Los estados del país destinan solo 0.02% de su presupuesto a comisiones de búsqueda, unos 5 mil 925 pesos anuales en promedio por cada persona desaparecida.
Además de que existe una muy baja inversión de recursos destinados a la búsqueda de personas, no hay garantía en las leyes y normas vigentes para dotar de presupuestos fijos a las comisiones de búsqueda, señalan las organizaciones Elementa DDHH y Política Colectiva en el informe “En búsqueda de presupuesto: la inversión de las Comisiones Locales de Búsqueda en 2022”, que se da a conocer este lunes.
El documento también recuerda que en la mayoría de los casos, estos organismos operan sin los recursos y personal suficiente, como publicó Animal Político en noviembre de 2022. A esto se suma que existen amplias diferencias sobre los recursos ejercidos por cada comisión, pues no hay ninguna relación entre el número de personas desaparecidas en un estado y su presupuesto asignado.
Las comisiones de búsqueda estatales surgieron a partir de la publicación, en 2017, de la Ley General en materia de desaparición de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Esto tras la insistencia de familias, organizaciones y organismos internacionales en torno a la necesidad de mecanismos de búsqueda extrajudiciales, frente a la falta de resultados de las fiscalías.
En los últimos 5 años se han conformado las comisiones de todos los estados; sin embargo, operan con limitaciones. 31 son órganos desconcentrados y una –en Oaxaca– es descentralizada, mientras que 28 están adscritas a las secretarías de gobierno, la de Coahuila depende del Poder Ejecutivo, la del Estado de México de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, y la de Chihuahua de la fiscalía.
De acuerdo con el análisis elaborado por Elementa DDHH y Política Colectiva, que contempla los recursos estatales ejercidos durante todo el 2022 en comisiones de búsqueda –612.9 millones en total–, el estado que más invirtió fue Jalisco –111 millones de pesos–, entidad que ocupa el primer lugar en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), con 14 mil 915 al 12 de noviembre.
Sin embargo, el segundo estado que más dinero otorgó a su comisión estatal destinó un 66% menos de recursos. “Sinaloa, que tenía para el cierre de 2022 un total de 5,263 personas desaparecidas, fue el segundo estado que más presupuesto invirtió pero fue casi tres veces menor al de Jalisco, con menos de 37 millones de pesos”, se lee en el documento.
A las dos entidades que encabezan la lista, les siguen Colima, con 33 millones de pesos; Zacatecas, con 29 y Nuevo León con 28. En tanto, entre las que menos destinaron están Querétaro y Yucatán con 3 millones de pesos; Tamaulipas, con poco más de un millón y el Estado de México con 366 mil 288 pesos. Adicional a esto, las comisiones estatales reciben un subsidio federal.
Inversión por persona desaparecida
En tanto, el Estado de México, la tercera entidad con más personas desaparecidas, destinó solo 35 pesos por víctima, mientras que Tamaulipas, el segundo lugar según el RNPDNO, invirtió un equivalente a 108 pesos por persona.
Sin embargo, recuerdan las organizaciones, existe una dificultad a la hora de contrastar las cifras con otros datos. Por ejemplo, en Baja California, según su propia fiscalía, hay 17 mil 306 carpetas de investigación que no han sido reportadas al RNPDNO, que solo consigna 2 mil 403. Si se toman los datos de la fiscalía, el estado estaría invirtiendo solo mil 441 pesos por persona desaparecida, lo que lo convertiría en el que más víctimas tiene y el tercero que menos recursos destina.
De esta manera, mientras que el promedio nacional de inversión en comisiones locales de búsqueda en relación con el presupuesto total de las entidades es del 0.02%, ninguna superó el 0.17%. Las que más destinaron fueron Colima (0.17%) y Baja California Sur (0.12%), seguidas de Campeche, Jalisco y Zacatecas (0.08%). La Ciudad de México no llegó ni al promedio nacional.
Aunado a ello, el documento pone en perspectiva el tamaño de la inversión en búsqueda por parte de los estados frente a otros rubros: en promedio, las 32 entidades gastan 0.3% del total de sus presupuestos en comunicación social, es decir, 15 veces más; en viáticos 0.1%, que es cinco veces más, mientras que el pago de estímulos a servidores públicos alcanza el 1%, lo que significa 50 veces más.
Recursos, acciones y resultados
“Las prioridades de los gobiernos siempre se ven reflejadas en los presupuestos, entonces parece que este, que es uno de los problemas más importantes, no está siendo prioridad”, subraya en entrevista Luis Javier Moreno, colaborador de Política Colectiva.
El porcentaje respecto al total del presupuesto estatal es el indicador más importante para determinar qué tanta relevancia se le da al tema, sin embargo, los comparativos con otros rubros del gasto así como el monto que los recursos representan por persona desaparecida son una referencia para ponderar.
“La idea de sacar la inversión por persona viene a complementar no porque estrictamente así funcionen las comisiones, no es ‘tenemos tanto presupuesto para buscar a cada persona’, pero también nos ayuda a dimensionar la cantidad de dinero que se destina frente al tamaño del problema en cada uno de los estados”, agrega Renata Demichelis, de Elementa DDHH.
