'Es importante destacar que el fuero de los diputados no los protege en caso de formulación de imputaciones', señaló el vicefiscal.
En entrevista para Aristegui Noticias, detalló que “la investigación se desencadenó a raíz de denuncias públicas, incluyendo declaraciones de 14 barras de abogados del Estado de Morelos, quienes se pronunciaron el 6 de noviembre de 2023.
Además, refirió que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) recibió denuncias anónimas previas donde señalan malversación y manejo indebido de recursos por parte de personas cercanas a los diputados, quienes supuestamente solicitaron ciertas sumas de dinero a cambio de plazas o nombramientos como magistrados.
“Se han recibido denuncias anónimas de abogados que participan en el proceso de designación de magistrados y afirman haber sido contactados por intermediarios de diputados para ofrecer dinero a cambio de plazas”, dijo.
Núñez Urquiza indicó que la investigación, que se encuentra en curso, busca recopilar información ya conocida y reveló que se están citando a los representantes de las barras de abogados para obtener detalles adicionales sobre las denuncias y versiones que han surgido.
También, indicó que se ha realizado una búsqueda en redes abiertas para verificar publicaciones relacionadas con la presunta venta de plazas de magistrados en el último mes.
El Vicefiscal y encargado de la Fiscalía Anticorrupción, precisó que las barras de abogados mencionaron cifras que oscilan entre cuatro y cinco millones de pesos. Sin embargo, en datos obtenidos en la investigación en curso “se han revelado conversaciones que indican que la negociación podría llegar hasta los ocho millones de pesos”.
A pesar de que no se han señalado diputadas o diputados en específico hasta el momento, se está trabajando en la protección de testigos que puedan proporcionar información adicional por temor a represalias.
En este contexto, Nuñez Urquiza, advirtió que de confirmarse el delito de cohecho ya sea directa o indirectamente por parte de diputados, podrían desencadenarse detenciones.
El delito de cohecho, tal como se establece en el artículo 278 del Código Penal, se configura cuando un servidor público solicita, recibe o acepta dádivas a cambio de favores o acciones que están dentro de sus funciones.
“Si se encuentra evidencia de un delito flagrante en el momento en que se está solicitando un soborno, podría resultar en detenciones. Sin embargo, es importante destacar que el fuero de los diputados no los protege en caso de formulación de imputaciones”.
El encargado de despacho de la FECC en Morelos, enfatizó que la investigación se llevará a cabo de manera objetiva y que su propósito principal es garantizar que se haga justicia y se evite cualquier afectación a la sociedad.
“La investigación se lleva a cabo de manera independiente y no se asocia a maniobras políticas”, finalizó.
Señalan a más aspirantes con vínculos con el presidente del TSJ
Abogados que por temor a represalias solicitaron resguardar su anonimato, dieron a conocer que algunos de las y los aspirantes a magistrados tendrían conflicto de interés o representan un riesgo para la justicia de Morelos por sus vínculos directos con el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Jorge Gamboa Olea.
Entre estas personas resalta Alejandra Trejo Resendiz, actualmente jueza especializada en materia penal con sede en el municipio de Xochitepec, es identificada como funcionaría cercana al magistrado presidente Luis Jorge Gamoa Olea.
Y además, cobró notoriedad al fungir como jueza en el controvertido caso conocido como “El Diablo”, al dejar en libertad a Luis Alberto “N” de 22 años, presunto culpable del feminicidio y homicidio de tres jóvenes reportados como desaparecidos el pasado 12 de abril del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).
Así mismo, destacaron a Isidoro Edie Sandoval Lome, exjuez de Control, Juicio Oral y Ejecución en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, municipio de Xochitepec y actualmente Magistrado Visitador, es ubicado como funcionario cercano a Gamboa quien en su momento lo nombró juez encargado de todos los asuntos relacionados con la judicialización de exfuncionarios del gobierno de Graco Ramírez Garrido Abreu.
También ubican a Zita Peláez Morales, actual jueza especializada en materia penal en el municipio de Jojutla y Eduardo Sebástian Ortega Molina, juez menor en el municipio de Jiutepec, ambos son cercanos al presidente del TSJ y los nombró a pesar de haber obtenido bajos resultados en el examen para juezas y jueces.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: ESTRELLA PEDROZA.
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