Durante cinco años, la gestión de Rosario Piedra en la CNDH ha estado marcada por una serie de medidas como la criminalización de feministas, el ocultamiento de informes sobre violaciones a migrantes, nombramientos polémicos y la concentración de esfuerzos en investigar el pasado en lugar del presente.
Estos son algunos de los puntos que caracterizan a la actual Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que dirige Rosario Piedra, de acuerdo con un recuento de casos elaborado por Animal Político y un análisis del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro con motivo de la celebración este lunes 10 del Día Internacional de los Derechos Humanos.
Las feministas denunciadas por la Okupa Cuba
La gestión de Rosario Piedra al frente de la CNDH ha criminalizado a mujeres que protestan, y presentó una acción de inconstitucionalidad contra la ley para sancionar a deudores alimentarios en Yucatán.
En septiembre de 2020, familiares de víctimas y feministas tomaron las instalaciones de la CNDH ubicadas en la calle de Repúbica de Cuba, en el centro de la Ciudad de México, en protesta por la falta justicia en casos de feminicidio, y por la incesante situación de violencia contra las mujeres en el país.
Siete meses después, en abril de 2022, la policía capitalina montó un operativo para desalojar la llamada “Okupa Cuba”, en el que fueron detenidas Karla, Magda y Arely, tres mujeres que se encontraban dentro de las instalaciones de la CNDH, a quienes se procesó y encarceló por los delitos de robo y daño a la propiedad.
A los diez meses de haber permanecido en prisión, las tres fueron liberadas, pero días después se les notificó que la CNDH y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) presentaron cargos en su contra ante el Ministerio Público federal, por daños en el inmueble, agravio por el que también fueron señaladas Erika e Ingrid, dos mujeres que participaron en la toma.
Aunque la CNDH otorgó el perdón a las acusadas Erika e Ingrid, el INAH mantuvo su decisión de proceder legalmente en su contra, al igual que contra las jóvenes detenidas en el desalojo, en exigencia de un pago de 750 mil pesos para reparar el edificio afectado, hasta el pasado 28 de noviembre, cuando el Instituto de Antropología aceptó que se concluyera el asunto con un acuerdo reparatorio que absuelve de los cargos a las cinco feministas señaladas, de acuerdo con el abogado de Karla y Magda, Alan Piñón.
Sin embargo, Piñón, afirmó que continúa el hostigamiento judicial en su contra, ya que en un documento que la CNDH envió a las autoridades encargadas del caso, el organismo afirma que además del daño al edificio, las activistas cometieron el delito de despojo por la supuesta desaparición de expedientes, por lo que no descarta que en los próximos meses se pueda abrir otro proceso de investigación en su contra.
Criminalización contra madre de una víctima de feminicidio
Otra de las mujeres que ha sido señalada por la CNDH ante autoridades judiciales es Flora Marcelo, madre de una adolescente víctima de feminicidio, quien se mantuvo en plantón por varios meses afuera de las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos para exigir justicia, hasta que fue notificada de que había una denuncia en su contra.
En junio de 2023, Flora recibió un citatorio para presentarse en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde le avisaron que la CNDH interpuso una denuncia en su contra, por realizar pintas en una pared del edificio de la Comisión ubicado en Periférico.
Aunque continúa sin saber cuál es el monto que busca cobrarle la CNDH por la pinta en la pared, realizada en el marco de una protesta por el feminicidio de su hija Ayelin, Flora afirmó que no piensa pagarlo ya que no tiene dinero y considera que se trata de un acto que criminaliza la protesta.
Marcelo se mantuvo en plantón junto con Laura Kabata -madre de un sobreviviente de tortura por parte del Ejército- hasta julio pasado, cuando ambas anunciaron su retirada “por cuestiones de seguridad”.
El reclamo de CNDH de Rosario Piedra por ir contra castigo a deudores alimentarios
Otra de las polémicas de la CNDH durante la gestión de Piedra Ibarra fue la acción de inconstitucionalidad que presentó el organismo en contra de la ‘Ley 3 de 3 contra la violencia’, que impedía a deudores alimentarios ocupar cargos políticos en Yucatán.
Por esta acción de inconstitucionalidad, colectivas feministas exigieron la renuncia de Rosario Piedra, por violar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que no reciben pensión alimentaria por parte de sus padres, y pidieron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificara la validez de la ‘3 de 3’ de Yucatán, para contribuir al fortalecimiento del Estado de derecho.
Las colectivas señalaron que además de Yucatán, en estados como Chiapas, Coahuila, Chihuahua, Oaxaca y la Ciudad de México ya se exige como requisito para ocupar un cargo en la administración pública local el no ser deudor alimentario.