Además del presupuesto que cada entidad decide dar a su comisión local de búsqueda, reciben un subsidio por parte de la federación a través de la Comisión Nacional de Búsqueda. Sin embargo, ninguna de las dos fuentes de recurso garantiza un nivel de ingreso fijo y seguro, pues el subsidio, por ejemplo, tampoco está sujeto a diagnósticos, necesidades, requisitos y seguimiento precisos.
Sumado a esto, Moreno observa una falta de profesionalización a nivel nacional y local, lo que hace que haya muy poca rigurosidad al momento de desarrollar los formatos que son la base para el presupuesto. Esto crea un círculo vicioso en el que no se están desarrollando políticas concretas, específicas y de gran alcance para buscar a las personas.
“Hemos visto un grave problema en el financiamiento propio que le invierten los estados hacia las comisiones locales de búsqueda; incluso una buena práctica que identificamos es la de Veracruz, que es el único estado que en su ley etiqueta un porcentaje específico del presupuesto, que es el 0.025, pero ni siquiera lo cumplió”, explica Moreno.
Además, en ese estado hace unos días 32 colectivas decidieron instalar un plantón frente al Palacio de Gobierno en Xalapa para mostrar su malestar por la lentitud y falta de resultados en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas. Entre sus demandas, exigen que la fiscalía estatal informe avances y estrategias, así como la manera en que se coordina y comunica con la comisión estatal de búsqueda.
Otra práctica destacable que documenta “En búsqueda de presupuesto: la inversión de las Comisiones Locales de Búsqueda en 2022” es la asignación, en el Estado de México, de 327 millones de pesos relacionados con ayudas económicas a familiares víctimas de desaparición.
“Definir cuánto recurso se otorgará desde el presupuesto es una buena práctica. Sin embargo, estos fondos deben tener mecanismos de transparencia en las Cuentas Públicas, situación que no se hizo constar por parte del gobierno estatal, pues no obtuvimos la información requerida para esta investigación sobre el año 2022”, apunta el informe.
Falta de voluntad y de montos fijos
Moreno destaca que el presupuesto que los estados reciben a nivel federal, comparado con el que invierten a nivel local, es considerablemente mayor. Eso se deriva de la grave crisis de recaudación que hay en los estados, donde la mayor parte del presupuesto viene de transferencias federales, pero también de la falta de voluntad para invertir y acercarse al tema de desaparición con mayores recursos.
Para Elementa DDHH y Política Colectiva, persiste la necesidad de que los gobiernos estatales adquieran obligaciones y responsabilidades de invertir un monto específico de recursos propios en el tema de búsqueda. Tener una herramienta como la que plantea la ley de Veracruz, siempre y cuando se cumpla, ayuda a que tanto ingresos propios como federales se destinen a atender la problemática.
Además de recursos fijos, las organizaciones consignan en el documento cuatro propuestas específicas más para mejorar la recaudación destinada al presupuesto de las comisiones locales de búsqueda: establecer una sobretasa mínima (0.05%) al impuesto sobre la nómina para destinarla a un fondo estatal de búsqueda o víctimas, y proponer al Congreso del Estado una contribución sobre derechos o trámites para destinarla a las comisiones.
También exhortar al Poder Ejecutivo de las entidades a revisar la compatibilidad de sus programas de ayuda con el apoyo a familiares víctimas de desaparición o a colectivos de búsqueda para aprovechar subejercicios en materia de ayudas sociales, subsidios y subvenciones –más de 5 mil 574 millones de pesos en 2022–, así como establecer en las legislaciones locales que un porcentaje específico del gasto en comunicación social y publicidad oficial se destine a la divulgación de fichas y canales de búsqueda.
Sin embargo, saber si los recursos están bien invertidos o realmente están ayudando a solucionar la crisis de desaparición en los estados es una tarea mucho más compleja que implicaría tener más información por parte de los estados. Por ejemplo, especifica Moreno, conocer con detalle los programas operativos anuales de las comisiones locales de búsqueda.
“¿Qué acciones están desarrollando y cuánto les están costando? Poder tener un seguimiento específico sobre esto es fundamental, y en materia presupuestaria mayores claridades… Si hay estados que no tienen ni siquiera los clasificadores presupuestarios más básicos, entonces no podemos esperar que tengan programas operativos anuales bien desarrollados”, señala.
De manera complementaria a eso, agrega Demichelis, está pendiente una mejora en el tema de rendición de cuentas. “Podemos tener el programa, el contrato, el presupuesto… Pero saber si eso efectivamente se está traduciendo en encontrar, identificar y prevenir la desaparición es imposible. No hay mecanismos activos de rendición de cuentas, por ejemplo que los congresos locales soliciten la comparecencia de los comisionados”, reclama.
Tampoco hay mecanismos activos que ayuden a evaluar cómo están funcionando los sistemas de búsqueda estatales, que contemplan la participación de todos los actores, ni cómo están logrando los consejos ciudadanos vincularse con las comisiones. Los procesos y la efectividad de las acciones siguen sin poder ser evaluadas por la carencia de estos mecanismos.
En este contexto, para 2024 el presupuesto total de la Comisión Nacional de Búsqueda no tendrá incrementos. En tanto, para las partidas U008, subsidios para las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, y P026, determinación, ejecución y seguimiento a las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas –de donde provienen los recursos destinados a las comisiones de búsqueda estatales– se propone un incremento de 0.5% y un decremento de 1.4%, respectivamente, en términos reales.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MARCELA NOCHEBUENA.
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