A través de sus diversas cuentas en las redes sociales, el jurista exhortó a sus seguidores a posicionarse en favor de dicha propuesta, debido a que consideró que el país necesitaba un Poder Judicial de la Federación (PJF) independiente al Ejecutivo, al Legislativo, a los partidos de oposición y a los poderes fácticos.
“¿Debemos elegir mediante el voto popular a las ministras y ministros de la SCJN? Requerimos una Corte que sea independiente del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, pero también de los partidos de oposición y de los poderes fácticos”, dijo el ex presidente del máximo tribunal constitucional -desde el 2 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2022-,
“Requerimos una Corte más cercana, más humana, más sensible a la gente ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Cómo debemos elegir a nuestras ministras y ministros? Todo está abierto a debate”, insistió Zaldívar Lelo de Larrea.
“Avancemos hacia la mejor solución que nos permita arribar a la justicia que merecemos que soñamos y que aspiramos [….] No te dejes engañar. Las instituciones sí se tocan cuando es para mejorarlas en beneficio del pueblo de México”, pidió el ex ministro de la SCJN.
El 14 de diciembre de 2023, el diario Reforma informó que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió que no estaban vigentes múltiples beneficios adicionales que fueron aprobados en enero de 2022, durante la Presidencia del propio Zaldívar Lelo de Larrea.
En sesiones privadas, días después de que el jurista renunció, el Pleno del máximo tribunal constitucional aprobó para su retiro las condiciones previstas en un acuerdo de 2013, que rebajó sustancialmente el personal de ayuda y otros privilegios que en épocas previas conservaban los ministros en retiro.
Aun así, Zaldívar Lelo de Larrea cobrará unos 193 mil pesos mensuales, el 93 por ciento del salario de los ministros en activo, de 206 mil pesos mensuales, durante los primeros dos años de su retiro, debido a que sólo completó catorce de los quince años de su nombramiento.
Además, el resto de su vida, el ex ministro recibirá 80 por ciento de la cantidad mencionada, y tiene derecho a que la SCJN le pague por tres asistentes. “Los detalles finales de los beneficios aprobados por el Pleno constan en un acta de las sesiones privadas en las que se discutió el tema, misma que aún ha circulado entre las ponencias, informaron fuentes judiciales”, señalo el citado rotativo.
No obstante, el mismo diario indicó que las prestaciones con las que Zaldívar Lelo de Larrea no contará, incluían cuatro asistentes, dos choferes, cinco escoltas y dos camionetas blindadas con combustible y mantenimiento pagados por la SCJN, estas últimas durante los primeros dos años tras su renuncia.
Además, el jurista no tendrá seguro de gastos médicos mayores para el ministro y su cónyuge, reembolso de sus gastos en medicamentos, y el pago de haber de retiro calculado con base en el salario previo a la reducción de 25 por ciento que la SCJN se aplicó voluntariamente a principios de 2019, es decir, con base en los tabuladores de noviembre de 2018.
Estos beneficios adicionales fueron determinados en un “anexo” a un acuerdo del Pleno de la SCJN, de 24 de enero de 2022, aún en la Presidencia de Zaldívar Lelo de Larrea, que regulaba el haber de retiro del ministro José Fernando Franco González Salas, quien terminó su periodo en diciembre de 2021.
“El Pleno de la Corte confiere al señor ministro Franco, a partir del 12 de diciembre de 2021, el haber de retiro previsto en los citados preceptos Constitucionales, en términos establecidos en acuerdos emitidos por este Pleno el 9 de septiembre de 2013…así como en el documento anexo”, dice el acta de la sesión privada, del 24 de enero de 2022.
“El problema es que varios ministros y ministras, si no es que la mayoría, sostienen ahora que nunca conocieron el ‘documento anexo’ al acta de la sesión privada, que es donde constan los beneficios adicionales que fueron rechazados para Zaldívar, y para los siguientes que se retiren”, afirmó el Reforma.
“Cabe mencionar que el haber de retiro para los ministros de la Corte está contemplado por la Constitución y se paga con el presupuesto de egresos anual, por lo que no depende de los fideicomisos para pensiones complementarias del Poder Judicial, que el Gobierno pretende extinguir”, enfatizó el citado rotativo.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.
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