Más de 50 organizaciones difundieron un manifiesto en el que señalan que ese programa es de corte neoliberal y promueve la privatización de terrenos ejidales y comunitarios con el propósito de dar certeza jurídica a los negocios de los grandes inversionistas nacionales y extranjeros.
En un manifiesto conjunto, más de 50 organizaciones civiles exigen al gobernador de la entidad que promueva ante el Congreso de Oaxaca la derogación del artículo 25 de la Ley de Ingresos 2024, así como el programa denominado Certeza Jurídica de la Seguridad y Bienestar del Patrimonio.
Al mismo tiempo, hacen un “llamado a los pueblos indígenas, comunidades agrarias, ejidos, organizaciones de la sociedad civil y al pueblo en general, del estado y del país, a movilizarnos hasta la derogación de la política recaudatoria neoliberal que atenta contra nuestra propiedad social”.
Adelantan que van “a promover medios de defensa legal ante los tribunales competentes, combatiendo la Ley de Ingresos 2024 en la parte que afecta nuestra forma de organización social y propiedad colectiva”.
Piden que se “evite este crimen en contra de la propiedad social, imponiendo la decisión neoliberal, asesinando a la civilización milenaria de nuestros pueblos y comunidades indígenas agrarias y ejidos, frente a una crisis recaudatoria capitalista”.
Consideran que esa Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca para el ejercicio 2024 que incluye el Programa Certeza Jurídica de la Seguridad y Bienestar del Patrimonio viola la Constitución Federal y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Recalcan que “el programa que se pretende implementar no beneficia en lo absoluto a los ejidatarios, ejidatarias, comuneras y comuneros; la certeza jurídica es para los inversionistas nacionales y extranjeros que codician los recursos naturales existentes en nuestros territorios, y con ello garantizarles sus jugosos negocios, como sucede con los megaproyectos impuestos en la región del istmo y en las concesiones mineras”.
Mencionan que “el gobierno, que se autoidentifica de ‘izquierda y progresista’, representado por un indígena zapoteca, con origen político en organizaciones sociales del estado de Oaxaca; ética y moralmente no debe operativizar la política neoliberal impuesta por los gobiernos conservadores del pasado”.
Sin embargo, una parte del decreto aprobado que se cuestiona, señalan, es “una clara muestra de la visión neoliberal fundada en la política impuesta por Carlos Salinas de Gortari mediante la reforma constitucional del 6 de enero de 1992, para la privatización de la propiedad social que detentan las comunidades agrarias indígenas y ejidos, en el estado de Oaxaca.
Un decreto lesivo
La pretensión del gobierno de “la primavera oaxaqueña”, de incrementar la base recaudatoria por pago de derechos catastrales y registrales, demuestra claramente el desconocimiento de la realidad de las comunidades agrarias, comunidades indígenas y núcleos ejidales, aun cuando se identifica como un gobierno de “territorios y no de escritorios”.
Mencionan que el origen zapoteco de la Sierra Juárez del gobernador “no garantiza que conozca la vida social, económica, política y cultural de los pueblos y comunidades indígenas y agraria, así como los ejidos”, y tampoco “visitar los 570 municipios en el Estado significa conocer la realidad y el contexto social de las más de 10 mil comunidades que coexisten en Oaxaca, sus formas de gobierno y de organización ancestral reconocidos en el artículo 2º Constitucional y en los artículos 4, 5 y 6 del Convenio 169 de la OIT”.
Resaltan que “el decreto, publicado en el periódico oficial del gobierno del Estado, de manera directa socava la base de la propiedad social, máxime porque manifiesta su pretensión de incorporar a la propiedad privada los predios ejidal y comunal, lo que representa la política neoliberal salinista de privatizar la tierra de ejidos y comunidades”.
Hacen hincapié en que “es lamentable que un gobernador de origen zapoteca desconozca las aportaciones que realizamos los pueblos y comunidades indígenas desde nuestra forma de organización social”.
Resaltan que esas “aportaciones al erario estatal y federal, en forma de tequios, faenas, servicios comunitarios, cargos, comités, asambleas, en sus montos en dinero resultan una suma superior a las inversiones que realiza el Estado en nuestras comunidades a través de proyectos sociales y asistencialistas”.
El neoliberalismo de Salomón Jara
En su manifiesto, dirigido a pueblos y comunidades indígenas y a la sociedad civil, externan su preocupación frente a la política económica neoliberal del gobierno que encabeza el zapoteca Salomón Jara Cruz, y su rechazo al decreto que aprueba la Ley de Ingreso del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2024.
En primer término, enfatizan, “vulnera la seguridad jurídica de la propiedad social de las comunidades agraria, indígenas y ejidos, y el derecho inalienable consagrado en el artículo 27 de la Constitución Mexicana, y contraviene los artículos 4, 5, 6, 13, 14 del Convenio 169 de la OIT que establecen la libre determinación y la propiedad social de los territorios de los pueblos originarios que el gobierno está obligado a respetar y a aplicar plenamente”.
La Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca para el ejercicio 2024 prevé en su inciso B): Fortalecer los ingresos derivados de la Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal.
“Se propone a esa Soberanía la aprobación del Programa Certeza Jurídica de la Seguridad y Bienestar del Patrimonio, que busca incorporar a la propiedad privada los predios ejidal y comunal, beneficiando directamente a los propietarios e indirectamente a los municipios, que ven incrementado su padrón de propiedad inmobiliaria y con esto el impuesto predial que sirve de coeficiente para la distribución de participaciones federales.”
Y en su artículo 25 plantea otorgar estímulos fiscales a los beneficiarios del Programa de Certeza Jurídica de la Seguridad y Bienestar del Patrimonio, incorporando a la propiedad privada los predios ejidales y comunales que han adoptado la certificación de derechos agrario bajo la modalidad de dominio pleno y que no han regularizado su inscripción en la base catastral y ante el Instituto de la Función Registral.
El manifiesto es firmado por los ejidos de Santa Catarina Quiané, Reyes Mantecón, Trinidad Zaachila y La Guadalupe, así como por los comisariados de Bienes Comunales de Santa María Matamoros, Santa Cruz Papalutla, Santa María Chachoapam y Santa María Alotepec, Mixe.
Suscriben también las organizaciones Centro de Estudios de la Región Cuicateca; Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos (integrada por 14 comunidades y ejidos Zapotecas de los Valles Centrales de Oaxaca; Enlace Comunicación y Capacitación, Consejo Civil Mexicano Para la Silvicultura Sostenible Oaxaca, y Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos “Gobixha”.
Igualmente, Luna del Sur; Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño; Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca; Aser-Litigio &Abogados; Tequio Jurídico; Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto; Servicios para una Educación Alternativa; Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, Taller de Lectoescritura Zapoteca “Uken Ke Uken” y Servicios del Pueblo Mixe, entre otras.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
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