La determinación se desprende de diversas iniciativas promovidas por los grupos parlamentarios de Morena, Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Verde Ecologista de México (PVEM).
La determinación se desprende de diversas iniciativas promovidas por los grupos parlamentarios de Morena, Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Verde Ecologista de México (PVEM).
Así, “quien haya sido sentenciado por la comisión del delito de feminicidio, homicidio doloso o feminicidio en grado de tentativa en contra de una mujer, perderá el derecho de patria potestad, guarda y custodia, tutela o curatela, de sus hijas e hijos”.
Además, “las hijas o hijos que llegaren a tener (la víctima y el infractor) deberán ser resguardados únicamente por su madre y, a falta de ésta, por su familia, atendiendo al principio del interés superior de la niñez”.
La o el juez de lo familiar será, conforme a la reforma, el responsable de nombrar a un tutor o tutora en estos casos.
La modificación incluye la suspensión de la patria potestad a quien se le dicte un auto de vinculación a proceso por feminicidio o su tentativa contra la madre de las niñas, niños y adolescentes, cuando sean testigos presenciales del delito.
La morenista Anais Burgos confió en que al quitar o suspender la patria potestad sobre sus hijos al padre feminicida o agresor, se permitirá que esos menores generen nuevos lazos afectivos con familiares que se preocupan por ellos y están dispuestos a brindarles amor, protección, seguridad y, sobre todo, el entorno favorable que requieren para su desarrollo y la superación de ese hecho violento y traumático.
Para Burgos Hernández, en estos casos el delito no inicia y termina con la muerte de la mujer, pues sus hijos y familiares directos se convierten también en víctimas a las que se debe proteger, sobre todo en el caso de los menores de edad.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MENDOZA.
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