El gobernador Salomón Jara impulsa una ley que, bajo el pretexto de incentivar la regularización de la propiedad, intenta privatizar los ejidos y terrenos comunales. Diversas voces advierten que es un error porque destruiría la estructura social del estado y le restará votos a Morena en las elecciones de 2024.
Con esto, el gobierno de Jara lograría obtener una mayor asignación de participaciones federales, pues el predial es uno de los elementos a considerar para ello.
Jara logró el aval del Congreso del estado, que cuenta con una bancada mayoritaria de diputados de Morena, y le fue aprobado un programa encaminado a ese propósito, contenido en la Ley de Ingresos de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2024.
El gobierno de la 4T ha sostenido que son los ejidos y las comunidades los dueños de la tierra y su territorio, y sus asambleas la máxima autoridad para determinar el fin y el objeto de los mismos.
En contraste, el programa contemplado por la Secretaría de Finanzas del gobierno morenista en Oaxaca anuncia estímulos fiscales de 50% en trámites y servicios que presta la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana del Estado de Oaxaca (Coreturo) y de 100% en conceptos catastrales y registrales, como parte del Programa de Certeza Jurídica de la Tierra para la Seguridad y Bienestar del Patrimonio, planteado en la Ley de Ingresos 2024.
El objetivo formal del programa es “darle certeza jurídica a las personas poseedoras de predios”, pero siempre y cuando ya tengan el “dominio pleno”; es decir, que ya hayan sido desincorporados de los núcleos agrarios ejidales o comunales, previamente autorizados en asamblea comunitaria.
Esto se logra a través de la expedición del certificado parcelario inmobiliario o título de propiedad otorgado por la Coreturo.
“Matar Oaxaca”
En el ejercicio fiscal 2024, precisamente en el artículo 25 de la Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca, se especifica que, quien coordinará dicho estímulo será Coreturo, toda vez que es la instancia competente y siempre ha realizado esa función, pero la ley no lo precisaba.
En la ley impulsada por Jara, el gobierno morenista sostiene que con la reforma no pretende invadir la esfera jurídica a los núcleos agrarios comunales y ejidales en el ámbito de su competencia.
Sin embargo, este punto contenido en la Ley del Presupuesto del estado para 2024 ya generó reacciones de alarma por las implicaciones que tiene en materia de propiedad.
El antropólogo zapoteco Jaime Martínez Luna advierte que “privatizar lo comunal, es matar a Oaxaca” debido a que más de 80% del territorio estatal es comunal y ejidal.
El también fundador de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca resaltó que lo comunal es la forma de vida de 80% de Oaxaca y esta iniciativa “revela una profunda ignorancia de lo que es el ser oaxaqueño”.
Considera que “por incrementar impuestos se asesina una civilización antiquísima y pujante en nuestros días. Asesinar lo comunal es cerrar alternativas al planeta”, puntualizó el también músico zapoteco, originario de San Pablo Guelatao.
A su vez, el también antropólogo Gerardo Garfias Ruiz tachó el programa como “tontera”, y auguró que van a llover controversias constitucionales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a tumbar este punto de la Ley de Ingresos estatal.
Además, adelantó que esta propuesta de Jara le va a costar votos a Morena en la próxima elección presidencial, por tomar “medidas poco populares y muy mal sustentadas jurídicamente”.
Garfias Ruiz considera que el gobernador está muy mal asesorado o equivocado, porque ya van tres o cuatro decisiones jurídico-administrativas que exhiben ignorancia, como en este caso, donde el asunto agrario es competencia federal y no puede haber ninguna modificación a nivel de los estados.
“Yo no sé quién asesora al gobernador o cómo toma esas decisiones, pero que las propiedades sociales, tanto ejidales como comunales, que en Oaxaca son 87.7% de todas las tierras, sean factibles de cobros de impuestos es una barbaridad; están buscando cómo tener mayores ingresos, pero eso no es posible, no son factibles ni jurídica ni administrativamente cautivo de impuestos”.
Recordó que Carlos Salinas de Gortari fue “el peor enemigo del presidente Andrés Manuel López Obrador”, el que intentó privatizar las tierras ejidales, y ahora Salomón Jara Cruz, de Morena, intenta retomar esa propuesta salinista a la que tanto se opusieron antaño.
Lo más seguro que va a pasar es que las autoridades agrarias van a interponer controversias y se va a caer su iniciativa, reitera.
Considera que en 2024, con estas decisiones, lo único que están logrando las autoridades morenistas es la animadversión de la mayoría de los oaxaqueños, sobre todo de un gobierno que obtuvo la más baja votación en una elección a la gubernatura.
En lugar de atentar contra la vida comunal, planteó, el gobernador debería centrar su atención en solucionar los más de 300 conflictos agrarios para incidir en la gobernabilidad del estado.
Por su parte, el abogado de la organizaciñon civil Sol Rojo, Elliot Escobar Gómez, sostiene que esta ley, avalada principalmente por legisladores de Morena, atenta contra la autonomía de los municipios en lo referente a la recaudación de impuestos y viola el artículo 27 constitucional porque señala que los bienes comunales son inembargables, imprescriptibles e inalienables. Es decir, no se pueden rentar, vender ni embargar.
El activista considera que el aval del Congreso de Oaxaca muestra que los legisladores carecen de conocimientos al someterse al gobernador para solapar esta intentona de privatizar los ejidos y bienes comunales, para favorecer las inversiones extranjeras en las regiones de la Costa, el Istmo de Tehuantepec y la Cuenca del Papaloapan.
Calificó este paso como “parches legislativos” y llamó a no permitir estos temas de autoritarismo e imposición.
El dirigente social mencionó una frase de Ricardo Flores Magón: “Las relaciones sociales entre los hombres se han pervertido tanto que es más fácil obrar mal que conducirse correctamente”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
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