Raymundo Ramos exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador que cumpla su compromiso de ser imparcial de cuándo se cometen violaciones graves a los derechos humanos.
Esta semana, 10 de esos militares salieron de la prisión del Campo Militar 1-A, debido a que no se configuró el delito de desobediencia del que se les acusó en el fuero militar. Esto, debido a que el comandante del Batallón de Infantería que participó en los hechos no se presentó a testificar para aclarar la orden de no perseguir y enfrentar a los presuntos integrantes de la delincuencia organizada.
En entrevista para ‘Aristegui En Vivo’, Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, expresó su preocupación y descontento ante la liberación de los militares y señaló la falta de transparencia y rendición de cuentas dentro de las fuerzas armadas, subrayando la necesidad de que el sistema sea cuestionado y evaluado.
En días previos a la liberación de estos, el Comité de Derechos Humanos, junto con 50 familias, se trasladó a la Ciudad de México para exigir al gobierno mexicano acciones de justicia pendientes desde 2018, entre ellos se encontraba el caso de la ejecución extrajudicial.
“Cuándo se hace el reclamo de justicia, esta no existe. En Fiscalías -incluyendo la Fiscalía General de la República- nunca hay evidencia suficiente que acredite los delitos o la participación de las Fuerzas Armadas”, declaró.
Raymundo Ramos le exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador que su compromiso de ser imparcial de cuándo se cometen violaciones graves a los derechos humanos.
“Es evidente que el presidente que ha abandonado las víctimas, no las ha atendido. Y por el contrario, ofrece todo su respaldo a las fuerzas armadas, particularmente el Ejército, cuando se cometen actos de barbarie como el ocurrido el 18 de mayo”, afirmó Ramos.
Para Ramos, no fue una casualidad que el comandante del operativo del día en cuestión -detenido por homicidio calificado y delitos contra de la administración de justicia- no se haya presentado a declarar. Presume que ocurrió porque o no fue notificado de la audiencia deliberadamente, o recibió una orden superior para no comparecer, posiblemente con la intención de favorecer la liberación de los 10 militares detenidos.
Asimismo, aseguró que cuando se está ante una evidencia “tan grande y tan sólida como este video” -que fue a dado a conocer el 6 de junio de este año-, y un juez de control militar no encuentra responsabilidad alguna en su personal es “evidentemente un acto de impunidad y un acto de corrupción al interior de las fuerzas armadas”.
“No fue un operativo del cual deban sentirse orgullosos, no fue un operativo que sirva de ejemplo al personal del Ejército Mexicano que sí respeta los derechos humanos, que sí respeta la vida”.
Raymundo Ramos afirma que los 10 militares debieron haber cometido algún delito. Ya sea encubrimiento, alterando y/o sembrando evidencia, torturando o negando los primeros auxilios.
“Lamentablemente el Ejército no es una de las instituciones que rinde cuentas. Al contrario, es una institución muy cerrada en donde ni el Presidente -a pesar de sus órdenes públicas- ha podido romper con el silencio del Ejército”.
Ramos expresó su preocupación por el futuro de los militares liberados, cuestionando si serán reincorporados a operativos y, en caso afirmativo, si recibirán ascensos.
Además, destacó la falta de respuestas claras sobre el paradero de altos mandos que podrían estar disfrutando de beneficios de libertad bajo custodia.
El presidente del Comité de Derechos Humanos hizo un llamado a la Comisión del Ejército y la Comisión de Marina del Senado de la República para cuestionar la falta de transparencia y rendición de cuentas en las fuerzas armadas.
Ramos concluyó destacando la necesidad de que el sistema judicial militar y civil garantice la justicia en estos casos y no permita actos de impunidad.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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