Tras estos señalamientos, la CNDH hizo un llamado al diálogo con las organizaciones civiles, e insistió en que la legislación de Yucatán vulnera los derechos humanos.
Pese a los reclamos y la respuesta de la Comisión, en enero de 2023 la SCJN desechó la acción de inconstitucionalidad, lo que mantuvo vigente la ‘3 de 3’ en Yucatán, al considerar que su determinación “no es una prohibición absoluta (para que los deudores ocupen cargos), sino una condición con una finalidad constitucionalmente válida”.
Ocultaron informe sobre violaciones graves a migrantes
Las violaciones graves a derechos humanos en contra de personas migrantes han sido una constante en México al menos desde 2009, año en que la CNDH publicó un primer informe especial denunciando violaciones sistemáticas cometidas tanto por el crimen organizado, como por el propio estado mexicano a través de sus policías y funcionarios.
A partir de 2019, con la llegada del nuevo gobierno de López Obrador, el discurso del presidente ha enfatizado que en México ya no se violan derechos humanos y que los migrantes ya no son objeto de esas violaciones por parte de las autoridades. Sin embargo, en febrero de 2021 Animal Político publicó una investigación que reveló que entre septiembre de 2019, ya en el presente sexenio, y octubre de 2020, la CNDH había elaborado 32 documentos con testimonios de migrantes que narraron torturas, amputaciones, violaciones, asesinatos, y extorsiones; agresiones en las que habrían estado involucrados tanto criminales como autoridades policiacas, militares y del Instituto Nacional de Migración (INM).
La investigación de este medio documentó que la actual CNDH que dirige Rosario Piedra tenía conocimiento de esos documentos y testimonios, pero que los ocultó por más de un año. En su respuesta, la Comisión argumentó que dar a conocer públicamente los testimonios hubiera puesto en riesgo la vida de los migrantes, pero omitió decir que en sus propios documentos no aparece nombre alguno de las víctimas, ni ningún otro dato personal que los pudiera identificar.
En noviembre de 2021, casi un año después de que este medio publicara la investigación, la CNDH publicó un primer informe especial acerca del tráfico y secuestro de personas migrantes, aunque no lo ciñó a este sexenio, sino que amplió el período a 2011-2020.
Por otra parte, la CNDH emitió este año 31 recomendaciones ordinarias dirigidas al INM, algunas relacionadas con las malas condiciones en las que los migrantes son recluidos en estaciones migratorias, pero sólo emitió una recomendación por violaciones graves al Instituto. Esta recomendación se originó a partir de la muerte de al menos 37 migrantes en marzo de este año en una estancia migratoria en Ciudad Juárez, donde las personas murieron asfixiadas tras originarse un incendio y luego de que los custodios abandonaran el lugar sin abrir las celdas donde se encontraban las personas.
Nombramientos polémicos por CNDH de Rosario Piedra
Los cinco años de la actual CNDH también han estado marcados por nombramientos polémicos, como el que hizo en marzo de 2021, cuando designó como nuevo defensor de migrantes en la Quinta Visitaduría a Raúl Ramírez Ramírez, exombudsman de Sonora, que en 2011 ignoró un caso grave de tortura, desaparición forzada y detención arbitraria a manos de policías de policías estatales. Fue la propia CNDH, en una recomendación posterior de 2013, la que constató que Gisela Peraza, exempleada doméstica del antiguo gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, fue torturada y víctima de detención arbitraria. La CNDH nacional retomó el caso después de que la defensoría estatal presidida por Ramírez Ramírez lo cerrase por falta de pruebas. Años después, la nueva CNDH contrató a Ramírez Ramírez.
En enero de 2021, la CNDH de Rosario Piedra también tuvo que aceptar la renuncia de Alexander Brewster como director de la Sexta Visitaduría, luego de que el diario Milenio publicó que no tenía experiencia en la defensa de derechos humanos.
Brewster Ramírez se había desempeñado como vendedor de bienes raíces en el sureste del país. De ahí saltó a la CNDH.
Discrecionalidad y foco en salud más que en seguridad
En diversas ocasiones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también ha usado la emisión de recomendaciones para favorecer o perjudicar a personas específicas.
Por ejemplo, a solo 10 días de que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador señalara públicamente –el 13 de noviembre– a la excomisionada de Búsqueda, Karla Quintana –quien renunció al cargo el 23 de agosto–, de manipular el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) y de ser infiltrada de una organización de derecha al interior de su gobierno, la CNDH emitió por primera vez en los cinco años de esta administración, una recomendación –238/2023– a la Comisión Nacional de Búsqueda.
