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.
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