El juzgador autorizó el confinamiento de Borge Angulo en su domicilio particular, con el uso de brazalete electrónico, aunque para salir del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI), ubicado en el municipio de Ayala, en el estado de Morelos, tendría que cubrir una garantía de 10 millones de pesos. No obstante, en caso de ser condenado posteriormente, tendría que regresar a la cárcel.
Según informes del Poder Judicial de la Federación (PJF) -citados por el diario Reforma-, el juez federal justificó su pronunciamiento con base en una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación-, que obligaba a revisar la prisión preventiva tras dos años de reclusión.
Con base en lo anterior, según el mismo rotativo, el juzgador determinó que habían cambiado las condiciones objetivas por las cuales cuatro años antes le habían dictado la prisión preventiva justificada, pero en la actualidad no habría elementos para presumir que existía el riesgo de que el ex gobernador pudiera fugarse.
En este caso de lavado, la Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Borge Angulo de designar a Claudia Romanillos Villanueva, como titular del Instituto de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, para después ordenarle vender, a amigos y familiares, un total de 22 predios de la Riviera Maya a precios subvaluados, lo que ocasionó un daño a las arcas públicas del estado por 900 millones.
La FGR presentó su acusación por escrito por el delito de lavado y pidió que le impusieran a Borge Angulo una condena de 15 años de prisión. En el fuero común, al ex gobernador le iniciaron tres procesos, pero en la actualidad sólo están en curso dos y ya no está sujeto a la prisión preventiva en ninguno de ellos, por lo que, según el diario Reforma, “el único obstáculo que lo separa de la libertad es la medida cautelar del procedimiento penal por delincuencia organizada. Este último expediente se basa en los mismos hechos de la acusación de lavado de dinero”.
En cuanto a los dos procesos vigentes en la justicia local de Quintana Roo, uno es por peculado porque se presume que desvió 594 millones de pesos y la subcontratación de servicios aéreos a la empresa paraestatal “VIP Servicios Aéreos Ejecutivo S.A. de C.V”, durante el periodo de 2011 a 2013.
El otro es por el delito de aprovechamiento ilícito del poder -donde ya también concluyó la etapa de investigación complementaria-, relacionado con el pago irregular de 594 millones de pesos a la empresa paraestatal VIP Servicios Ejecutivos S.A. de C.V.
AUTOR: CARLOS ÁLAREZ ACEVEDO.
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