En ella, responsabiliza a Quintana de afectaciones a los derechos de las personas, específicamente a ser buscadas, únicamente con el argumento de la duplicidad de un folio único de búsqueda en el RNPDNO. La CNDH argumentó que existían cinco registros a nombre de la persona desaparecida y que en cuatro de ellos, sus datos eran erróneos, lo que obstaculizaba la búsqueda y localización de la víctima.
Además de ser la única recomendación que la CNDH ha dirigido a la CNB, ignoró el hecho de que el RNPDNO cuenta con un algoritmo interno que detecta las duplicidades y toma como válida sólo la que mejor información contiene. Además, la CNDH le ordena a la CNB emitir lineamientos que regulen el funcionamiento y coordinación del registro nacional, los cuales ya existen.
En cambio, en relación con casos específicos de desaparición, la CNDH únicamente ha emitido dos recomendaciones correspondientes a desapariciones forzadas ocurridas en este sexenio, responsabilidad de la Guardia Nacional. Se trata de las recomendaciones 99/2023 y 110/2023, sucedidas en 2021 en Culiacán y en 2022 en Ciudad de México, respectivamente.
En contraste, lejos de concentrarse en casos de seguridad, detención arbitraria, tortura o derecho a la vida en caso de ejecuciones extrajudiciales, el organismo ha privilegiado la tendencia a priorizar temas relativos a la atención médica de instituciones públicas, a excepción del IMSS Bienestar, proyecto mediante el cual se busca centralizar todos los servicios estatales de salud para ser absorbidos por la federación.
A estos servicios, que hoy se manejan mediante un organismo público descentralizado y en los que se han reportado múltiples carencias de insumos y medicamentos, solo ha destinado dos recomendaciones: la 11/2021 y la 175/2023, una por la violación a derechos de una mujer indígena en Oaxaca y otra por el fallecimiento de una persona por falta de atención médica al interior de un centro federal de readaptación social, también en Oaxaca.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) permanecen como los primeros lugares de las instituciones más recomendadas. Las violaciones a derechos humanos que la CNDH acreditó con mayor frecuencia en sus recomendaciones fueron a los derechos de protección a salud, de acceso a la información en materia de salud y a la vida, según detalla el Centro Pro Juárez en un análisis.
Rosario Piedra concentra esfuerzos en investigar el pasado
Por otra parte, en su análisis, el Centro Pro destacó que, “como en años anteriores”, la actual CNDH concentró sus esfuerzos en mayor medida en analizar eventos ocurridos en administraciones pasadas que en la actual de López Obrador. Por ejemplo, dirigió a la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana 22 recomendaciones en este 2023, de las que 12, más de la mitad, son contra la extinta Policía Federal por hechos ocurridos en otros sexenios. Solo 6 versan sobre hechos de este sexenio, todos atribuibles a la Guardia Nacional, una de las grandes apuestas en materia de seguridad del presidente.
El Centro Pro también subrayó que en este 2023 la CNDH “limitó el acceso público a recomendaciones emitidas en años anteriores”.
“La Comisión publicó en su portal versiones testadas de las recomendaciones, en las que gran parte de la información -en ocasiones páginas enteras- fue censurada”, señaló el Centro Pro.
Asimismo, el centro de derechos humanos apuntó que la CNDH “continuó cerrando quejas sin investigar exhaustivamente situaciones del presente donde existen claros indicios de vulneraciones a derechos humanos”.
“Tal es el caso de la queja interpuesta por el defensor Raymundo Ramos, quien denunció hechos de espionaje en su contra por parte del Ejército mexicano mediante el software Pegasus, la cual fue concluida por la CNDH en abril de este año, sin que realizara una investigación exhaustiva.
En cuanto a las acciones de inconstitucionalidad, el Centro Pro hizo hincapié en que “se repitió la tendencia a interponerlas sobre todo respecto de cuestiones de índole estatal y municipal, siendo omisa en activar esta facultad respecto de leyes federales”.
Además, 2023 fue el año en el que renunciaron todas y todos los consejeros ciudadanos de la CNDH en funciones, mientras que, en lo relativo a comunicación social, el Centro Pro destaca que la Comisión se centró en responder a periodistas y medios que expresaban críticas a su labor, “a menudo con un tono impropio de una institución de derechos humanos, empleando adjetivos y afirmaciones desproporcionadas, y también dedicó energía a enfrentarse a instancias internacionales de derechos humanos, como la CIDH, el GIEI, o la ONU-DH”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ERÉNDIRA AQUINO, MARCELA NOCHEBUENA, MANU URESTE.
No hay comentarios:
Publicar un comentario