En conferencia de prensa, Batres afirmó que además del retiro de los documentos, se va a incorporar en ellos “todo un capítulo de combate a la corrupción inmobiliaria, de combate al cártel inmobiliario, una vez incorporado, lo vamos a enviar nuevamente al Congreso de la Ciudad de México”.
El retiro de los proyectos ocurrió un día antes de que se venciera el plazo que los legisladores locales tenían para discutir su contenido, ya que el Artículo 15 de la Constitución de la Ciudad de México señala que, en caso de que el PGD y el PGOT sean entregados al Congreso, este tiene seis meses para analizar los documentos, y de no ser así, estos se aprueban automáticamente, plazo que vencía este viernes 8 de diciembre.
Diputados de Morena faltaron a sesión clave para el PGOT
En días previos, diversos grupos vecinales, asociaciones a favor de la vivienda y académicos alertaron sobre el riesgo de que se aprobaran estos proyectos, que fueron criticados en múltiples ocasiones por su contenido y falta de consulta entre la ciudadanía.
Además, se pronunciaron en contra de los diputados que faltaron a la sesión en la que el Congreso de la Ciudad de México discutiría el PGD y el PGOT. Los morenistas Carlos Hernández, Nancy Marlene Nuñez, Carlos Cervantes Godoy, Marisela Zúñiga, María Guadalupe Chávez, María Guadalupe Morales, Nazario Norberto Sánchez y la legisladora María de Lourdes Paz, del Partido del Trabajo, no se presentaron a la reunión de comisiones unidas para dictaminar las iniciativas que se celebraría el lunes 4 de diciembre, por lo que el quórum no se alcanzó y tuvo que cancelarse.
Ante la duda de si habría otra sesión para que se discutieran los planes en comisiones, el Congreso de la Ciudad de México confirmó a Animal Político que no se tenía programada antes del vencimiento del plazo, por lo que, de no haberse retirado los proyectos, estos se habrían aprobado.
De acuerdo con especialistas y activistas de la Asociación Mexicana de Urbanistas, Ruta Cívica y el Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios de la Cuenca del Anáhuac, los proyectos que habían sido entregados al congreso en junio pasado presentaban propuestas que contrariaban a los programas de protección ambiental y de ordenamiento ecológico vigentes en la capital, además que carecían de consideraciones sobre cambio climático y zonas de riesgo.
Por ello, consideraron que en caso de que el PGD y el PGOT fueran aprobados, la ciudad podría entrar en un periodo de incertidumbre jurídica por los diversos amparos y recursos legales que se habrían presentado en su contra.
El segundo rechazo del PGD y el PGOT
Esta es la segunda vez que se echan para atrás las propuestas del PGD y el PGOT, instrumentos que tuvieron que haberse aprobado y publicado desde octubre de 2022, pero ante la falta de consenso entre grupos sociales y autoridades esto no ha sucedido.
En diciembre de 2022, las autoridades capitalinas organizaron una consulta de las primeras versiones de los proyectos, pero el resultado se anuló ante la falta de participación ciudadana y el reclamo de que faltó difusión de los documentos, por lo que la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció la reposición del proceso.
Las nuevas versiones de los documentos fueron presentadas en mayo pasado, por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP), en dos foros organizados por la UNAM, en los que académicos y activistas criticaron que sólo un reducido grupo de especialistas conocían su contenido, y que este aún carecía de algunas consideraciones técnicas necesarias.
Pese a las críticas, el 8 de junio de 2023 el Gobierno de la Ciudad de México envió al Congreso local los nuevos proyectos, mismos que hoy fueron retirados sin haber sido analizados ni discutidos por el legislativo local.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ERÉNDIRA AQUINO.
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