Ante la toma de las armas en Texcaltitlán, serían necesarias acciones concretas por parte de los gobiernos del Estado de México y de la República.
En una zona donde impera la pobreza, agricultores, ejidatarios, comerciantes, vendedores, son extorsionados con el “cobro de piso”, una forma de los cárteles de “tasar” la “seguridad” que prometen a los ciudadanos para continuar con su lícita labor sin ser molestados… por ellos mismos.
Ante la impunidad que domina en pueblos y regiones del país a favor de los miembros de los cárteles y el crimen organizado, particularmente durante este gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la estrategia de seguridad basada en la consigna de “abrazos, no balazos”, muchos ciudadanos son extorsionados, amenazados y hostigados por las células criminales. Lo mismo en ciudades que en poblados.
Tan enraizado está el fenómeno delincuencial del cobro de piso, que el jueves 7 de diciembre pobladores de Texcaltitlán tuvieron una reunión con miembros del cártel de la familia Michoacana, para negociar el ilícito pago para poder trabajar con tranquilidad y generar recursos para mantenerse y sostener a la mafia. Según reportes de los mismos ciudadanos vertidos en redes sociales y a medios de comunicación, no llegaron a un acuerdo y acordaron continuar con la negociación al día siguiente, el viernes 8 de diciembre a las 12 del día en los hechizos campos de futbol a un lado de la escuela primaria.
Minutos después de iniciada la reunión, comenzaron los balazos. En un video que trascendió en redes sociales cuya duración apenas supera los dos minutos, se observa cómo la violencia escaló segundo tras segundo, una vez que los pobladores observaron su ventaja: superaban en número a los criminales. Decidieron no dejarse extorsionar una vez más.
En las imágenes se aprecia como los residentes de Texcaltitlán se van cerrando entorno a los criminales quienes intentan resguardarse alrededor de sus vehículos sosteniendo sus armas. Particularmente se observa a uno de cuyo brazo derecho cuelga un rifle de asalto. Un hombre de baja estatura con el pelo decolorado y una visible camiseta roja. Más tarde sería identificado como el líder de la célula criminal de la familia michoacana en la región: Rigoberto de la Sancha Santillán, el Payaso.
Al verse avasallados con la presencia de los pobladores, los criminales accionan sus armas en un intento de continuar amedrentando a los residentes, pero estos también van armados. En su mayoría traen machetes, también rifles y palos para defenderse del atentado criminal que ni el gobierno del Estado, ni el de la República, combatieron acertadamente desde 2017.
Rodearon al Payaso hasta desarmarlo. El hombre intenta huir y la horda se lo impide. Regresa a su querencia criminal: el lugar donde están los vehículos que él y sus secuaces tripularon hasta llegar a su fatídico destino, pero tampoco está a salvo. Menudo, de baja estatura, huye hacia un costado de los campos de futbol, pero los pobladores ya dominan todo el terreno. Están por todos lados, y armados.
Entre unos 20 terminan por atraparlo; le dan muerte a machetazos.
En un país en el que se ejerce el Estado de Derecho, el final de Rigoberto de la Sancha, el Payaso, debió ser la prisión y no la terrible muerte que encontró el Texcaltitlán. Pero la justicia no lo alcanzó… porque el gobierno no quiso. Porque ni la secretaría de seguridad ni la fiscalía del Estado de México lo detuvieron cuando empezó a extorsionar a los pobladores y a matar a los policías.
A pesar que, ahora cuentan los residentes de Texcaltitlán, el Payaso acostumbraba a pasear por los poblados acompañado de un convoy criminal de hombres armados, sea para amedrentar o cobrar piso, en siete años la policía investigadora no lo encontró, no lo vio, no lo detuvo para llevarlo ante la justicia.
Supuestamente, si se toman como válidas y de confianza las declaraciones en la fiscalía del Estado de México, desde el año 2021 pesaba una orden de aprehensión contra el Payaso. La solicitaron y un juez se las concedió dentro de la carpeta de investigación sobre el asesinato de 13 policías, 8 municipales y 5 estatales, en marzo de 2021 en Coatepec Harinas, Estado de México. La banda de Rigoberto, el Payaso, los emboscó y los asesinó.
Mientras el criminal continuó, de manera impune, extorsionando, amenazando, secuestrando y matando pobladores que no cedían a su amedrentadora arenga, en 2022 finalmente se estableció un operativo para ir a detenerle. Fue en junio de ese año, y el plan policial terminó en un enfrentamiento que dejó 12 muertos y el criminal evadido.
Después de eso, no se tiene conocimiento, ni por parte de información de la fiscalía ni de testimonios de los residentes, de la organización de alguna maniobra oficial para detenerlo. La vida criminal del miembro del cártel de la familia michoacana continuó. A fuerza de balas y amenazas prosiguió cobrando piso a los agricultores, hasta el 8 de diciembre, cuando hartos de la inseguridad, de vivir bajo el yugo del narcotráfico y abandonados por las autoridades policíacas, investigadoras y de gobierno, los residentes de Texcaltitlán tomaron la justicia en sus manos. A la fecha se sabe que, en los terrenos del campo de futbol y aledaños, quedaron tendidos 14 cuerpos, 11 supuestos criminales, entre los cuales se encuentra el Payaso, y tres residentes del lugar quienes enfrentaron a los delincuentes.
Después de, a base de machetazos deshacerse de la banda criminal, los pobladores consideraron erigirse como autodefensas, grupos de civiles armados que surgieron en el país en el año 2013, precisamente en Michoacán y para repeler las agresiones y los cobros de piso por parte del cártel de la Familia Michoacana (y otras organizaciones criminales como los Caballeros Templarios), ante el abandono de la autoridad, en aquel entonces encabezada en la presidencia de la República por Enrique Peña Nieto.
Ante la toma de las armas en Texcaltitlán, serían necesarias acciones concretas por parte de los gobiernos del Estado de México y de la República, para que lo sucedido el 8 de diciembre no se replicara. Por ejemplo, la aprehensión de quienes encabezan a la familia michoacana, o la nueva familia michoacana, y a cuyos mandos respondía el Payaso: los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga.
Ambos criminales, supuestamente, son de los “objetivos prioritarios” de la fiscalía del Estado de México, aunque se desconoce la investigación. Donde sí se puede encontrar detalle de la actividad criminal de los Hurtado, es en la página del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos donde fueron incluidos en noviembre de 2022 bajo una orden ejecutiva para investigarlos y aprehenderlos.
Johnny y José Alfredo Hurtado son señalados en la Unión Americana, “actividades o transacciones que contribuyeron materialmente o plantean un riesgo significativo de contribuir a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción. La nueva familia michoacana contrabandea drogas ilícitas hacia y a través de los Estados Unidos. Esta organización también está detrás de la creciente presencia en Estados Unidos del fentanilo arcoíris, que, según la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), aparece en forma de pastillas/polvo que vienen en una variedad de colores, formas y tamaños brillantes y están hechos para Atraer a niños y jóvenes usuarios”.
Es de suponer que en México, aparte de delitos contra la salud o de asociación delictuosa o lavado de dinero, dado que son los líderes criminales de un cártel, a los hermanos Hurtado también se les investigue además por homicidio, por extorsión, secuestro y otros delitos… eso sería lo deseable, que tanto la fiscalía general de la República como la del Estado de México, estuvieran desarrollando un operativo de inteligencia e investigación, para detener a estos hermanos que con sus células criminales aterrorizan y violentan en varias ciudades de diversos estados del centro del País, sería deseable que el final de sus días estuvieran en la prisión como resultado de un trabajo de procuración y administración de la justicia, y no que encontraran la muerte a machetazos por parte de una sociedad harta, abandonada y llevada a hacer justicia con sus manos también ensangrentadas.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.
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